Maes, prepárense para el dolor de billetera colectivo porque la noticia que les traigo hoy es para sentarse a llorar o a reírse por no llorar. Resulta que el Estado, o sea, usted y yo con nuestros impuestos, acaba de ser condenado a pagarle la módica suma de ¢18.196 millones a Riteve. ¡Dieciocho mil millones de colones! Y no, no es por una expropiación para una carretera nueva ni para comprar equipo de última tecnología. Es, simple y sencillamente, porque a alguien en el MOPT se le olvidó hacer su brete en el 2016. ¡Qué despiche monumental!
Vamos por partes, como diría el patólogo. La vara es que el Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón a Riteve en una demanda que tenían pegada desde hace años. ¿El motivo del pleito? Un ajuste a las tarifas de la revisión técnica que nunca se hizo en 2016. Según el contrato, el MOPT tenía que publicar una metodología de ajuste de precios en La Gaceta cada año. Un trámite, un papel, una publicación. Pues, en 2016, parece que el documento se quedó en una gaveta juntando polvo. El MOPT, en su infinita sabiduría administrativa, se jaló la torta de no publicarlo y, por ende, las tarifas quedaron congeladas. Riteve, que no es ninguna hermana de la caridad, sacó la calculadora y dijo: "Diay, por ese 'pequeño' olvido, dejamos de percibir un platal". Y ahora, un juez les está dando la razón.
Hagamos una pausa para dimensionar el número. Son ¢18.196 millones. ¿Saben cuántas cosas se pueden hacer con esa plata? Podríamos arreglar un montón de calles hechas leña, construir varios EBAIS que urgen o hasta becar a miles de estudiantes. Pero no, esa plata se va a ir directamente a las arcas de una empresa privada por un error administrativo que roza lo absurdo. Es el equivalente a que a usted se le olvide pagar el recibo del agua y, en lugar de un recargo, le llegue una factura por el valor de su casa. Así de desproporcionado suena, y lo peor es que es real.
Ahora, para ser justos y precisos con la información, hay que aclarar un punto clave. Según la abogada de Riteve, Viviana Delgado, la sentencia está en "primera instancia". Esto significa que el partido no ha terminado. El Estado todavía puede apelar la decisión, patear la bola y llevar el caso a una segunda ronda. O sea, el cheque no se ha firmado todavía. La condenatoria no está en firme, pero mae, el hecho de que un tribunal ya haya dicho "sí, el MOPT metió las de andar y tiene que pagar" es un precedente que asusta. Salados nosotros, que al final de la cadena, somos los que terminamos pagando estos platos rotos.
Y para echarle más sal a la herida, hay otro detallito en la sentencia. No solo se condenó al Estado a pagar la millonada, sino que también nos toca pagarle las costas del proceso a Riteve. O sea, pagamos por el error y también pagamos el abogado que usaron para cobrarnos por el error. ¡Un negociazo! Curiosamente, la Aresep, que uno pensaría que tiene vela en este entierro, salió limpiecita y sin condena. El Tribunal apuntó el dedo acusador directamente al MOPT, dejando claro quién fue el que se durmió en los laureles.
Al final del día, toda esta vara nos deja un sabor amarguísimo. Es la prueba reina de cómo la ineficiencia y la burocracia nos salen carísimas. No fue un desastre natural, no fue una crisis económica mundial; fue un trámite que no se hizo. Un fallo humano, o de sistema, que ahora tiene un precio de 11 cifras. La gran pregunta que queda en el aire y que les lanzo a ustedes en el foro es: más allá del despiche legal y la apelación que viene, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién responde con nombre y apellido por estos errores garrafales que nos cuestan una millonada a todos? Los leo.
Vamos por partes, como diría el patólogo. La vara es que el Tribunal Contencioso Administrativo le dio la razón a Riteve en una demanda que tenían pegada desde hace años. ¿El motivo del pleito? Un ajuste a las tarifas de la revisión técnica que nunca se hizo en 2016. Según el contrato, el MOPT tenía que publicar una metodología de ajuste de precios en La Gaceta cada año. Un trámite, un papel, una publicación. Pues, en 2016, parece que el documento se quedó en una gaveta juntando polvo. El MOPT, en su infinita sabiduría administrativa, se jaló la torta de no publicarlo y, por ende, las tarifas quedaron congeladas. Riteve, que no es ninguna hermana de la caridad, sacó la calculadora y dijo: "Diay, por ese 'pequeño' olvido, dejamos de percibir un platal". Y ahora, un juez les está dando la razón.
Hagamos una pausa para dimensionar el número. Son ¢18.196 millones. ¿Saben cuántas cosas se pueden hacer con esa plata? Podríamos arreglar un montón de calles hechas leña, construir varios EBAIS que urgen o hasta becar a miles de estudiantes. Pero no, esa plata se va a ir directamente a las arcas de una empresa privada por un error administrativo que roza lo absurdo. Es el equivalente a que a usted se le olvide pagar el recibo del agua y, en lugar de un recargo, le llegue una factura por el valor de su casa. Así de desproporcionado suena, y lo peor es que es real.
Ahora, para ser justos y precisos con la información, hay que aclarar un punto clave. Según la abogada de Riteve, Viviana Delgado, la sentencia está en "primera instancia". Esto significa que el partido no ha terminado. El Estado todavía puede apelar la decisión, patear la bola y llevar el caso a una segunda ronda. O sea, el cheque no se ha firmado todavía. La condenatoria no está en firme, pero mae, el hecho de que un tribunal ya haya dicho "sí, el MOPT metió las de andar y tiene que pagar" es un precedente que asusta. Salados nosotros, que al final de la cadena, somos los que terminamos pagando estos platos rotos.
Y para echarle más sal a la herida, hay otro detallito en la sentencia. No solo se condenó al Estado a pagar la millonada, sino que también nos toca pagarle las costas del proceso a Riteve. O sea, pagamos por el error y también pagamos el abogado que usaron para cobrarnos por el error. ¡Un negociazo! Curiosamente, la Aresep, que uno pensaría que tiene vela en este entierro, salió limpiecita y sin condena. El Tribunal apuntó el dedo acusador directamente al MOPT, dejando claro quién fue el que se durmió en los laureles.
Al final del día, toda esta vara nos deja un sabor amarguísimo. Es la prueba reina de cómo la ineficiencia y la burocracia nos salen carísimas. No fue un desastre natural, no fue una crisis económica mundial; fue un trámite que no se hizo. Un fallo humano, o de sistema, que ahora tiene un precio de 11 cifras. La gran pregunta que queda en el aire y que les lanzo a ustedes en el foro es: más allá del despiche legal y la apelación que viene, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién responde con nombre y apellido por estos errores garrafales que nos cuestan una millonada a todos? Los leo.
