Maes, agarrense porque esta vara está para alquilar balcón. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo en la política tica, sale un nuevo capítulo que supera al anterior con creces. Y no, no es una serie de Netflix, aunque el guion parece sacado de una. La noticia de que la crema y nata del OIJ, la gente de Delincuencia Organizada, está metida de cabeza investigando el video de Celso Gamboa en Monterán y, de paso, una reunión rarísima del diputado Gilberth Jiménez, es para sentarse a pensar en qué clase de país nos estamos convirtiendo. Diay, es que ya no es un rumor de pasillo, es la Fiscalía General diciendo: “Ok, aquí hay algo que huele muy mal y vamos a ver qué es”.
Primero, analicemos el nivel de surrealismo del caso Monterán. Tenemos a Celso Gamboa, un exministro que no necesita presentación, sancionado por Estados Unidos y señalado por la DEA por nexos con carteles pesados. El mae, en lugar de mantener un perfil bajo, se graba entrando al condominio donde vive el mismísimo presidente Chaves, diciendo todo orgulloso que va a “conocer al presi”. ¡Qué torta! Es un error de principiante que o es una estupidez monumental o un mensaje mafioso con una confianza que asusta. La excusa oficial de que iba a una cita de bótox con un doctor cercano a Chaves, en una casa sin permisos de Salud, es tan increíble que casi da risa. Es un despiche por donde se le vea. La Fiscalía ahora tiene que investigar si ese video es prueba de un intento de penetración del narco o solo un político farandulero jalándose una torta. El problema es que con estos antecedentes, ninguna de las dos opciones es tranquilizante.
Y cuando todavía estamos procesando esa vara, salta el segundo caso, que parece un spin-off de la misma serie. El diputado Gilberth Jiménez, quien irónicamente preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es fotografiado en una reunión muy conveniente con la pareja de Agustín Corrales, socio de... ¡adivinen quién!... Celso Gamboa. Al principio, el diputado aplicó la clásica: “yo no lo conozco, no sé quién es”. Pero ¡qué sal!, aparecieron los registros de que él mismo le gestionó entradas a la Asamblea Legislativa. Entonces tuvo que recular y admitir que sí lo conocía. Este tipo de “coincidencias” son las que minan la confianza. Que el encargado de legislar contra el narco tenga estas cercanías, por más “protocalarias” que diga que son, genera una desconfianza enorme. Más aún cuando ese socio recibió un Mercedes-Benz de Gamboa que antes usó un narco conocido como Turesky. ¡Mae, la trama se enreda sola!
Lo más serio de todo esto es que ya no son incidentes aislados. Son dos situaciones que, al ponerlas juntas, dibujan un patrón muy preocupante. El común denominador es una red de influencias que toca las puertas de los Supremos Poderes. Que la OECDO, la unidad especializada del OIJ, esté a cargo del brete bajo órdenes directas del Fiscal General, Carlo Díaz, significa que esto se escaló a otro nivel. Ya no es un tema para la delegación de Curridabat. Estamos hablando de una investigación de seguridad nacional para determinar si las estructuras criminales están, o ya estuvieron, sentadas en la sala de quienes toman las decisiones más importantes del país. La explicación de Randall Zúñiga, el director del OIJ, de que ellos solo siguen órdenes de la Fiscalía en casos de "alto perfil", deja claro lo delicado del asunto.
Al final, todo este enredo nos deja con más preguntas que respuestas y un sabor amargo. La facilidad con la que un personaje como Gamboa, con los señalamientos que tiene encima, se pasea por el residencial del Presidente y la naturalidad con que un diputado clave se reúne con su círculo cercano, son señales de alarma que no podemos ignorar. Ya no se trata de si nos cae bien un político u otro; se trata de la integridad de nuestras instituciones. El narco no avisa con una llamada, se infiltra con favores, reuniones casuales y “visitas para ponerse bótox”. Aquí la pregunta de fondo que nos queda para el foro es: ¿Ustedes de verdad creen que estos son casos aislados de mala suerte o estamos viendo las grietas de una estructura política que ya fue penetrada por el crimen organizado?
Primero, analicemos el nivel de surrealismo del caso Monterán. Tenemos a Celso Gamboa, un exministro que no necesita presentación, sancionado por Estados Unidos y señalado por la DEA por nexos con carteles pesados. El mae, en lugar de mantener un perfil bajo, se graba entrando al condominio donde vive el mismísimo presidente Chaves, diciendo todo orgulloso que va a “conocer al presi”. ¡Qué torta! Es un error de principiante que o es una estupidez monumental o un mensaje mafioso con una confianza que asusta. La excusa oficial de que iba a una cita de bótox con un doctor cercano a Chaves, en una casa sin permisos de Salud, es tan increíble que casi da risa. Es un despiche por donde se le vea. La Fiscalía ahora tiene que investigar si ese video es prueba de un intento de penetración del narco o solo un político farandulero jalándose una torta. El problema es que con estos antecedentes, ninguna de las dos opciones es tranquilizante.
Y cuando todavía estamos procesando esa vara, salta el segundo caso, que parece un spin-off de la misma serie. El diputado Gilberth Jiménez, quien irónicamente preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es fotografiado en una reunión muy conveniente con la pareja de Agustín Corrales, socio de... ¡adivinen quién!... Celso Gamboa. Al principio, el diputado aplicó la clásica: “yo no lo conozco, no sé quién es”. Pero ¡qué sal!, aparecieron los registros de que él mismo le gestionó entradas a la Asamblea Legislativa. Entonces tuvo que recular y admitir que sí lo conocía. Este tipo de “coincidencias” son las que minan la confianza. Que el encargado de legislar contra el narco tenga estas cercanías, por más “protocalarias” que diga que son, genera una desconfianza enorme. Más aún cuando ese socio recibió un Mercedes-Benz de Gamboa que antes usó un narco conocido como Turesky. ¡Mae, la trama se enreda sola!
Lo más serio de todo esto es que ya no son incidentes aislados. Son dos situaciones que, al ponerlas juntas, dibujan un patrón muy preocupante. El común denominador es una red de influencias que toca las puertas de los Supremos Poderes. Que la OECDO, la unidad especializada del OIJ, esté a cargo del brete bajo órdenes directas del Fiscal General, Carlo Díaz, significa que esto se escaló a otro nivel. Ya no es un tema para la delegación de Curridabat. Estamos hablando de una investigación de seguridad nacional para determinar si las estructuras criminales están, o ya estuvieron, sentadas en la sala de quienes toman las decisiones más importantes del país. La explicación de Randall Zúñiga, el director del OIJ, de que ellos solo siguen órdenes de la Fiscalía en casos de "alto perfil", deja claro lo delicado del asunto.
Al final, todo este enredo nos deja con más preguntas que respuestas y un sabor amargo. La facilidad con la que un personaje como Gamboa, con los señalamientos que tiene encima, se pasea por el residencial del Presidente y la naturalidad con que un diputado clave se reúne con su círculo cercano, son señales de alarma que no podemos ignorar. Ya no se trata de si nos cae bien un político u otro; se trata de la integridad de nuestras instituciones. El narco no avisa con una llamada, se infiltra con favores, reuniones casuales y “visitas para ponerse bótox”. Aquí la pregunta de fondo que nos queda para el foro es: ¿Ustedes de verdad creen que estos son casos aislados de mala suerte o estamos viendo las grietas de una estructura política que ya fue penetrada por el crimen organizado?
