¡Ay, Dios mío, qué historia! Resulta que el Poder Judicial presentó su presupuesto para el 2026 ante la Asamblea Legislativa, y parece que el tema de la plata sigue siendo un brete. Con 532.837 millones de colones, o sea, poquito más de medio billón, quieren mantener las cosas funcionando... Pero bueno, ¡a ver si alcanzan!
Según nos cuentan, este presupuesto significa apenas un 0,2% de aumento con respecto al año pasado. ¡Un pelo! Eso sí, representan el 4,16% del presupuesto nacional completo. El Magistrado Presidente, Don Orlando Aguirre, salió a decir que todo está balanceado con los límites fiscales, buscando una justicia más rápida y efectiva. Dicen que han avanzado, pero… siempre hay un 'pero', ¿verdad?
Y vaya que tienen algunos números que mostrar. Han logrado reducir 113 mil expedientes activos en cuatro años, ¡eso sí que es quitarle peso! Además, dicen que han aumentado la productividad en un 7,43%, resolviendo más casos que nunca. Atienden casi el 66% de los expedientes que llegan, pero la realidad es que, con esos recursos, aprieta la pera.
Pero ojo, porque ahí vienen las complicaciones. Según fuentes cercanas, varias necesidades importantes se quedaron sin financiamiento. Querían fortalecer los despachos penales –porque vaya que los necesitamos–, implementar reformas a la ley 7594 para agilizar pruebas en casos de violencia sexual, conseguir custodios para el OIJ, darle un empujón a la Jurisdicción para pueblos indígenas y reforzar la Sala Constitucional. ¡Todo eso se quedó en el limbo!
Don Randall Zúñiga, el jefe del OIJ, no se anduvo con rodeos y le echó un pulso a los diputados. Dijo que el año pasado aprobaron algunas plazas clave, pero el Ministerio de Hacienda simplemente no las quiso asignar. ¡Una torta! Pide que reincorporen esas plazas urgentemente, porque la seguridad ciudadana no espera.
El Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, también comentó que a pesar de las limitaciones, van a seguir luchando contra el crimen organizado y la corrupción. Desde la Defensa Pública aseguraron que seguirán atendiendo a los más necesitados, dentro de lo posible. Vaya que todos están haciendo lo que pueden, pero la falta de recursos se siente en cada esquina.
Ahora bien, analicemos esto con calma. Es evidente que el Poder Judicial ha hecho esfuerzos considerables para mejorar su eficiencia y resolver más casos. Pero también es claro que necesitan más recursos para abordar ciertas áreas cruciales, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad y la protección de grupos vulnerables. La burocracia y los recortes presupuestarios siguen siendo un obstáculo importante.
Así que llegamos a la pregunta clave, mis panas: ¿creen ustedes que el Poder Judicial realmente puede cumplir sus objetivos con el presupuesto actual, o necesitamos una revisión profunda de las prioridades nacionales? ¡Den su opinión en el foro, quiero saber qué piensan! ¿Debería el gobierno invertir más en seguridad y justicia, aunque signifique recortar fondos en otras áreas?
Según nos cuentan, este presupuesto significa apenas un 0,2% de aumento con respecto al año pasado. ¡Un pelo! Eso sí, representan el 4,16% del presupuesto nacional completo. El Magistrado Presidente, Don Orlando Aguirre, salió a decir que todo está balanceado con los límites fiscales, buscando una justicia más rápida y efectiva. Dicen que han avanzado, pero… siempre hay un 'pero', ¿verdad?
Y vaya que tienen algunos números que mostrar. Han logrado reducir 113 mil expedientes activos en cuatro años, ¡eso sí que es quitarle peso! Además, dicen que han aumentado la productividad en un 7,43%, resolviendo más casos que nunca. Atienden casi el 66% de los expedientes que llegan, pero la realidad es que, con esos recursos, aprieta la pera.
Pero ojo, porque ahí vienen las complicaciones. Según fuentes cercanas, varias necesidades importantes se quedaron sin financiamiento. Querían fortalecer los despachos penales –porque vaya que los necesitamos–, implementar reformas a la ley 7594 para agilizar pruebas en casos de violencia sexual, conseguir custodios para el OIJ, darle un empujón a la Jurisdicción para pueblos indígenas y reforzar la Sala Constitucional. ¡Todo eso se quedó en el limbo!
Don Randall Zúñiga, el jefe del OIJ, no se anduvo con rodeos y le echó un pulso a los diputados. Dijo que el año pasado aprobaron algunas plazas clave, pero el Ministerio de Hacienda simplemente no las quiso asignar. ¡Una torta! Pide que reincorporen esas plazas urgentemente, porque la seguridad ciudadana no espera.
El Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez, también comentó que a pesar de las limitaciones, van a seguir luchando contra el crimen organizado y la corrupción. Desde la Defensa Pública aseguraron que seguirán atendiendo a los más necesitados, dentro de lo posible. Vaya que todos están haciendo lo que pueden, pero la falta de recursos se siente en cada esquina.
Ahora bien, analicemos esto con calma. Es evidente que el Poder Judicial ha hecho esfuerzos considerables para mejorar su eficiencia y resolver más casos. Pero también es claro que necesitan más recursos para abordar ciertas áreas cruciales, especialmente aquellas relacionadas con la seguridad y la protección de grupos vulnerables. La burocracia y los recortes presupuestarios siguen siendo un obstáculo importante.
Así que llegamos a la pregunta clave, mis panas: ¿creen ustedes que el Poder Judicial realmente puede cumplir sus objetivos con el presupuesto actual, o necesitamos una revisión profunda de las prioridades nacionales? ¡Den su opinión en el foro, quiero saber qué piensan! ¿Debería el gobierno invertir más en seguridad y justicia, aunque signifique recortar fondos en otras áreas?
