¡Ay, Dios mío, qué brete nos cayó encima! Parece que ahora van a poner a los presos a trabajar, como si fuera pelicular. El gobierno anda buscando cómo solucionar el problema de hacinamiento y la falta de oportunidades para los internos, y la solución que le dieron fue... ¿ponerlos a chambear? Ya veremos si sale bien o si terminamos con más problemas de los que tenemos.
La idea, básicamente, es que las empresas privadas entren a los centros penitenciarios a ofrecer empleos. Según dicen los expertos, así se resocializan los reos y además generan ingresos para mantener las cárceles. Suena lindo en teoría, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica sabemos que muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Hay proyectos que se van al traste y otros que dejan más cara que pan rallado.
Carlos Montenegro, un juez de ejecución de la pena, y Bryan Sandí, un investigador criminal, fueron a dar testimonio a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sobre este proyecto de ley. Montenegro dice que “ojalá” funcione, pero que al menos la mayoría de los casos se debe permitir que las empresas metan mano. Sandí, por su lado, contó que ya hay experiencias exitosas, como en la cárcel de Cocorí, donde unas compañías tienen talleres de producción. ¡Qué chiva eso!
Imagínate, en el centro penal Jorge de Bravo, en Cartago, hay una fábrica de carteras y billeteras de cuero donde los reos hacen el trabajo. La dueña de la fábrica incluso movió sus máquinas allá y capacitó a los internos. Pilar Cisneros, diputada, hasta compró algunos de esos productos. ¡Eso sí es aprovechar la vara!
Pero ojo, que no todo es color de rosa. Sandí también dijo que las empresas están esperando incentivos fiscales para meterle. Y Montenegro está preocupado porque el proyecto habla de “obligatoriedad” del trabajo, lo cual podría ser un roce con la Constitución. ¡Qué torta! Porque los presos no están obligados a trabajar, solo reciben incentivos si hacen algo. El Ministerio de Justicia reconoce que no tienen suficiente personal ni capacidad para ofrecer trabajo a todos.
Luego entran las opiniones encontradas de las diputadas. Gloria Navas dice que es inconstitucional obligar a nadie a trabajar. Dinorah Barquero considera que el sistema penitenciario está tan atascado que los reos no trabajan porque pagan “una cochinada” por ello. ¡Diay, qué lío estamos montando!
Y ahí viene Bryan Sandí con su arengazo: que aplicando correctamente el artículo 50 del Código Penal ya sería un ganar-ganar, porque los reos necesitan dinero para sobrevivir y apoyar a sus familias. Pero, vamos a ser honestos, ¿realmente creen que esto va a cambiar la realidad de nuestras cárceles? ¿Será una verdadera oportunidad de resocialización o simplemente una forma de lavar las manos y aparentar que se está haciendo algo?
Después de todo este rollo, me pregunto: ¿Realmente creemos que darle un trabajo a los reos, bajo estas condiciones, va a reducir la reincidencia en Costa Rica? ¿O estamos abriendo la puerta a nuevas formas de explotación y corrupción dentro de nuestros centros penitenciarios?
La idea, básicamente, es que las empresas privadas entren a los centros penitenciarios a ofrecer empleos. Según dicen los expertos, así se resocializan los reos y además generan ingresos para mantener las cárceles. Suena lindo en teoría, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica sabemos que muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Hay proyectos que se van al traste y otros que dejan más cara que pan rallado.
Carlos Montenegro, un juez de ejecución de la pena, y Bryan Sandí, un investigador criminal, fueron a dar testimonio a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sobre este proyecto de ley. Montenegro dice que “ojalá” funcione, pero que al menos la mayoría de los casos se debe permitir que las empresas metan mano. Sandí, por su lado, contó que ya hay experiencias exitosas, como en la cárcel de Cocorí, donde unas compañías tienen talleres de producción. ¡Qué chiva eso!
Imagínate, en el centro penal Jorge de Bravo, en Cartago, hay una fábrica de carteras y billeteras de cuero donde los reos hacen el trabajo. La dueña de la fábrica incluso movió sus máquinas allá y capacitó a los internos. Pilar Cisneros, diputada, hasta compró algunos de esos productos. ¡Eso sí es aprovechar la vara!
Pero ojo, que no todo es color de rosa. Sandí también dijo que las empresas están esperando incentivos fiscales para meterle. Y Montenegro está preocupado porque el proyecto habla de “obligatoriedad” del trabajo, lo cual podría ser un roce con la Constitución. ¡Qué torta! Porque los presos no están obligados a trabajar, solo reciben incentivos si hacen algo. El Ministerio de Justicia reconoce que no tienen suficiente personal ni capacidad para ofrecer trabajo a todos.
Luego entran las opiniones encontradas de las diputadas. Gloria Navas dice que es inconstitucional obligar a nadie a trabajar. Dinorah Barquero considera que el sistema penitenciario está tan atascado que los reos no trabajan porque pagan “una cochinada” por ello. ¡Diay, qué lío estamos montando!
Y ahí viene Bryan Sandí con su arengazo: que aplicando correctamente el artículo 50 del Código Penal ya sería un ganar-ganar, porque los reos necesitan dinero para sobrevivir y apoyar a sus familias. Pero, vamos a ser honestos, ¿realmente creen que esto va a cambiar la realidad de nuestras cárceles? ¿Será una verdadera oportunidad de resocialización o simplemente una forma de lavar las manos y aparentar que se está haciendo algo?
Después de todo este rollo, me pregunto: ¿Realmente creemos que darle un trabajo a los reos, bajo estas condiciones, va a reducir la reincidencia en Costa Rica? ¿O estamos abriendo la puerta a nuevas formas de explotación y corrupción dentro de nuestros centros penitenciarios?
