Maes, la vara en San Rafael de Alajuela está que arde, y no es para menos. Si ustedes creían que ya tenían suficiente con tener a La Reforma de vecino, prepárense para lo que viene. Resulta que el Gobierno, con toda la fanfarria del mundo, anunció que van a construir ahí mismo una nueva “megacárcel”, bautizada con el nombre rimbombante de “Centro de Alta Contención del Crimen Organizado” (Cacco). Y como era de esperarse, a los vecinos se les paró el pelo y pegaron el grito al cielo. ¡Y con toda la razón del mundo!
Diay, es que seamos honestos, a San Rafael le ha tocado bailar con la más fea por décadas. Históricamente, han sido el “patio trasero” donde el Estado pone los chunches que nadie más quiere. Ya cargan con el estigma de ser el distrito carcelario del país, y ahora les quieren meter a 5,100 privados de libertad más, muchos de ellos de altísima peligrosidad. La gente de la comunidad lo dice clarito: el Estado les ha exigido soportar el peso de la seguridad nacional, pero a cambio no les ha dado ni las gracias. Cero inversión en calles, cero mejoras en el Ebáis, cero seguridad extra para ellos... ¡Nada! Un abandono total que ya tiene a la gente hasta la coronilla.
Y mientras la gente de San Rafael pide a gritos un parque decente para los güilas o calles sin huecos, el Gobierno saca pecho anunciando una obra de ₡21.000 millones para encerrar más gente. El Cacco suena a película de acción: cinco módulos, celdas de aislamiento, fortines de vigilancia y espacio para los peces más gordos del crimen organizado. La intención suena bien en el papel, nadie lo niega, pero la ejecución es un despiche anunciado. Meter a toda esa gente en un lugar que ya está hasta el cuello de problemas sociales y con servicios públicos a punto de colapsar... diay, suena a que alguien se está jalando una torta de proporciones épicas. No están solucionando un problema, están creando diez más y pasándole la factura a la misma comunidad de siempre.
Las consecuencias que pintan los líderes comunales y la regidora Yadú Fuentes son de terror. Imagínense el colapso vial con el tránsito de visitas, abogados y traslados de reos. Piensen en la presión sobre las escuelas y los centros de salud, que ya de por sí no dan abasto. Y lo más duro: la estigmatización. ¿Quién va a querer invertir o montar un negocio en un lugar que ya no será conocido como San Rafael, sino como “el pueblo de las megacárceles”? Este proyecto amenaza con ahogar cualquier oportunidad de desarrollo y condena al distrito a una etiqueta que nadie quiere. Es una ironía cruel, sobre todo cuando los mismos vecinos luchan por convertirse en el cantón de “Ojo de Agua” para rescatar su identidad y construir un futuro diferente.
Al final, la comunidad no solo está diciendo que no. Están exigiendo un Plan Integral de Compensación Social, una forma de decir: "Mae, si nos van a obligar a cargar con esta cruz, por lo menos inviertan en nosotros". Piden infraestructura, seguridad y servicios dignos. No parece un capricho, sino lo justo. La pregunta que queda en el aire es si el Poder Ejecutivo va a seguir adelante a la fuerza, ignorando a una comunidad entera, o si por una vez se van a sentar a escuchar. Toda esta vara huele a que, si no se maneja bien, el plan para contener el crimen organizado podría terminar siendo un desorden social de aquí a la luna.
¿Qué opinan ustedes, maes? ¿Es pura hablada de los vecinos o el Gobierno de verdad está metiendo la pata hasta el fondo con esta decisión? ¿Hay alguna otra solución o San Rafael está, como dicen ellos, salado?
Diay, es que seamos honestos, a San Rafael le ha tocado bailar con la más fea por décadas. Históricamente, han sido el “patio trasero” donde el Estado pone los chunches que nadie más quiere. Ya cargan con el estigma de ser el distrito carcelario del país, y ahora les quieren meter a 5,100 privados de libertad más, muchos de ellos de altísima peligrosidad. La gente de la comunidad lo dice clarito: el Estado les ha exigido soportar el peso de la seguridad nacional, pero a cambio no les ha dado ni las gracias. Cero inversión en calles, cero mejoras en el Ebáis, cero seguridad extra para ellos... ¡Nada! Un abandono total que ya tiene a la gente hasta la coronilla.
Y mientras la gente de San Rafael pide a gritos un parque decente para los güilas o calles sin huecos, el Gobierno saca pecho anunciando una obra de ₡21.000 millones para encerrar más gente. El Cacco suena a película de acción: cinco módulos, celdas de aislamiento, fortines de vigilancia y espacio para los peces más gordos del crimen organizado. La intención suena bien en el papel, nadie lo niega, pero la ejecución es un despiche anunciado. Meter a toda esa gente en un lugar que ya está hasta el cuello de problemas sociales y con servicios públicos a punto de colapsar... diay, suena a que alguien se está jalando una torta de proporciones épicas. No están solucionando un problema, están creando diez más y pasándole la factura a la misma comunidad de siempre.
Las consecuencias que pintan los líderes comunales y la regidora Yadú Fuentes son de terror. Imagínense el colapso vial con el tránsito de visitas, abogados y traslados de reos. Piensen en la presión sobre las escuelas y los centros de salud, que ya de por sí no dan abasto. Y lo más duro: la estigmatización. ¿Quién va a querer invertir o montar un negocio en un lugar que ya no será conocido como San Rafael, sino como “el pueblo de las megacárceles”? Este proyecto amenaza con ahogar cualquier oportunidad de desarrollo y condena al distrito a una etiqueta que nadie quiere. Es una ironía cruel, sobre todo cuando los mismos vecinos luchan por convertirse en el cantón de “Ojo de Agua” para rescatar su identidad y construir un futuro diferente.
Al final, la comunidad no solo está diciendo que no. Están exigiendo un Plan Integral de Compensación Social, una forma de decir: "Mae, si nos van a obligar a cargar con esta cruz, por lo menos inviertan en nosotros". Piden infraestructura, seguridad y servicios dignos. No parece un capricho, sino lo justo. La pregunta que queda en el aire es si el Poder Ejecutivo va a seguir adelante a la fuerza, ignorando a una comunidad entera, o si por una vez se van a sentar a escuchar. Toda esta vara huele a que, si no se maneja bien, el plan para contener el crimen organizado podría terminar siendo un desorden social de aquí a la luna.
¿Qué opinan ustedes, maes? ¿Es pura hablada de los vecinos o el Gobierno de verdad está metiendo la pata hasta el fondo con esta decisión? ¿Hay alguna otra solución o San Rafael está, como dicen ellos, salado?
