¡Ay, Dios mío! Resulta que seguimos teniendo un problemón con las llamadas 'relaciones impropias' en Costa Rica. Según datos duros del Poder Judicial, ya son 228 personas las que han recibido sentencia por este delito desde que aprobaron la ley en 2017. ¡Una cifra considerable, eh! Pero ojo, que esto no pinta tan simple como parece.
Pa’ ponerlos en el contexto, el artículo 159 del Código Penal criminaliza las relaciones consentidas entre alguien menor de edad y un adulto, argumentando que son desiguales porque el mayor puede manipular al joven. Hay tres escenarios diferentes según la edad y el vínculo entre ellos, y las penas van dependiendo de qué tanto se haya ido al traste la inocencia del muchacho o la muchacha.
Lo que más le pega al sistema son los casos donde la víctima tiene entre 13 y 15 años y el otro es al menos cinco años mayor. Ahí es donde se concentran la mayoría de las condenas, unos 162 casos hasta ahora. Luego vienen las situaciones con vínculos familiares o de confianza, que aunque son graves, tienen menos condenas fijas: unas 28 desde 2017. Claramente, todavía hay mucho por hacer, mi gente.
Larissa Arroyo, una abogada experta en temas de género, nos dice que todavía hay una mentalidad bien arrastrada por ahí. “Parece que algunos todavía creen que esas relaciones no son tan malas, cuando en realidad son profundísimamente injustas. Y ni hablar de que los delitos sexuales no se denuncian, por el estigma y la vergüenza que sienten las víctimas. ¡Es una tortura!”, explica. Que sí, que tenemos leyes, pero si nadie quiere hablar, ¿cómo vamos a avanzar?
Y no es solo denunciar, sino sostener la denuncia durante años, con presión familiar y social encima. “Este proceso judicial puede durar siglos, afectando muchísimo a la víctima. Necesitamos profesionales que entiendan la complejidad de estos casos y sepan cómo manejarlo con cuidado y empatía,” añade Arroyo. Ojo, si la víctima tiene 12 años o menos, ya estamos hablando de violación, un delito diferente. ¡No se pueden mezclar las bolas!
Aquí viene lo curioso. En 2017, cuando entraron las nuevas leyes, hubo 2020 denuncias. Eso sí que era un relajo. Al año siguiente, la cifra casi se duplicó: 4034. Luego, en 2019, alcanzó los 4062. Pero luego... ¡boom! Absoluciones. Entre 2019 y 2020 fueron 35 absoluciones, una señal de que algo anda mal en el proceso. Joseph Rivera, un abogado penalista, nos cuenta que estos casos son difíciles desde el principio. “Hay muchos factores que influyen, y aproximadamente ocho de cada diez casos terminan desestimados.”
Rivera también apunta que, en ocasiones, los adultos manipulan a los menores para que retiren la denuncia. ¡Qué despiche! Precisamente por estos riesgos, el Código Penal endureció las penas, buscando proteger la integridad de los niños y adolescentes. Y por supuesto, la mayoría de los acusados son hombres, y la mayoría de las víctimas, mujeres. Parece que seguimos dando vueltas en círculos, tratando de resolver un problema que tiene raíces muy profundas en nuestra sociedad. Una pena...
Entonces, mi pregunta para ustedes, mis queridos lectores del Foro: ¿Realmente nuestras leyes son suficientes para proteger a nuestros jóvenes de estas situaciones, o necesitamos ir más allá y abordar las causas culturales que perpetúan esta problemática? ¿Qué otras medidas creen que podríamos tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños y adolescentes?
Pa’ ponerlos en el contexto, el artículo 159 del Código Penal criminaliza las relaciones consentidas entre alguien menor de edad y un adulto, argumentando que son desiguales porque el mayor puede manipular al joven. Hay tres escenarios diferentes según la edad y el vínculo entre ellos, y las penas van dependiendo de qué tanto se haya ido al traste la inocencia del muchacho o la muchacha.
Lo que más le pega al sistema son los casos donde la víctima tiene entre 13 y 15 años y el otro es al menos cinco años mayor. Ahí es donde se concentran la mayoría de las condenas, unos 162 casos hasta ahora. Luego vienen las situaciones con vínculos familiares o de confianza, que aunque son graves, tienen menos condenas fijas: unas 28 desde 2017. Claramente, todavía hay mucho por hacer, mi gente.
Larissa Arroyo, una abogada experta en temas de género, nos dice que todavía hay una mentalidad bien arrastrada por ahí. “Parece que algunos todavía creen que esas relaciones no son tan malas, cuando en realidad son profundísimamente injustas. Y ni hablar de que los delitos sexuales no se denuncian, por el estigma y la vergüenza que sienten las víctimas. ¡Es una tortura!”, explica. Que sí, que tenemos leyes, pero si nadie quiere hablar, ¿cómo vamos a avanzar?
Y no es solo denunciar, sino sostener la denuncia durante años, con presión familiar y social encima. “Este proceso judicial puede durar siglos, afectando muchísimo a la víctima. Necesitamos profesionales que entiendan la complejidad de estos casos y sepan cómo manejarlo con cuidado y empatía,” añade Arroyo. Ojo, si la víctima tiene 12 años o menos, ya estamos hablando de violación, un delito diferente. ¡No se pueden mezclar las bolas!
Aquí viene lo curioso. En 2017, cuando entraron las nuevas leyes, hubo 2020 denuncias. Eso sí que era un relajo. Al año siguiente, la cifra casi se duplicó: 4034. Luego, en 2019, alcanzó los 4062. Pero luego... ¡boom! Absoluciones. Entre 2019 y 2020 fueron 35 absoluciones, una señal de que algo anda mal en el proceso. Joseph Rivera, un abogado penalista, nos cuenta que estos casos son difíciles desde el principio. “Hay muchos factores que influyen, y aproximadamente ocho de cada diez casos terminan desestimados.”
Rivera también apunta que, en ocasiones, los adultos manipulan a los menores para que retiren la denuncia. ¡Qué despiche! Precisamente por estos riesgos, el Código Penal endureció las penas, buscando proteger la integridad de los niños y adolescentes. Y por supuesto, la mayoría de los acusados son hombres, y la mayoría de las víctimas, mujeres. Parece que seguimos dando vueltas en círculos, tratando de resolver un problema que tiene raíces muy profundas en nuestra sociedad. Una pena...
Entonces, mi pregunta para ustedes, mis queridos lectores del Foro: ¿Realmente nuestras leyes son suficientes para proteger a nuestros jóvenes de estas situaciones, o necesitamos ir más allá y abordar las causas culturales que perpetúan esta problemática? ¿Qué otras medidas creen que podríamos tomar para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños y adolescentes?
