Mae, a veces uno lee noticias que parecen un chiste de mal gusto, pero luego se da cuenta de que son dolorosamente reales y pasan aquí, en nuestra querida Costa Rica. Agárrense de la silla porque esta vara está buena. Resulta que el Partido Pueblo Soberano (PPSO), el nuevo vehículo político del oficialismo, nos presenta a su candidato estrella por Alajuela: José Miguel Villalobos Umaña. Y no es cualquier pelagatos, es el abogado personal del presidente Chaves en el caso del BCIE, puesto de frente en la papeleta, con todas las de ganar. ¿El problema? El currículum del señor parece un manual de cómo coleccionar banderas rojas.
Empecemos por lo que nos duele a todos: la Caja. Mientras a cualquier emprendedor o trabajador independiente lo persiguen hasta por un cinco, Villalobos le debe a la CCSS la módica suma de... ¡más de 307 millones de colones! Y no, no es un despiste. La deuda está en cobro judicial. Lo más increíble es que, cuando se le preguntó hace un año, el mae dijo campante que no pensaba pagar y que prefería irse a juicio. ¡Qué torta! O sea, aspira a hacer las leyes del país, pero las obligaciones más básicas con la seguridad social de todos los ticos parece que no van con él. Es un nivel de descaro que de verdad sorprende.
Pero si creían que el despiche terminaba ahí, ni se imaginan. El señor Villalobos también tiene un brete bastante particular: es el abogado defensor de José Giovanni Segura Angulo, señalado como el presunto cabecilla de una de las redes de lavado de dinero más grandes de la historia del país, ligada al narco. Y aquí es donde la vara se pone todavía más turbia. El mismo presidente que se llena la boca criticando a los abogados penalistas y tildándolos de "dar abrazos a los que dan balazos", tiene a su abogado personal, ahora candidato estrella, defendiendo a un presunto pez gordísimo. La hipocresía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo.
Y por si fuera poco, su historial profesional es para sentarse a llorar. Fue separado de un juicio tan mediático como el de la Trocha Fronteriza por "abandono de defensa", básicamente por dejar a sus clientes guindando. A eso súmenle un rosario de broncas en el Colegio de Abogados, con suspensiones y hasta denuncias de clientes que lo acusan de estafa, pidiéndole que devuelva miles de dólares por trabajos que, según ellos, nunca hizo. O sea, estamos hablando de un candidato con serios cuestionamientos éticos y profesionales por donde se le mire.
La cereza del pastel, claro, es su participación como uno de los cerebros detrás de la fallida "Ley Jaguar", ese chunche con el que el Gobierno intentó meterle un hachazo a la Contraloría. Así que, en resumen, tenemos a un candidato con una deuda millonaria con la Caja, defensor de un presunto narco, con un historial de sanciones profesionales y arquitecto de una ley antidemocrática, todo con la bendición del partido de gobierno. Diay, maes, la pregunta del millón es: ¿Qué les parece a ustedes? ¿De verdad este es el calibre de gente que queremos mandando en la Asamblea? ¿O es que ya la política tica es un "sálvese quien pueda" y se vale todo?
Empecemos por lo que nos duele a todos: la Caja. Mientras a cualquier emprendedor o trabajador independiente lo persiguen hasta por un cinco, Villalobos le debe a la CCSS la módica suma de... ¡más de 307 millones de colones! Y no, no es un despiste. La deuda está en cobro judicial. Lo más increíble es que, cuando se le preguntó hace un año, el mae dijo campante que no pensaba pagar y que prefería irse a juicio. ¡Qué torta! O sea, aspira a hacer las leyes del país, pero las obligaciones más básicas con la seguridad social de todos los ticos parece que no van con él. Es un nivel de descaro que de verdad sorprende.
Pero si creían que el despiche terminaba ahí, ni se imaginan. El señor Villalobos también tiene un brete bastante particular: es el abogado defensor de José Giovanni Segura Angulo, señalado como el presunto cabecilla de una de las redes de lavado de dinero más grandes de la historia del país, ligada al narco. Y aquí es donde la vara se pone todavía más turbia. El mismo presidente que se llena la boca criticando a los abogados penalistas y tildándolos de "dar abrazos a los que dan balazos", tiene a su abogado personal, ahora candidato estrella, defendiendo a un presunto pez gordísimo. La hipocresía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo.
Y por si fuera poco, su historial profesional es para sentarse a llorar. Fue separado de un juicio tan mediático como el de la Trocha Fronteriza por "abandono de defensa", básicamente por dejar a sus clientes guindando. A eso súmenle un rosario de broncas en el Colegio de Abogados, con suspensiones y hasta denuncias de clientes que lo acusan de estafa, pidiéndole que devuelva miles de dólares por trabajos que, según ellos, nunca hizo. O sea, estamos hablando de un candidato con serios cuestionamientos éticos y profesionales por donde se le mire.
La cereza del pastel, claro, es su participación como uno de los cerebros detrás de la fallida "Ley Jaguar", ese chunche con el que el Gobierno intentó meterle un hachazo a la Contraloría. Así que, en resumen, tenemos a un candidato con una deuda millonaria con la Caja, defensor de un presunto narco, con un historial de sanciones profesionales y arquitecto de una ley antidemocrática, todo con la bendición del partido de gobierno. Diay, maes, la pregunta del millón es: ¿Qué les parece a ustedes? ¿De verdad este es el calibre de gente que queremos mandando en la Asamblea? ¿O es que ya la política tica es un "sálvese quien pueda" y se vale todo?
