Diay maes, ¿vieron la noticia? “Aumento de 200 mil millones para el MEP”. Suena muy tuanis, ¿verdad? Uno lee eso y casi que se imagina escuelas nuevas, profes a cachete y chiquillos comiendo bien. Pero, como casi siempre en este país, una cosa es el titular y otra muy distinta es la realidad. Y la realidad, para no andarnos con rodeos, es que con la educación pública nos están dando atolillo con el dedo, y del puro y espeso. La vara es que ese “aumento” es un espejismo que no nos acerca ni por asomo al 8% del PIB que la Constitución exige. De hecho, nos deja en un raquítico 5,6%. ¡Qué torta!
El despiche es de tal nivel que los cargas del Décimo Informe del Estado de la Educación tuvieron que salir a poner los puntos sobre las íes. Lo que ellos dicen es de puro sentido común, pero parece que en Zapote necesitan un mapa: no se trata de meterle más harina al MEP a lo loco para que se la gasten en chereques inútiles. Se necesita un plan, una hoja de ruta. Hablan de tres varas claves: primero, decisión política de verdad, no de dientes para afuera, para buscar la plata de forma sostenible. Segundo, reformas para que el MEP deje de ser ese monstruo burocrático e ineficiente que todos conocemos. Y tercero, un plan a varios años con metas claras para que sepamos en qué se gasta cada colón.
Y es que el famoso 8% no es un número que un diputado se sacó de la manga. Tiene una base técnica sólida. Los investigadores hicieron el brete y lo desglosaron: solo para que todos los güilas de primaria tengan el currículo completo (con profes de música, inglés, compu y todo el asunto) y para arreglar las cientos de escuelas que tienen órdenes sanitarias, se necesita casi un 3% del PIB. ¡Casi un 3% solo para empezar a ponernos al día! A eso súmele la plata para comedores, para las becas Avancemos, para las bibliotecas... Mae, el número no es un capricho, es una necesidad urgente para no dejar que el sistema educativo se nos vaya al traste por completo.
Aquí es donde la cosa se pone más densa. El argumento de siempre es la famosa regla fiscal. Pero como bien dice Isabel Román, una de las coordinadoras del informe, es paradójico que le estemos dando más pelota a una ley de menor rango que a la mismísima Constitución Política. Peor aún, los recortes no vienen solo por la regla fiscal; vienen de “decisiones políticas” directas. Pasamos de cumplir casi el 94% del mandato en 2017 a un triste 61% en 2025. En plata real, el presupuesto del MEP se ha encogido un 15% desde 2018. Esto no es un ajuste, es una amputación en toda regla.
Al final, como dice el investigador Andrés Fernández, esto es una “renuncia al papel estratégico de la educación”. Estamos decidiendo, como país, que formar a las futuras generaciones ya no es prioridad. Le estamos apostando a un futuro con más brechas, menos talento y menos equidad. Y ese “aumento” del que hablan es, en el mejor de los casos, una curita para una herida de bala. Entonces, la pregunta que queda en el aire es seria, maes: ¿vamos a seguir aplaudiendo estos anuncios que son puro humo mientras la educación pública se cae a pedazos, o vamos a empezar a exigir que se cumpla la ley y se invierta de verdad en el futuro de Costa Rica?
El despiche es de tal nivel que los cargas del Décimo Informe del Estado de la Educación tuvieron que salir a poner los puntos sobre las íes. Lo que ellos dicen es de puro sentido común, pero parece que en Zapote necesitan un mapa: no se trata de meterle más harina al MEP a lo loco para que se la gasten en chereques inútiles. Se necesita un plan, una hoja de ruta. Hablan de tres varas claves: primero, decisión política de verdad, no de dientes para afuera, para buscar la plata de forma sostenible. Segundo, reformas para que el MEP deje de ser ese monstruo burocrático e ineficiente que todos conocemos. Y tercero, un plan a varios años con metas claras para que sepamos en qué se gasta cada colón.
Y es que el famoso 8% no es un número que un diputado se sacó de la manga. Tiene una base técnica sólida. Los investigadores hicieron el brete y lo desglosaron: solo para que todos los güilas de primaria tengan el currículo completo (con profes de música, inglés, compu y todo el asunto) y para arreglar las cientos de escuelas que tienen órdenes sanitarias, se necesita casi un 3% del PIB. ¡Casi un 3% solo para empezar a ponernos al día! A eso súmele la plata para comedores, para las becas Avancemos, para las bibliotecas... Mae, el número no es un capricho, es una necesidad urgente para no dejar que el sistema educativo se nos vaya al traste por completo.
Aquí es donde la cosa se pone más densa. El argumento de siempre es la famosa regla fiscal. Pero como bien dice Isabel Román, una de las coordinadoras del informe, es paradójico que le estemos dando más pelota a una ley de menor rango que a la mismísima Constitución Política. Peor aún, los recortes no vienen solo por la regla fiscal; vienen de “decisiones políticas” directas. Pasamos de cumplir casi el 94% del mandato en 2017 a un triste 61% en 2025. En plata real, el presupuesto del MEP se ha encogido un 15% desde 2018. Esto no es un ajuste, es una amputación en toda regla.
Al final, como dice el investigador Andrés Fernández, esto es una “renuncia al papel estratégico de la educación”. Estamos decidiendo, como país, que formar a las futuras generaciones ya no es prioridad. Le estamos apostando a un futuro con más brechas, menos talento y menos equidad. Y ese “aumento” del que hablan es, en el mejor de los casos, una curita para una herida de bala. Entonces, la pregunta que queda en el aire es seria, maes: ¿vamos a seguir aplaudiendo estos anuncios que son puro humo mientras la educación pública se cae a pedazos, o vamos a empezar a exigir que se cumpla la ley y se invierta de verdad en el futuro de Costa Rica?
