Maes, pónganse cómodos porque esta vara se está poniendo buena. ¿Se acuerdan de todo el enredo con el Parque Empresarial del Pacífico? Diay, esa novela que parece no tener fin. Pues resulta que ahora un grupo de inversionistas, que son los que al final del día pusieron la harina en ese fondo del BCR-SAFI, se cansaron de que los tengan comiendo ansias y están pidiendo cuentas claras. Y con toda la razón del mundo, porque cuando la plata de uno está en juego, lo mínimo que se espera es transparencia, ¿o no?
Para los que andan un poco perdidos, les hago un resumen rápido del despiche. En 2020, el fondo inmobiliario del BCR-SAFI compró ese parque en Esparza por la módica suma de $70 millones. Todo sonaba muy pro hasta que, ¡sorpresa!, en 2022 salió el peine: una auditoría interna reveló que el chunche en realidad valía más o menos la mitad, como $35 millones. ¡Qué torta! O sea, estamos hablando de un posible sobreprecio de $35 melones. Con esa plata se hacen maravillas, pero aquí parece que se esfumó en una transacción que, entre más se rasca, más feo huele. Aquí es donde uno se pregunta si nadie en ese brete hizo la tarea antes de firmar un cheque tan gordo.
Claro, el asunto no se quedó ahí. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) se metió en la jugada y le ordenó al BCR y a su SAFI que le devolvieran los $70 millones al fondo. Básicamente, les dijeron: "Ustedes hicieron el enredo, ahora lo arreglan y protegen a los inversionistas". El Banco, ni lerdo ni perezoso, apeló la decisión, pero el Conassif (que es como el jefe de la Sugeval) les dijo que nanai, que la orden se mantenía. En un mundo ideal, ahí terminaría la historia y la plata volvería a donde pertenece. Pero esto es Costa Rica, y la trama siempre se complica un poquito más.
Y aquí es donde la vara se pone más enredada que un tamal mal amarrado. Después de que les batearon la apelación, el Conglomerado Financiero BCR anunció con bombos y platillos que va a llevar el caso a los Tribunales de Justicia. Su argumento es que acatar la orden sería "trasladar fondos públicos a un patrimonio privado", y que ellos tienen que defender la plata de todos los ticos. Suena bonito, ¿verdad? "Protegiendo la plata del pueblo". Pero para los inversionistas, esto huele más a una jugada para patear la bola, alargar el proceso y, al final, no asumir la bronca. Mientras tanto, la plata de ellos sigue en el limbo y la incertidumbre es total.
Por eso, este grupo de afectados, liderado por Rodrigo Carazo, ya no está para cuentos. Presentaron una solicitud formal pidiendo cosas tan básicas como una copia de la demanda que puso el banco, en qué juzgado está y cuál es el número de expediente. O sea, no están pidiendo la fórmula de la Coca-Cola, solo la información mínima para saber qué está pasando con su dinero. La pregunta del millón, maes: ¿Ustedes qué harían si fuera su plata la que está en ese enredo? ¿Es una jugada maestra del BCR para proteger fondos públicos o simplemente están tratando de lavarse las manos y evitar el tortón? ¡Abro debate!
Para los que andan un poco perdidos, les hago un resumen rápido del despiche. En 2020, el fondo inmobiliario del BCR-SAFI compró ese parque en Esparza por la módica suma de $70 millones. Todo sonaba muy pro hasta que, ¡sorpresa!, en 2022 salió el peine: una auditoría interna reveló que el chunche en realidad valía más o menos la mitad, como $35 millones. ¡Qué torta! O sea, estamos hablando de un posible sobreprecio de $35 melones. Con esa plata se hacen maravillas, pero aquí parece que se esfumó en una transacción que, entre más se rasca, más feo huele. Aquí es donde uno se pregunta si nadie en ese brete hizo la tarea antes de firmar un cheque tan gordo.
Claro, el asunto no se quedó ahí. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) se metió en la jugada y le ordenó al BCR y a su SAFI que le devolvieran los $70 millones al fondo. Básicamente, les dijeron: "Ustedes hicieron el enredo, ahora lo arreglan y protegen a los inversionistas". El Banco, ni lerdo ni perezoso, apeló la decisión, pero el Conassif (que es como el jefe de la Sugeval) les dijo que nanai, que la orden se mantenía. En un mundo ideal, ahí terminaría la historia y la plata volvería a donde pertenece. Pero esto es Costa Rica, y la trama siempre se complica un poquito más.
Y aquí es donde la vara se pone más enredada que un tamal mal amarrado. Después de que les batearon la apelación, el Conglomerado Financiero BCR anunció con bombos y platillos que va a llevar el caso a los Tribunales de Justicia. Su argumento es que acatar la orden sería "trasladar fondos públicos a un patrimonio privado", y que ellos tienen que defender la plata de todos los ticos. Suena bonito, ¿verdad? "Protegiendo la plata del pueblo". Pero para los inversionistas, esto huele más a una jugada para patear la bola, alargar el proceso y, al final, no asumir la bronca. Mientras tanto, la plata de ellos sigue en el limbo y la incertidumbre es total.
Por eso, este grupo de afectados, liderado por Rodrigo Carazo, ya no está para cuentos. Presentaron una solicitud formal pidiendo cosas tan básicas como una copia de la demanda que puso el banco, en qué juzgado está y cuál es el número de expediente. O sea, no están pidiendo la fórmula de la Coca-Cola, solo la información mínima para saber qué está pasando con su dinero. La pregunta del millón, maes: ¿Ustedes qué harían si fuera su plata la que está en ese enredo? ¿Es una jugada maestra del BCR para proteger fondos públicos o simplemente están tratando de lavarse las manos y evitar el tortón? ¡Abro debate!
