¡Ay, Dios mío! Aquí tenemos tremendo lío. Resulta que Hacienda le puso el turbo a una exfuncionaria y le dio un ultimátum pa' que devuelva más de millón y cien mil colones que, según ellos, le pagaron de más en incapacidades. Parece que la cosa está bastante salada y ya no hay espacio pa' jueguecitos.
Según fuentes oficiales, la historia comenzó hace unos meses, allá por junio, cuando Hacienda le mandó la primera notificación pa' que regularizara la situación. Le dieron quince días pa' cancelarla, pero parece que la excolaboradora no se apuró mucho ni hizo caso. ¡Qué descuido!
Ahora, Hacienda no anda pa' medias tintas. Emitieron una segunda y definitiva resolución, publicada en La Gaceta, advirtiéndole que si no paga en los próximos quince días hábiles, van a tener que meterle las manos en el bolsillo profundo y arrastrarla hasta los tribunales. ¡Y eso no pinta bien pa' nadie!
El proceso, como tal, no es novedad. Hacienda siempre busca recuperar esos dineros que se salen del tiesto, porque al fin de cuentas, es plata de todos los contribuyentes. Imagínate, cada uno de nosotros estamos poniendo granito de arena pa’ que esto pase así, y encima nos tienen que sacar la cartera… ¡Qué vara!
Si la exfuncionaria decide hacer dedo y no cumple con el pago dentro del plazo establecido, preparémonos pa' verla peleando en la Oficina de Cobro Judicial. Ahí, el Estado puede recurrir a medidas más drásticas, como embargar sus bienes o incluso su salario. ¡Un brete el que se armó!
Expertos en derecho administrativo señalan que estos casos suelen ser complejos, y que la exfuncionaria podría argumentar que los pagos fueron correctos. Pero Hacienda está segura de su posición y no piensa ceder. Esta vainera demuestra que no importa quién seas, si te pasas de la raya, vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Se imaginan estar en su lugar?
Esta movida pone de relieve la importancia de que todos, funcionarios públicos y particulares, cumplamos con nuestras obligaciones legales y financieras. Porque al final del día, si no cuidamos el dinero público, vamos a terminar todos jodidos. ¡Es un tema que nos concierne a todos los ticos!
En fin, una situación curiosa que nos lleva a preguntarnos: ¿Debería existir una revisión más exhaustiva de los procesos de incapacidad para evitar estos inconvenientes, o creen que la exfuncionaria tiene argumentos sólidos para defenderse? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¡Vamos a prender la mecha!
Según fuentes oficiales, la historia comenzó hace unos meses, allá por junio, cuando Hacienda le mandó la primera notificación pa' que regularizara la situación. Le dieron quince días pa' cancelarla, pero parece que la excolaboradora no se apuró mucho ni hizo caso. ¡Qué descuido!
Ahora, Hacienda no anda pa' medias tintas. Emitieron una segunda y definitiva resolución, publicada en La Gaceta, advirtiéndole que si no paga en los próximos quince días hábiles, van a tener que meterle las manos en el bolsillo profundo y arrastrarla hasta los tribunales. ¡Y eso no pinta bien pa' nadie!
El proceso, como tal, no es novedad. Hacienda siempre busca recuperar esos dineros que se salen del tiesto, porque al fin de cuentas, es plata de todos los contribuyentes. Imagínate, cada uno de nosotros estamos poniendo granito de arena pa’ que esto pase así, y encima nos tienen que sacar la cartera… ¡Qué vara!
Si la exfuncionaria decide hacer dedo y no cumple con el pago dentro del plazo establecido, preparémonos pa' verla peleando en la Oficina de Cobro Judicial. Ahí, el Estado puede recurrir a medidas más drásticas, como embargar sus bienes o incluso su salario. ¡Un brete el que se armó!
Expertos en derecho administrativo señalan que estos casos suelen ser complejos, y que la exfuncionaria podría argumentar que los pagos fueron correctos. Pero Hacienda está segura de su posición y no piensa ceder. Esta vainera demuestra que no importa quién seas, si te pasas de la raya, vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Se imaginan estar en su lugar?
Esta movida pone de relieve la importancia de que todos, funcionarios públicos y particulares, cumplamos con nuestras obligaciones legales y financieras. Porque al final del día, si no cuidamos el dinero público, vamos a terminar todos jodidos. ¡Es un tema que nos concierne a todos los ticos!
En fin, una situación curiosa que nos lleva a preguntarnos: ¿Debería existir una revisión más exhaustiva de los procesos de incapacidad para evitar estos inconvenientes, o creen que la exfuncionaria tiene argumentos sólidos para defenderse? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. ¡Vamos a prender la mecha!
