El escándalo del financiamiento ilícito en la campaña presidencial del 2002 confirió un sentido de urgencia a las reformas necesarias para regular las contribuciones políticas. Un defecto en la redacción del Código Electoral impidió sancionar las anomalías reveladas por La Nación y sumió al país en un limbo jurídico del cual todavía no logra escapar.
Ya pasó una campaña presidencial y estamos a las puertas de otra sin reglas claras en esta sensible materia. El cambio no es para tanto, porque basta la rectificación del artículo defectuoso, pero los diputados prefirieron tramitarlo en el marco de una reforma electoral mucho más ambiciosa y polémica, planteada inicialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones.
Para que en esta materia haya ley, ni siquiera es necesario replantear las reglas generales existentes, pero enhorabuena si los legisladores aprovechan para promover un sistema más transparente, que permita a las personas físicas nacionales contribuir sin limitaciones de monto y con estricto apego a normas diseñadas para garantizar la transparencia.
El secreto, la injerencia extranjera, el ingreso de fondos mal habidos, los testaferros y otros subterfugios legales, como el disfraz de las contribuciones con la intervención de personas jurídicas, son los verdaderos males del sistema y no la suma en dinero o especie que un ciudadano esté dispuesto a contribuir, abiertamente, para ayudar al partido de su preferencia.
La erradicación de los males y la transparencia de las contribuciones lícitas deben tener el respaldo de un riguroso régimen de sanciones, libre de los defectos que impiden aplicar la normativa actual. En esos términos está planteada la parte correspondiente del proyecto de reforma. El planteamiento goza de amplia aceptación, pero su aprobación a tiempo para regir el próximo proceso electoral es dudosa, a cuenta de las ambiciones de una reforma más integral.
La polémica está centrada en aspectos totalmente ajenos al financiamiento político, que debió ser siempre el punto de partida, a tenor de las graves consecuencias del vacío legal descubierto después de los comicios del 2002.
El proyecto incluye la exigencia de integrar las listas de candidatos con estricta paridad de género, alternando en los puestos a un hombre y una mujer, o viceversa, para que a nadie se le ocurra enviar las candidaturas femeninas al fondo de la lista, cumpliendo así las cuotas vigentes, pero no el propósito de incrementar la participación de las mujeres.
La rigidez del esquema limita de manera excesiva el radio de acción y autonomía de los partidos políticos y el derecho de los electores, forzando la corrección de un problema que se viene rectificando con el tiempo y ayuda del sistema de cuotas ya existente. Terminada la votación del 2006, las mujeres ocupaban 22 curules en el Congreso y los hombres 35. Siete puestos más habrían dado a las mujeres una mayoría que en el futuro podría perfectamente ocurrir sin necesidad de mecanismos excesivos y artificiales, sobre todo hoy que una mujer tiene, por primera vez, la posibilidad real de acceder a la Presidencia.
También es polémica la prohibición de la doble postulación para Presidente y diputado. Existen argumentos casuísticos para impulsar la medida, pero no es así como se debe legislar. La doble postulación permite que el liderazgo de un partido se haga representar directamente en el Congreso, confiriendo coherencia a las fracciones resultantes y abriendo oportunidades de eficacia y agilidad a los procesos de negociación.
El proyecto también incorpora nuevas limitaciones a la publicación de encuestas sin argumento científico alguno que las respalde. En consecuencia, el país queda expuesto al reproche de una seria limitación al derecho humano fundamental de la libertad de expresión.
Así como en el proyecto sobran las disposiciones polémicas, algunas de las cuales no viene al caso reseñar en este momento, también faltan elementos deseables, como el voto preferencial que permitiría a los votantes individualizar mejor su escogencia de diputados, siempre en el marco de las listas propuestas por los partidos. En todos los puntos enunciados, el debate es legítimo, pero es en el punto del financiamiento donde existe urgencia. Es una pena que el país se dé el lujo de ser, en esta materia, una tierra sin ley.
