A ver, mae, hay noticias que uno lee y simplemente piensa: "no puede ser". Esta es una de esas. Imagínese la escena: más de 400 güilas de la Escuela La Laguna, allá en Paraíso de Cartago, llevan meses sin el servicio de comedor. No estamos hablando de un lujo, estamos hablando del plato de comida que para muchos es el más importante del día. ¿La razón? Un despiche monumental de burocracia, negligencia y pasarse la bola que tuvo que llegar hasta la mismísima Sala Constitucional para que alguien, finalmente, hiciera algo. Es de esas varas que le revuelven a uno el estómago y lo hacen preguntarse en qué estamos.
El asunto no es nuevo, que es lo más triste. Desde 2021 los papás venían pegando el grito al cielo. Que los tanques sépticos estaban para el tigre, que los drenajes eran un desastre... lo básico para que un lugar funcione, ¿verdad? Pues parece que no. La cosa se puso tan fea que en 2024 el Ministerio de Salud, como era de esperarse, llegó y le puso el sello de clausura al comedor. Y ahí fue donde la torta se terminó de quemar. En lugar de correr a solucionar el problema, las autoridades se sentaron a ver qué pasaba. Los papás, ya desesperados, tuvieron que cerrar la escuela dos veces para que les pararan bola, pero ni así.
Aquí es donde la historia se pone todavía más densa. ¿De quién es la culpa? Según el MEP, la Junta de Educación no había presentado los papeles para que les soltaran la plata. Por otro lado, los padres de familia acusan a la presidenta de la Junta de una inoperancia total; ni se aparecía, ni dejaba que otros hicieran el brete, provocando que varios miembros renunciaran y todo quedara paralizado. O sea, un círculo vicioso de ineficiencia donde los únicos que pierden son los chiquitos. Primero les dieron unos paquetes de comida del PANEA para la casa, pero diay, hasta eso se acabó. Dejaron a los güilas literalmente guindando.
Es que es increíble que se tenga que meter la Sala IV para resolver algo tan fundamental como garantizarle un plato de comida a un estudiante. El fallo es clarísimo y, la verdad, es un jalón de aire en toda regla para un montón de gente con nombre y apellido, desde la exministra hasta la directora y la presidenta de la Junta. Les dieron seis meses, SEIS, para que el comedor esté rehabilitado y funcionando en condiciones seguras. Y lo más importante: ordenaron que de forma inmediata se implementen medidas para que los niños coman. ¡Ya era hora! Hasta les advirtieron que si no cumplen, se pueden exponer a multas o hasta cárcel. A veces parece que solo bajo amenaza se mueven las cosas en este país.
Al final, esta historia deja un sabor amarguísimo. Es una victoria para los papás de La Laguna, que se la jugaron y no se rindieron, pero también es una prueba contundente de que el sistema a veces falla de la manera más cruel. Tuvieron que pasar años de quejas, cierres y recursos legales para que 400 niños recuperen un derecho básico. Esto no debería ser una hazaña, debería ser la norma. Ahora la pregunta queda en el aire para todos nosotros en el foro: Más allá de este caso, ¿creen que esto es un síntoma de un problema más grande en el MEP y en las Juntas de Educación? ¿Cuántos otros comedores estarán así, a un paso del colapso, mientras se pasan la bola?
El asunto no es nuevo, que es lo más triste. Desde 2021 los papás venían pegando el grito al cielo. Que los tanques sépticos estaban para el tigre, que los drenajes eran un desastre... lo básico para que un lugar funcione, ¿verdad? Pues parece que no. La cosa se puso tan fea que en 2024 el Ministerio de Salud, como era de esperarse, llegó y le puso el sello de clausura al comedor. Y ahí fue donde la torta se terminó de quemar. En lugar de correr a solucionar el problema, las autoridades se sentaron a ver qué pasaba. Los papás, ya desesperados, tuvieron que cerrar la escuela dos veces para que les pararan bola, pero ni así.
Aquí es donde la historia se pone todavía más densa. ¿De quién es la culpa? Según el MEP, la Junta de Educación no había presentado los papeles para que les soltaran la plata. Por otro lado, los padres de familia acusan a la presidenta de la Junta de una inoperancia total; ni se aparecía, ni dejaba que otros hicieran el brete, provocando que varios miembros renunciaran y todo quedara paralizado. O sea, un círculo vicioso de ineficiencia donde los únicos que pierden son los chiquitos. Primero les dieron unos paquetes de comida del PANEA para la casa, pero diay, hasta eso se acabó. Dejaron a los güilas literalmente guindando.
Es que es increíble que se tenga que meter la Sala IV para resolver algo tan fundamental como garantizarle un plato de comida a un estudiante. El fallo es clarísimo y, la verdad, es un jalón de aire en toda regla para un montón de gente con nombre y apellido, desde la exministra hasta la directora y la presidenta de la Junta. Les dieron seis meses, SEIS, para que el comedor esté rehabilitado y funcionando en condiciones seguras. Y lo más importante: ordenaron que de forma inmediata se implementen medidas para que los niños coman. ¡Ya era hora! Hasta les advirtieron que si no cumplen, se pueden exponer a multas o hasta cárcel. A veces parece que solo bajo amenaza se mueven las cosas en este país.
Al final, esta historia deja un sabor amarguísimo. Es una victoria para los papás de La Laguna, que se la jugaron y no se rindieron, pero también es una prueba contundente de que el sistema a veces falla de la manera más cruel. Tuvieron que pasar años de quejas, cierres y recursos legales para que 400 niños recuperen un derecho básico. Esto no debería ser una hazaña, debería ser la norma. Ahora la pregunta queda en el aire para todos nosotros en el foro: Más allá de este caso, ¿creen que esto es un síntoma de un problema más grande en el MEP y en las Juntas de Educación? ¿Cuántos otros comedores estarán así, a un paso del colapso, mientras se pasan la bola?
