Maes, pónganse cómodos porque esta vara se está poniendo buena. Estamos a nada del 22 de setiembre, fecha marcada en el calendario para decidir si al presidente Rodrigo Chaves le levantan la inmunidad, y el tema central ahora es digno de una novela: ¿va a llegar o no va a llegar? El propio Chaves soltó la bomba, diciendo que tiene que “meditar” si honra con su presencia lo que él llama las “ocurrencias” de Rodrigo Arias, el presidente del Congreso. Diay, como si el panorama no estuviera ya lo suficientemente enredado.
Vamos por partes para entender el despiche. La bronca de Chaves es con las reglas del juego que le pusieron en Cuesta de Moras. Aparentemente, la jugada es así: el presi llega, tiene 30 minutos para echarse un monólogo, no puede llevar a su abogado y, para rematar, los diputados no le pueden hacer preguntas. Después de su soliloquio, se sientan y deciden. Chaves dice que eso es un irrespeto para el pueblo y un atropello a su derecho de defensa. Y bueno, sin ser abogado, la verdad es que suena a que lo están mandando a una fusilamiento verbal con las manos atadas. Según él, Arias “se pasó todos los principios legales por no sé dónde”, recordándole de paso a todo el mundo el ridículo que hizo con la renuncia fallida de Stephan Brunner, un fallo del TSE que dejó a Arias bastante salado.
Pero no nos perdamos en el show político y recordemos de dónde viene todo este enredo. El brete feo es una investigación de la Fiscalía sobre un contrato de más de $400 mil dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La acusación es que, para pegarse ese contrato, la empresa de Christian Bulgarelli (RMC La Productora, alias Nocaut) supuestamente tuvo que pasarle $32 mil a Federico “Choreco” Cruz, el amigo y asesor del presidente. ¿El supuesto motivo? Para que Choreco diera la prima de una casa. La Fiscalía alega que Chaves y su entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, fueron los que le exigieron a Bulgarelli que soltara esa plata. O sea, un supuesto “favor” a cambio de un jugoso contrato de comunicación para Casa Presidencial.
Así que el presidente se encuentra en una encrucijada. Si va al Congreso, legitima un proceso que considera viciado y se arriesga a un espectáculo político donde no tiene cómo defenderse de verdad. Pero si no va, le da a la oposición la excusa perfecta para pintarlo como alguien que le huye a la justicia, que no da la cara y que le tiene miedo al veredicto. Sería la munición ideal para sus detractores, que dirían que "el que nada debe, nada teme". Es una decisión donde, de cualquier forma, parece que va a jalarse una torta mediática. Él insiste en que no piensa en sí mismo, sino “en el pueblo de Costa Rica”, pero al final del día, su capital político es el que está en la línea de fuego.
Ahora solo queda esperar. Chaves dijo que por ahí del 19 o 20 de setiembre nos avisará qué decide. Mientras tanto, en el Congreso necesitan 38 votos para quitarle la inmunidad y que el caso avance. La pregunta del millón está en el aire y la tensión se puede cortar con un cuchillo. La decisión de Chaves no es solo sobre asistir a una cita; es una jugada de ajedrez que definirá el tono de la política nacional en los próximos meses. ¿Acto de rebeldía justificada o un cálculo político para evitar el golpe? Ustedes qué dicen, maes, ¿pura estrategia para victimizarse o de verdad tiene un punto contra las reglas del Congreso? ¿Llega o no llega? ¡Abro debate!
Vamos por partes para entender el despiche. La bronca de Chaves es con las reglas del juego que le pusieron en Cuesta de Moras. Aparentemente, la jugada es así: el presi llega, tiene 30 minutos para echarse un monólogo, no puede llevar a su abogado y, para rematar, los diputados no le pueden hacer preguntas. Después de su soliloquio, se sientan y deciden. Chaves dice que eso es un irrespeto para el pueblo y un atropello a su derecho de defensa. Y bueno, sin ser abogado, la verdad es que suena a que lo están mandando a una fusilamiento verbal con las manos atadas. Según él, Arias “se pasó todos los principios legales por no sé dónde”, recordándole de paso a todo el mundo el ridículo que hizo con la renuncia fallida de Stephan Brunner, un fallo del TSE que dejó a Arias bastante salado.
Pero no nos perdamos en el show político y recordemos de dónde viene todo este enredo. El brete feo es una investigación de la Fiscalía sobre un contrato de más de $400 mil dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La acusación es que, para pegarse ese contrato, la empresa de Christian Bulgarelli (RMC La Productora, alias Nocaut) supuestamente tuvo que pasarle $32 mil a Federico “Choreco” Cruz, el amigo y asesor del presidente. ¿El supuesto motivo? Para que Choreco diera la prima de una casa. La Fiscalía alega que Chaves y su entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, fueron los que le exigieron a Bulgarelli que soltara esa plata. O sea, un supuesto “favor” a cambio de un jugoso contrato de comunicación para Casa Presidencial.
Así que el presidente se encuentra en una encrucijada. Si va al Congreso, legitima un proceso que considera viciado y se arriesga a un espectáculo político donde no tiene cómo defenderse de verdad. Pero si no va, le da a la oposición la excusa perfecta para pintarlo como alguien que le huye a la justicia, que no da la cara y que le tiene miedo al veredicto. Sería la munición ideal para sus detractores, que dirían que "el que nada debe, nada teme". Es una decisión donde, de cualquier forma, parece que va a jalarse una torta mediática. Él insiste en que no piensa en sí mismo, sino “en el pueblo de Costa Rica”, pero al final del día, su capital político es el que está en la línea de fuego.
Ahora solo queda esperar. Chaves dijo que por ahí del 19 o 20 de setiembre nos avisará qué decide. Mientras tanto, en el Congreso necesitan 38 votos para quitarle la inmunidad y que el caso avance. La pregunta del millón está en el aire y la tensión se puede cortar con un cuchillo. La decisión de Chaves no es solo sobre asistir a una cita; es una jugada de ajedrez que definirá el tono de la política nacional en los próximos meses. ¿Acto de rebeldía justificada o un cálculo político para evitar el golpe? Ustedes qué dicen, maes, ¿pura estrategia para victimizarse o de verdad tiene un punto contra las reglas del Congreso? ¿Llega o no llega? ¡Abro debate!
