¡Mae, qué despiche se armó! Cuando uno piensa que la semana va a terminar tranquila, ¡pum! Salta la noticia que pone a todo el mundo a hablar. Parece que en Zapote la cosa se puso color de hormiga, porque un montón de sindicatos, de esos pesos pesados, se fueron directito a la Sala Constitucional a meterle un recurso de amparo nada más y nada menos que al presi Chaves y a todo el Consejo de Gobierno. La vara es que no están para nada contentos con la destitución de Marta Rodríguez, quien era la representante de los trabajadores en la Junta Directiva de nuestra querida Caja. Esto no es un simple reclamo, es un manazo legal que busca ponerle un freno al Ejecutivo, y ahora toda la atención se centra en lo que decidan los magistrados.
Vamos al grano para entender el enredo. El pasado 4 de agosto, el Gobierno decidió, sin mucho aspaviento, quitar a doña Marta de su puesto. Para los sindicatos, esta movida no fue una simple decisión administrativa; la califican de “arbitraria” y de ser una “grave violación al orden constitucional”. En tico simple y puro: sienten que el Gobierno se jaló una torta monumental y que lo hizo porque le dio la gana, pasándose por la faja la autonomía de la Caja. Este es el punto que más les duele. La autonomía de la CCSS es como el gallo pinto del desayuno, mae: es sagrada y no se toca. Los sindicatos argumentan que el Ejecutivo no tiene por qué meter la cuchara en cómo se eligen o se quitan los representantes de los sectores, porque eso debilita a una de las instituciones más importantes que tenemos.
Y para echarle más leña al fuego, Lenin Hernández, el secretario general de Sinae-Afines, salió a decir que esta no es la primera vez que el Gobierno hace una gracia de estas. Según él, ya la Sala IV les había jalado el aire en ocasiones anteriores por situaciones parecidas, por lo que esto sería un caso de “reincidencia y desacato constitucional”. O sea, que no solo están cometiendo el error, sino que lo están repitiendo a sabiendas de que ya les habían dicho que no se podía. Hernández lo dijo clarito: esto es un intento de intervenir la Caja y debilitar la seguridad social, que al final del día es la que nos cuida la salud y la pensión a todos nosotros. La acusación es fuertísima y pone al Gobierno en una posición bastante incómoda.
Entonces, ¿qué es lo que piden con este recurso? No se andan por las ramas. Primero, que se anule por completo el acuerdo que destituyó a doña Marta; es decir, que hagan como si esa decisión nunca hubiera existido. Segundo, que la restituyan en su cargo de forma inmediata, que la devuelvan a su silla en la Directiva pero ¡ya! Y tercero, y quizás lo más interesante, piden una “orden de no repetición”. Básicamente, le están pidiendo a la Sala IV que le ponga una especie de orden de alejamiento al Gobierno para que no vuelva a intentar una jugada similar en el futuro. Quieren blindar el proceso para que este novelón no se repita cada vez que un representante no le caiga bien al poder de turno.
Diay, maes, ahora la bola está en la cancha de la Sala IV. Este no es un pleito menor; es un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y un bloque sindical enorme que defiende lo que consideran el último bastión de la autonomía institucional. Por un lado, el Gobierno seguramente argumentará que tiene la potestad para tomar estas decisiones; por el otro, los sindicatos defienden con uñas y dientes un modelo que ha funcionado por décadas. La pregunta que queda en el aire es si los magistrados verán esto como un abuso de poder o como una acción legítima del Gobierno. La resolución de este recurso podría sentar un precedente importantísimo para el futuro de la Caja y de su independencia.
Aquí les dejo la pregunta para que se arme el debate en el foro: ¿Creen ustedes que la Sala IV le va a dar la razón a los sindicatos y le jalará el aire al Gobierno, o consideran que esta vez el plan del Ejecutivo no se irá al traste? ¡Los leo!
Vamos al grano para entender el enredo. El pasado 4 de agosto, el Gobierno decidió, sin mucho aspaviento, quitar a doña Marta de su puesto. Para los sindicatos, esta movida no fue una simple decisión administrativa; la califican de “arbitraria” y de ser una “grave violación al orden constitucional”. En tico simple y puro: sienten que el Gobierno se jaló una torta monumental y que lo hizo porque le dio la gana, pasándose por la faja la autonomía de la Caja. Este es el punto que más les duele. La autonomía de la CCSS es como el gallo pinto del desayuno, mae: es sagrada y no se toca. Los sindicatos argumentan que el Ejecutivo no tiene por qué meter la cuchara en cómo se eligen o se quitan los representantes de los sectores, porque eso debilita a una de las instituciones más importantes que tenemos.
Y para echarle más leña al fuego, Lenin Hernández, el secretario general de Sinae-Afines, salió a decir que esta no es la primera vez que el Gobierno hace una gracia de estas. Según él, ya la Sala IV les había jalado el aire en ocasiones anteriores por situaciones parecidas, por lo que esto sería un caso de “reincidencia y desacato constitucional”. O sea, que no solo están cometiendo el error, sino que lo están repitiendo a sabiendas de que ya les habían dicho que no se podía. Hernández lo dijo clarito: esto es un intento de intervenir la Caja y debilitar la seguridad social, que al final del día es la que nos cuida la salud y la pensión a todos nosotros. La acusación es fuertísima y pone al Gobierno en una posición bastante incómoda.
Entonces, ¿qué es lo que piden con este recurso? No se andan por las ramas. Primero, que se anule por completo el acuerdo que destituyó a doña Marta; es decir, que hagan como si esa decisión nunca hubiera existido. Segundo, que la restituyan en su cargo de forma inmediata, que la devuelvan a su silla en la Directiva pero ¡ya! Y tercero, y quizás lo más interesante, piden una “orden de no repetición”. Básicamente, le están pidiendo a la Sala IV que le ponga una especie de orden de alejamiento al Gobierno para que no vuelva a intentar una jugada similar en el futuro. Quieren blindar el proceso para que este novelón no se repita cada vez que un representante no le caiga bien al poder de turno.
Diay, maes, ahora la bola está en la cancha de la Sala IV. Este no es un pleito menor; es un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y un bloque sindical enorme que defiende lo que consideran el último bastión de la autonomía institucional. Por un lado, el Gobierno seguramente argumentará que tiene la potestad para tomar estas decisiones; por el otro, los sindicatos defienden con uñas y dientes un modelo que ha funcionado por décadas. La pregunta que queda en el aire es si los magistrados verán esto como un abuso de poder o como una acción legítima del Gobierno. La resolución de este recurso podría sentar un precedente importantísimo para el futuro de la Caja y de su independencia.
Aquí les dejo la pregunta para que se arme el debate en el foro: ¿Creen ustedes que la Sala IV le va a dar la razón a los sindicatos y le jalará el aire al Gobierno, o consideran que esta vez el plan del Ejecutivo no se irá al traste? ¡Los leo!
