¡Ay, Dios mío! Qué bronca, ¿verdad?! Aquí estamos otra vez, lidiando con una movida que nos duele a todos los costarricenses. Un grupito de diputados, parece que viviendo en la luna, decidieron darle la espalda a la justicia ayer en la tarde. Votaron para proteger al Presidente, sacándole prácticamente la alfombra roja para que no tenga que rendir cuentas ante la Fiscalía. ¡Una verdadera vergüenza!
La jugada ocurrió durante la discusión de una moción para levantar la inmunidad presidencial. Se habló de principios, de transparencia, de fortalecer nuestras instituciones… pero al final, los números hablaron claro: la mayoría se inclinó por proteger a quien debería estar sometido a la ley como cualquier otro ciudadano. Esto, precisamente, contraviene la Constitución Política, que dice clarito que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Presidente.
Ahora, hay que entender el contexto. El Presidente lleva varios meses bajo la lupa por varias investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos gubernamentales y donaciones externas. Las acusaciones son graves y han generado mucha controversia en el país. La ciudadanía está harta de la corrupción y exige respuestas claras. Pero estos diputados, parece que prefieren tapar el sol con la mano.
Según fuentes cercanas al Congreso, la presión política fue intensa. Se rumorea que hubo promesas de favores, amenazas veladas e incluso ofertas económicas para asegurar los votos necesarios. ¡Qué cosas, mae! Una vez más, la política barata sale a relucir, poniendo en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza de la gente.
Lo que preocupa es el mensaje que esto envía a toda la sociedad. ¿Estamos diciendo que para algunos, las reglas no aplican? ¿Que los poderosos pueden escudarse en privilegios injustificados? Este tipo de acciones alimenta la percepción de que el sistema judicial está politizado y que la impunidad impera en nuestro país. Y eso, mis queridos lectores, es inaceptable.
Expertos en derecho constitucional señalan que este tipo de decisiones puede sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a futuras maniobras similares. Temen que otros funcionarios públicos, viendo este caso, piensen que pueden actuar con impunidad, sabiendo que siempre habrá alguien dispuesto a protegerlos. La democracia se construye sobre pilares sólidos, y uno de ellos es la igualdad ante la ley. Cuando se debilita ese pilar, todo el edificio corre el riesgo de derrumbarse.
Muchos ciudadanos ya se están organizando para exigir la renuncia de esos diputados traidores a la patria. Hay manifestaciones planeadas para los próximos días y se están impulsando iniciativas ciudadanas para presentar denuncias formales ante la Contraloría General de la República. Parece que la furia popular va en aumento, y con razón. Uno espera que estas acciones hagan reflexionar a las autoridades y las impulsen a reconsiderar su postura.
En fin, esta movida nos deja con una interrogante muy clara: ¿Cómo podemos construir un país donde la justicia sea ciega e imparcial si vemos cómo los propios representantes del pueblo se ponen trabas para que se haga justicia? ¿Será posible recuperar la fe en nuestras instituciones y lograr que la ley se cumpla para todos, o estamos condenados a vivir en un sistema donde unos pocos están por encima de la ley?
La jugada ocurrió durante la discusión de una moción para levantar la inmunidad presidencial. Se habló de principios, de transparencia, de fortalecer nuestras instituciones… pero al final, los números hablaron claro: la mayoría se inclinó por proteger a quien debería estar sometido a la ley como cualquier otro ciudadano. Esto, precisamente, contraviene la Constitución Política, que dice clarito que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Presidente.
Ahora, hay que entender el contexto. El Presidente lleva varios meses bajo la lupa por varias investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos gubernamentales y donaciones externas. Las acusaciones son graves y han generado mucha controversia en el país. La ciudadanía está harta de la corrupción y exige respuestas claras. Pero estos diputados, parece que prefieren tapar el sol con la mano.
Según fuentes cercanas al Congreso, la presión política fue intensa. Se rumorea que hubo promesas de favores, amenazas veladas e incluso ofertas económicas para asegurar los votos necesarios. ¡Qué cosas, mae! Una vez más, la política barata sale a relucir, poniendo en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones y la confianza de la gente.
Lo que preocupa es el mensaje que esto envía a toda la sociedad. ¿Estamos diciendo que para algunos, las reglas no aplican? ¿Que los poderosos pueden escudarse en privilegios injustificados? Este tipo de acciones alimenta la percepción de que el sistema judicial está politizado y que la impunidad impera en nuestro país. Y eso, mis queridos lectores, es inaceptable.
Expertos en derecho constitucional señalan que este tipo de decisiones puede sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a futuras maniobras similares. Temen que otros funcionarios públicos, viendo este caso, piensen que pueden actuar con impunidad, sabiendo que siempre habrá alguien dispuesto a protegerlos. La democracia se construye sobre pilares sólidos, y uno de ellos es la igualdad ante la ley. Cuando se debilita ese pilar, todo el edificio corre el riesgo de derrumbarse.
Muchos ciudadanos ya se están organizando para exigir la renuncia de esos diputados traidores a la patria. Hay manifestaciones planeadas para los próximos días y se están impulsando iniciativas ciudadanas para presentar denuncias formales ante la Contraloría General de la República. Parece que la furia popular va en aumento, y con razón. Uno espera que estas acciones hagan reflexionar a las autoridades y las impulsen a reconsiderar su postura.
En fin, esta movida nos deja con una interrogante muy clara: ¿Cómo podemos construir un país donde la justicia sea ciega e imparcial si vemos cómo los propios representantes del pueblo se ponen trabas para que se haga justicia? ¿Será posible recuperar la fe en nuestras instituciones y lograr que la ley se cumpla para todos, o estamos condenados a vivir en un sistema donde unos pocos están por encima de la ley?
