Bueno, maes, agárrense porque la vara política se puso color de hormiga, otra vez. Seguro ya vieron el video que anda circulando de Fabricio Alvarado. Para los que viven debajo de una piedra, el resumen es este: el diputado y candidato de Nueva República salió con la propuesta de decretar un “estado de excepción” en los barrios más calientes, para, según él, “perseguir con todo al crimen organizado”. Y diay, a primera vista, con la inseguridad como está, uno podría pensar que suena hasta lógico. Pero cuando uno rasca un poquito la superficie, la cosa empieza a oler a quemado.
Seamos claros. Un “estado de excepción” no es un simple operativo policial más grande. Es, en tico, poner en pausa un montón de derechos constitucionales que damos por sentados. Estamos hablando de que se podrían limitar varas como la libertad de tránsito, el derecho a la reunión y hasta la inviolabilidad del domicilio. O sea, que la policía podría entrar a una casa sin una orden de un juez. Claro, en el video de treinta segundos para redes todo suena facilísimo, ¿verdad? “¡Vamos con todo contra los criminales!”. Pero el brete de verdad, el que implica inteligencia, prevención y no pisotear la Constitución, ese es mucho más complejo y, por lo visto, menos popular para un reel de Instagram.
Y aquí es donde uno, como ciudadano de a pie, se pone a pensar: ¡qué despiche se podría armar con una medida así! Porque una cosa es la intención y otra muy distinta es la ejecución. ¿Quién decide cuál barrio es “tomado por el narco”? ¿Con qué criterio? ¿Qué pasa con la gente inocente que vive ahí? El riesgo de que el Estado se jale una torta monumental y termine abusando de su poder es altísimo. Esto no es un videojuego donde los “malos” tienen un letrero en la cabeza. La realidad es un enredo de grises, y una herramienta tan poderosa en las manos equivocadas o en un sistema que ya de por sí tiene sus fallas, podría convertirse en un caos para los que no tienen nada que ver en el asunto.
Además, no hay que ser un genio para volver a ver al vecindario y entender cómo pueden terminar estas historias. La vara en El Salvador es el ejemplo que todo el mundo saca a relucir, y aunque algunos aplauden los resultados en seguridad, el costo en derechos humanos ha sido brutal. ¿Estamos dispuestos en Costa Rica a seguir ese camino? ¿A cambiar el “Pura Vida” por un “sálvese quien pueda” donde la presunción de inocencia se va al traste por un decreto? La propuesta de Alvarado, más que una solución, parece un atajo peligroso, una pastilla para el dolor de cabeza que no cura la enfermedad de fondo, que es la desigualdad, la falta de oportunidades y un sistema judicial que a veces parece jugar para el otro equipo.
Al final, la propuesta deja más preguntas que respuestas. Es el clásico discurso de “mano dura” que suena muy bien en campaña, pero que en la práctica puede ser una bomba de tiempo. Se siente como una medida desesperada que busca un aplauso fácil sin medir las consecuencias a largo plazo para nuestra democracia, que con todos sus defectos, es uno de los pocos chunches que todavía nos funcionan más o menos bien. La pregunta del millón es esta: ¿Estamos tan desesperados por seguridad que estaríamos dispuestos a poner en pausa nuestros derechos? ¿Compran esta idea de Fabricio o les suena a que el remedio puede ser peor que la enfermedad? ¡Los leo!
Seamos claros. Un “estado de excepción” no es un simple operativo policial más grande. Es, en tico, poner en pausa un montón de derechos constitucionales que damos por sentados. Estamos hablando de que se podrían limitar varas como la libertad de tránsito, el derecho a la reunión y hasta la inviolabilidad del domicilio. O sea, que la policía podría entrar a una casa sin una orden de un juez. Claro, en el video de treinta segundos para redes todo suena facilísimo, ¿verdad? “¡Vamos con todo contra los criminales!”. Pero el brete de verdad, el que implica inteligencia, prevención y no pisotear la Constitución, ese es mucho más complejo y, por lo visto, menos popular para un reel de Instagram.
Y aquí es donde uno, como ciudadano de a pie, se pone a pensar: ¡qué despiche se podría armar con una medida así! Porque una cosa es la intención y otra muy distinta es la ejecución. ¿Quién decide cuál barrio es “tomado por el narco”? ¿Con qué criterio? ¿Qué pasa con la gente inocente que vive ahí? El riesgo de que el Estado se jale una torta monumental y termine abusando de su poder es altísimo. Esto no es un videojuego donde los “malos” tienen un letrero en la cabeza. La realidad es un enredo de grises, y una herramienta tan poderosa en las manos equivocadas o en un sistema que ya de por sí tiene sus fallas, podría convertirse en un caos para los que no tienen nada que ver en el asunto.
Además, no hay que ser un genio para volver a ver al vecindario y entender cómo pueden terminar estas historias. La vara en El Salvador es el ejemplo que todo el mundo saca a relucir, y aunque algunos aplauden los resultados en seguridad, el costo en derechos humanos ha sido brutal. ¿Estamos dispuestos en Costa Rica a seguir ese camino? ¿A cambiar el “Pura Vida” por un “sálvese quien pueda” donde la presunción de inocencia se va al traste por un decreto? La propuesta de Alvarado, más que una solución, parece un atajo peligroso, una pastilla para el dolor de cabeza que no cura la enfermedad de fondo, que es la desigualdad, la falta de oportunidades y un sistema judicial que a veces parece jugar para el otro equipo.
Al final, la propuesta deja más preguntas que respuestas. Es el clásico discurso de “mano dura” que suena muy bien en campaña, pero que en la práctica puede ser una bomba de tiempo. Se siente como una medida desesperada que busca un aplauso fácil sin medir las consecuencias a largo plazo para nuestra democracia, que con todos sus defectos, es uno de los pocos chunches que todavía nos funcionan más o menos bien. La pregunta del millón es esta: ¿Estamos tan desesperados por seguridad que estaríamos dispuestos a poner en pausa nuestros derechos? ¿Compran esta idea de Fabricio o les suena a que el remedio puede ser peor que la enfermedad? ¡Los leo!
