Maes, justo cuando uno cree que la novela del "Caso Barrenador" no se puede poner más densa, la trama da un giro digno de Netflix. Esta mañana, nos desayunamos la noticia de que el OIJ anda de nuevo de gira por las oficinas de la Caja, pero esta vez el chisme es todavía más jugoso: están investigando un supuesto sabotaje informático. Así como lo oyen. Aparentemente, no bastaba con el enredo de los contratos millonarios; ahora parece que alguien se jaló la torta de reactivar un correo electrónico que debía estar más bloqueado que la platina en hora pico para, presuntamente, borrar evidencia clave. ¡Qué nivel de trama!
La vara es así, para ponerla en sencillo: después de los primeros allanamientos del caso en setiembre, se supone que la cuenta de un funcionario de apellido Herrera quedó congelada. Diay, lo normal en una investigación de este calibre. El problema es que, según el OIJ, la cuenta mágica y misteriosamente volvió a la vida. La sospecha es que varios funcionarios del propio Centro de Gestión de Informática de la Caja le hicieron el favorcito a este mae, permitiéndole entrar de nuevo para eliminar información "de interés". O sea, en medio de la investigación más mediática del año en la institución, a alguien le pareció una idea genial abrirle la puerta trasera al sistema para limpiar el disco duro. ¡Qué despiche, en serio! Por ahora, el OIJ dice que no va a detener a nadie, que solo andan recogiendo cuanto chunche electrónico encuentren para ver qué pescan.
Y para los que ya se perdieron entre tanto capítulo, recordemos de qué va el brete principal del "Caso Barrenador". La Fiscalía cree que los altos mandos de la CCSS, incluyendo a su presidenta Marta Esquivel, movieron los hilos para anular un proceso de compra que ya estaba listo y montar uno nuevo, hecho a la medida para favorecer a ciertas cooperativas que administran 138 Ebais. El detalle "simpático" es que estas nuevas condiciones habrían significado un gasto extra para la Caja de más de 12.400 millones de colones al año. Un vuelto, ¿verdad? Un incremento brutal que, según el Ministerio Público, no tenía justificación técnica y que nos habría costado un ojo de la cara a todos los asegurados.
Mientras tanto, ¿qué es de la vida de los altos mandos señalados? Pues siguen en la banca. A finales del año pasado, un Tribunal rechazó las apelaciones y dejó en firme las medidas cautelares. Esto significa que doña Marta Esquivel, la gerente general y otros tres directivos seguirán suspendidos de sus cargos por seis meses, hasta abril de 2025. Y para que la cosa duela más, la misma CCSS confirmó que durante ese tiempo no verán ni un cinco de salario. Se mantienen, eso sí, las otras medidas: no pueden acercarse a testigos ni meter la cuchara de ninguna forma en la licitación que se investiga. La defensa alegó hasta el cansancio, pero los jueces no les dieron la razón.
Al final del día, la cosa se pone más enredada y la confianza en una de las instituciones más queridas del país se sigue desmoronando. Ya no es solo una discusión sobre si un contrato era bueno o malo; ahora es una investigación sobre si hubo gente adentro tratando de borrar las huellas del supuesto delito. La Caja, por su parte, saca el comunicado de siempre, diciendo que "colaboran plenamente", pero la procesión va por dentro. La pregunta que queda en el aire es si esto es la punta del iceberg o si simplemente estamos viendo el mismo desorden de siempre, pero con lupa judicial.
Pero bueno, maes, ahora les toca a ustedes. Más allá del circo judicial, ¿qué creen que significa todo esto para el futuro de la Caja? ¿Es un caso aislado de unos cuantos que se mandaron feo o el síntoma de algo mucho más podrido por dentro? ¿Todavía le tienen fe a la institución o sienten que ya esta vara se fue al traste?
La vara es así, para ponerla en sencillo: después de los primeros allanamientos del caso en setiembre, se supone que la cuenta de un funcionario de apellido Herrera quedó congelada. Diay, lo normal en una investigación de este calibre. El problema es que, según el OIJ, la cuenta mágica y misteriosamente volvió a la vida. La sospecha es que varios funcionarios del propio Centro de Gestión de Informática de la Caja le hicieron el favorcito a este mae, permitiéndole entrar de nuevo para eliminar información "de interés". O sea, en medio de la investigación más mediática del año en la institución, a alguien le pareció una idea genial abrirle la puerta trasera al sistema para limpiar el disco duro. ¡Qué despiche, en serio! Por ahora, el OIJ dice que no va a detener a nadie, que solo andan recogiendo cuanto chunche electrónico encuentren para ver qué pescan.
Y para los que ya se perdieron entre tanto capítulo, recordemos de qué va el brete principal del "Caso Barrenador". La Fiscalía cree que los altos mandos de la CCSS, incluyendo a su presidenta Marta Esquivel, movieron los hilos para anular un proceso de compra que ya estaba listo y montar uno nuevo, hecho a la medida para favorecer a ciertas cooperativas que administran 138 Ebais. El detalle "simpático" es que estas nuevas condiciones habrían significado un gasto extra para la Caja de más de 12.400 millones de colones al año. Un vuelto, ¿verdad? Un incremento brutal que, según el Ministerio Público, no tenía justificación técnica y que nos habría costado un ojo de la cara a todos los asegurados.
Mientras tanto, ¿qué es de la vida de los altos mandos señalados? Pues siguen en la banca. A finales del año pasado, un Tribunal rechazó las apelaciones y dejó en firme las medidas cautelares. Esto significa que doña Marta Esquivel, la gerente general y otros tres directivos seguirán suspendidos de sus cargos por seis meses, hasta abril de 2025. Y para que la cosa duela más, la misma CCSS confirmó que durante ese tiempo no verán ni un cinco de salario. Se mantienen, eso sí, las otras medidas: no pueden acercarse a testigos ni meter la cuchara de ninguna forma en la licitación que se investiga. La defensa alegó hasta el cansancio, pero los jueces no les dieron la razón.
Al final del día, la cosa se pone más enredada y la confianza en una de las instituciones más queridas del país se sigue desmoronando. Ya no es solo una discusión sobre si un contrato era bueno o malo; ahora es una investigación sobre si hubo gente adentro tratando de borrar las huellas del supuesto delito. La Caja, por su parte, saca el comunicado de siempre, diciendo que "colaboran plenamente", pero la procesión va por dentro. La pregunta que queda en el aire es si esto es la punta del iceberg o si simplemente estamos viendo el mismo desorden de siempre, pero con lupa judicial.
Pero bueno, maes, ahora les toca a ustedes. Más allá del circo judicial, ¿qué creen que significa todo esto para el futuro de la Caja? ¿Es un caso aislado de unos cuantos que se mandaron feo o el síntoma de algo mucho más podrido por dentro? ¿Todavía le tienen fe a la institución o sienten que ya esta vara se fue al traste?
