¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con el mismo rollo, ¿eh? Resulta que la Fiscalía General y el Poder Judicial andan más que encabronados con Hacienda porque le retuvieron la mano con unos recursos que le tocaron al Congreso para crear nuevas plazas. Ya saben, para poder combatir la creciente ola de violencia que nos está cayendo encima. Parece que alguien anda medio distraído ahí arriba.
La bronca salió a relucir durante una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde el señor Carlo Díaz, el Fiscal General, junto con Orlando Aguirre, el presidente del Poder Judicial, estaban defendiendo el presupuesto para el próximo año. Imagínense la cara de esos señores cuando le dijeron que Hacienda les jugó una macana. ¡Una pena!
Según contó Díaz, a pesar de que el Congreso aprobó los fondos para 75 nuevas plazas destinadas a fortalecer la lucha contra la violencia de género – y vaya que necesitamos eso, con femicidios casi semanales – Hacienda solo liberó el presupuesto para 22. “En este caso fue una decisión del Ministerio de Hacienda que realmente no entendemos. La violencia de género se incrementa día a día…”, exclamó Díaz, visiblemente molesto. Como dicen por acá, ¡qué torta!
Y ni hablar de lo que necesita el Ministerio Público, que según Díaz, está pidiendo desesperadamente 134 plazas de fiscales, sumado a una cantidad similar de personal técnico. Claramente, con la carga de trabajo que tienen, es imposible hacer magia. A ver cómo esperan resolver los casos si no tienen gente suficiente para atenderlos. Parece que algunos prefieren echarle la culpa a la justicia en lugar de darle las herramientas necesarias.
Pero no solo la Fiscalía está sufriendo. Rándall Zúñiga, el director del OIJ, también lanzó todas las indirectas posibles. Dijo que limitar el presupuesto en estos tiempos de escalada de violencia es como querer apagar un incendio con agua de mar. “La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una pugna entre poderes. Se va a ganar con una unión nacional, y con que los cuerpos judiciales de investigación tengan los recursos para revertir esto”, sentenció, bastante enfadado.
Todo este embrollo viene de atrás. El 16 de octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó sacar plata del pago de intereses de la deuda pública – y sí, suena raro – para fortalecer a los cuerpos policiales y judiciales. De esos ¢14.408 millones, ¢9.346 millones iban destinados al Ministerio Público y otros ¢5.062 millones al OIJ. Pero claro, Hacienda, con su manito de freno, decidió congelar todo. ¡Tremenda carga para los que andamos buscando seguridad!
Ahora, la gran pregunta es: ¿será que Hacienda simplemente olvidó el compromiso? ¿O hay alguna otra razón detrás de esta decisión? Porque, sinceramente, parece una jugarreta política barata. No es ningún secreto que siempre hay tensiones entre los diferentes poderes del Estado, pero llegar hasta el punto de afectar la capacidad de la justicia para cumplir su labor es algo inaceptable. Esto demuestra una falta de visión y de preocupación por la seguridad ciudadana, vamos.
Con todo esto, no puedo evitar preguntarme: ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar estos desatinos administrativos que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestro futuro? ¿Será que la ciudadanía debería salir a la calle a exigirle cuentas a nuestros representantes?
La bronca salió a relucir durante una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde el señor Carlo Díaz, el Fiscal General, junto con Orlando Aguirre, el presidente del Poder Judicial, estaban defendiendo el presupuesto para el próximo año. Imagínense la cara de esos señores cuando le dijeron que Hacienda les jugó una macana. ¡Una pena!
Según contó Díaz, a pesar de que el Congreso aprobó los fondos para 75 nuevas plazas destinadas a fortalecer la lucha contra la violencia de género – y vaya que necesitamos eso, con femicidios casi semanales – Hacienda solo liberó el presupuesto para 22. “En este caso fue una decisión del Ministerio de Hacienda que realmente no entendemos. La violencia de género se incrementa día a día…”, exclamó Díaz, visiblemente molesto. Como dicen por acá, ¡qué torta!
Y ni hablar de lo que necesita el Ministerio Público, que según Díaz, está pidiendo desesperadamente 134 plazas de fiscales, sumado a una cantidad similar de personal técnico. Claramente, con la carga de trabajo que tienen, es imposible hacer magia. A ver cómo esperan resolver los casos si no tienen gente suficiente para atenderlos. Parece que algunos prefieren echarle la culpa a la justicia en lugar de darle las herramientas necesarias.
Pero no solo la Fiscalía está sufriendo. Rándall Zúñiga, el director del OIJ, también lanzó todas las indirectas posibles. Dijo que limitar el presupuesto en estos tiempos de escalada de violencia es como querer apagar un incendio con agua de mar. “La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una pugna entre poderes. Se va a ganar con una unión nacional, y con que los cuerpos judiciales de investigación tengan los recursos para revertir esto”, sentenció, bastante enfadado.
Todo este embrollo viene de atrás. El 16 de octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó sacar plata del pago de intereses de la deuda pública – y sí, suena raro – para fortalecer a los cuerpos policiales y judiciales. De esos ¢14.408 millones, ¢9.346 millones iban destinados al Ministerio Público y otros ¢5.062 millones al OIJ. Pero claro, Hacienda, con su manito de freno, decidió congelar todo. ¡Tremenda carga para los que andamos buscando seguridad!
Ahora, la gran pregunta es: ¿será que Hacienda simplemente olvidó el compromiso? ¿O hay alguna otra razón detrás de esta decisión? Porque, sinceramente, parece una jugarreta política barata. No es ningún secreto que siempre hay tensiones entre los diferentes poderes del Estado, pero llegar hasta el punto de afectar la capacidad de la justicia para cumplir su labor es algo inaceptable. Esto demuestra una falta de visión y de preocupación por la seguridad ciudadana, vamos.
Con todo esto, no puedo evitar preguntarme: ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar estos desatinos administrativos que ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestro futuro? ¿Será que la ciudadanía debería salir a la calle a exigirle cuentas a nuestros representantes?
