Bueno, maes, agarren silla porque el novelón del 5G en Tiquicia acaba de soltar otro capítulo. ¿Se acuerdan de toda la vara con el famoso decreto de ciberseguridad que, en la práctica, le ponía una equis gigante a Huawei para la futura red? Diay, pues resulta que el sindicato del ICE (el FIT) y la diputada Vanessa Castro intentaron meterle un freno de mano legal a todo el asunto, y para resumirles el cuento: el plan se fue al traste. El Tribunal Contencioso Administrativo les dijo que muchas gracias por participar, pero que nanay.
La jugada del FIT era bastante directa: buscaban una medida cautelar para congelar todo el reglamento. O sea, ponerle pausa a la directriz del Gobierno que dice que solo empresas de países firmantes del Convenio de Budapest pueden entrarle al brete de montar la infraestructura 5G. Su argumento era que esto generaba un daño grave, pero parece que no llevaron las pruebas suficientes. Según el comunicado del Micitt, el Tribunal básicamente les dijo que los estudios que presentaron para probar ese supuesto daño estaban más flojos que un tornillo en poltrona, que "carecían de solidez". ¡Qué sal! Para el sindicato, que se queda viendo cómo la principal carta que tenían se les va de las manos.
Y aquí es donde el asunto se pone color de hormiga, porque este no es un simple pleito legal. El meollo de todo este despiche es el Convenio de Budapest. Para los que no están muy al tanto, es un tratado internacional sobre cibercrimen. El detalle es que China, la casa matriz de Huawei, no es firmante. Entonces, el decreto del Gobierno, aunque no dice "Huawei" por ningún lado, en la práctica le cierra la puerta en la cara. Es una movida geopolítica con todas las letras, donde Costa Rica se alinea con la política de seguridad de Estados Unidos y Europa, dejando por fuera al gigante asiático. El gobierno lo vende como un blindaje de seguridad nacional; otros, como el FIT, lo ven como un portazo a la libre competencia y, posiblemente, a ofertas más baratas.
Lo más frustrante de todo es que mientras los abogados y los políticos se tiran los chunches por la cabeza, el país sigue en la pura prehistoria del 5G. Llevamos años hablando de esto, viendo cómo hasta nuestros vecinos nos pasan por la derecha, y nosotros seguimos pegados en una discusión que parece no tener fin. Por un lado, la seguridad de las comunicaciones es una vara serísima y no se puede tomar a la ligera. Nadie quiere que nuestros datos terminen en un servidor en Beijing sin nuestro permiso. Pero por otro, la lentitud y el entramado burocrático para implementar una tecnología que ya es estándar en medio mundo es para sentarse a llorar.
Al final del día, el decreto sigue en pie, más firme que nunca después de este espaldarazo judicial. El Gobierno y el Micitt sin duda se apuntan una victoria, mientras que la oposición a esta medida se va a tener que replantear su estrategia. La gran pregunta que queda en el aire es si esta decisión realmente nos beneficia a largo plazo o si nos estamos cerrando a opciones que podrían acelerar el desarrollo tecnológico del país. La novela, se los aseguro, va para largo.
Así que, les tiro la bola a ustedes, maes. Dejando de lado el tecnicismo legal: ¿creen que esta regla del Convenio de Budapest es una medida de ciberseguridad indispensable y necesaria, o es solo la excusa perfecta para alinearse con los intereses de Estados Unidos y bloquear a China? ¿Nos estamos protegiendo o nos estamos metiendo una autozancadilla?
La jugada del FIT era bastante directa: buscaban una medida cautelar para congelar todo el reglamento. O sea, ponerle pausa a la directriz del Gobierno que dice que solo empresas de países firmantes del Convenio de Budapest pueden entrarle al brete de montar la infraestructura 5G. Su argumento era que esto generaba un daño grave, pero parece que no llevaron las pruebas suficientes. Según el comunicado del Micitt, el Tribunal básicamente les dijo que los estudios que presentaron para probar ese supuesto daño estaban más flojos que un tornillo en poltrona, que "carecían de solidez". ¡Qué sal! Para el sindicato, que se queda viendo cómo la principal carta que tenían se les va de las manos.
Y aquí es donde el asunto se pone color de hormiga, porque este no es un simple pleito legal. El meollo de todo este despiche es el Convenio de Budapest. Para los que no están muy al tanto, es un tratado internacional sobre cibercrimen. El detalle es que China, la casa matriz de Huawei, no es firmante. Entonces, el decreto del Gobierno, aunque no dice "Huawei" por ningún lado, en la práctica le cierra la puerta en la cara. Es una movida geopolítica con todas las letras, donde Costa Rica se alinea con la política de seguridad de Estados Unidos y Europa, dejando por fuera al gigante asiático. El gobierno lo vende como un blindaje de seguridad nacional; otros, como el FIT, lo ven como un portazo a la libre competencia y, posiblemente, a ofertas más baratas.
Lo más frustrante de todo es que mientras los abogados y los políticos se tiran los chunches por la cabeza, el país sigue en la pura prehistoria del 5G. Llevamos años hablando de esto, viendo cómo hasta nuestros vecinos nos pasan por la derecha, y nosotros seguimos pegados en una discusión que parece no tener fin. Por un lado, la seguridad de las comunicaciones es una vara serísima y no se puede tomar a la ligera. Nadie quiere que nuestros datos terminen en un servidor en Beijing sin nuestro permiso. Pero por otro, la lentitud y el entramado burocrático para implementar una tecnología que ya es estándar en medio mundo es para sentarse a llorar.
Al final del día, el decreto sigue en pie, más firme que nunca después de este espaldarazo judicial. El Gobierno y el Micitt sin duda se apuntan una victoria, mientras que la oposición a esta medida se va a tener que replantear su estrategia. La gran pregunta que queda en el aire es si esta decisión realmente nos beneficia a largo plazo o si nos estamos cerrando a opciones que podrían acelerar el desarrollo tecnológico del país. La novela, se los aseguro, va para largo.
Así que, les tiro la bola a ustedes, maes. Dejando de lado el tecnicismo legal: ¿creen que esta regla del Convenio de Budapest es una medida de ciberseguridad indispensable y necesaria, o es solo la excusa perfecta para alinearse con los intereses de Estados Unidos y bloquear a China? ¿Nos estamos protegiendo o nos estamos metiendo una autozancadilla?
