¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con el tinglado de la Caja y las cooperativas. Resulta que la Comisión Especial encargada de investigar hasta dónde llegó el meneo en la adjudicación de los Ebais se reunió después de un buen rato inactivos, y llamaron a declarar a los jefes de Coopesana, Coopesiba y Coopesain. Un verdadero brete discutir todo esto, pero ahí va la carnita asada.
Estos señores, los gerentes de las cooperativas, llegaron con toda la intención de defender sus posiciones y negar que sus ofertas para administrar esos centros de salud fueran un maje. Dicen que se apegaron a lo que les pedía la Caja, al presupuesto y al pliego de condiciones. ¡Como diciendo 'no nos pueden echar la bronca'! Se esforzaron bastante, diay.
Luis Beirute, de Coopesana, salió a la palestra explicando que sí, hubo un aumento en la oferta, pero fue a petición de la propia Caja para ampliar los servicios, atender más gente y poner la tecnología al día. Y no se quedó ahí, dijo que su propuesta, al final, le ahorraría al país unos buenos ¢2.800 millones al año. ¡Una vaina considerable, chunche!
Óscar Abellán, de Coopesiba, reforzó la idea de que sí cumplieron con todo lo que la Caja solicitó, incluso argumentando que su oferta era más económica que la que tenía la institución. Él también puso énfasis en que la caja quería ofrecer más calidad y más atención, lo que obviamente implica recursos, y que ellos se ajustaron a eso. ¡Un palo!”
Alberto Ferrero, el gerente de Coopesain, fue quien dio la lata de apuntar directamente al Área de Contabilidad de Costos de la Caja. Según él, ¡esa área impuso sus propias reglas! Dijo que ellos vieron que se les decía que había sobreprecio en algunas cosas, pero que el valor global de la oferta estaba bien. ¡Uy, qué polvoraza!
Pero la diputada María Marta Carballo, del PUSC, sacó a relucir la información que ya conocíamos: las investigaciones del Caso Barrenador sugieren que las cooperativas podrían haber estado involucradas en armar el juego a su favor. Se dice que les costó horchata conseguir que se les eligiera. Todos los gerentes negaron rotundamente esas acusaciones, jurando y perjurando que sólo presentaron objeciones durante el proceso.
Ferrero, precisamente, explicó que presentar objeciones es la única manera de influir en el pliegue de condiciones y que hicieron 286 objeciones, muchas relacionadas con la solicitud de atender un paciente más por hora. Eso, según él, iba en contra del bienestar de los pacientes, porque se estaría disminuyendo el tiempo de atención individual. Hasta quitaron esa solicitud, dicen, gracias a sus objeciones. ¡A ver si me creen!
Este caso sigue siendo una verdadera torta. La Fiscalía Anticorrupción cree que se manipularon los procesos de contratación para favorecer a ciertas cooperativas, causando pérdidas millonarias al Estado. El gobierno, por otro lado, cuestiona las detenciones y la investigación en sí. Y las cooperativas insisten en que no hicieron nada malo. ¿Será que estamos frente a una trama de corrupción gigantesca, o simplemente a un malentendido administrativo? ¿Ustedes creen que las cooperativas realmente se vieron perjudicadas por criterios burocráticos, o hay algo más detrás de todo este asunto?
Estos señores, los gerentes de las cooperativas, llegaron con toda la intención de defender sus posiciones y negar que sus ofertas para administrar esos centros de salud fueran un maje. Dicen que se apegaron a lo que les pedía la Caja, al presupuesto y al pliego de condiciones. ¡Como diciendo 'no nos pueden echar la bronca'! Se esforzaron bastante, diay.
Luis Beirute, de Coopesana, salió a la palestra explicando que sí, hubo un aumento en la oferta, pero fue a petición de la propia Caja para ampliar los servicios, atender más gente y poner la tecnología al día. Y no se quedó ahí, dijo que su propuesta, al final, le ahorraría al país unos buenos ¢2.800 millones al año. ¡Una vaina considerable, chunche!
Óscar Abellán, de Coopesiba, reforzó la idea de que sí cumplieron con todo lo que la Caja solicitó, incluso argumentando que su oferta era más económica que la que tenía la institución. Él también puso énfasis en que la caja quería ofrecer más calidad y más atención, lo que obviamente implica recursos, y que ellos se ajustaron a eso. ¡Un palo!”
Alberto Ferrero, el gerente de Coopesain, fue quien dio la lata de apuntar directamente al Área de Contabilidad de Costos de la Caja. Según él, ¡esa área impuso sus propias reglas! Dijo que ellos vieron que se les decía que había sobreprecio en algunas cosas, pero que el valor global de la oferta estaba bien. ¡Uy, qué polvoraza!
Pero la diputada María Marta Carballo, del PUSC, sacó a relucir la información que ya conocíamos: las investigaciones del Caso Barrenador sugieren que las cooperativas podrían haber estado involucradas en armar el juego a su favor. Se dice que les costó horchata conseguir que se les eligiera. Todos los gerentes negaron rotundamente esas acusaciones, jurando y perjurando que sólo presentaron objeciones durante el proceso.
Ferrero, precisamente, explicó que presentar objeciones es la única manera de influir en el pliegue de condiciones y que hicieron 286 objeciones, muchas relacionadas con la solicitud de atender un paciente más por hora. Eso, según él, iba en contra del bienestar de los pacientes, porque se estaría disminuyendo el tiempo de atención individual. Hasta quitaron esa solicitud, dicen, gracias a sus objeciones. ¡A ver si me creen!
Este caso sigue siendo una verdadera torta. La Fiscalía Anticorrupción cree que se manipularon los procesos de contratación para favorecer a ciertas cooperativas, causando pérdidas millonarias al Estado. El gobierno, por otro lado, cuestiona las detenciones y la investigación en sí. Y las cooperativas insisten en que no hicieron nada malo. ¿Será que estamos frente a una trama de corrupción gigantesca, o simplemente a un malentendido administrativo? ¿Ustedes creen que las cooperativas realmente se vieron perjudicadas por criterios burocráticos, o hay algo más detrás de todo este asunto?
