Maes, agárrense porque esta vara está para sentarse a analizarla con calma. Resulta que, una vez más, el presupuesto nacional viene con una sorpresa que ya ni sorprende: al Gobierno se le “olvidó” girarle la plata que por ley le toca a las Asociaciones de Desarrollo. Y no hablamos de unos cuantos colones para la rifa del barrio, no. Estamos hablando de un faltante de más de ¢32 mil millones. Así como lo leen. Según la ley, a estas organizaciones les corresponde el 2% de lo que se recoge del Impuesto de Renta, que serían más de ¢40 mil millones. ¿Y cuánto les presupuestaron para el 2026? Apenas ¢8 mil millones. ¡Qué despiche!
Para los que no están muy metidos en el tema, las Asociaciones de Desarrollo son ese chunche que hace que las cosas pasen en nuestras comunidades. Son las que se la juegan para arreglar el parque, construir el salón comunal, meterle presión a la muni para que arregle una calle o hasta organizar la feria para recoger fondos. Son, en resumen, el motorcito que hace el brete que a menudo las instituciones más grandes no ven o no les da la gana de hacer. El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, lo dijo clarito: el impacto que logran estas asociaciones es súper efectivo porque están ahí, en la pura comunidad, viendo las necesidades de primera mano. La vara es que con las uñas no se puede construir un puente, y sin recursos, ese motorcito se queda sin gasolina.
Lo más increíble de todo es la respuesta oficial. Cuando le preguntaron a Roberto Alvarado, el director de Dinadeco (la entidad que coordina todo esto), básicamente dijo que sí, que saben que están incumpliendo la ley y que la respuesta es la misma del año pasado. O sea, casi que le faltó encogerse de hombros y decir “diay, es lo que hay”. Es una normalización del incumplimiento que ya asusta. Admiten el hueco financiero sin el más mínimo intento de justificar un plan para cerrarlo a futuro. El Gobierno se está jalando una torta monumental y la respuesta es un “sí, lo sabemos, siguiente pregunta”. Esta actitud es la que más frustra, porque demuestra que el desarrollo comunal, el de a pie, no parece ser una prioridad en la lista de pendientes.
Y para ponerle la cereza al pastel, Alvarado menciona que han hecho “1500 visitas” para explicarle a las asociaciones cómo funcionan los sistemas para pedir proyectos. ¡Qué nivel de ironía! En lugar de soltar la plata que la ley les exige, se dedican a dar capacitaciones sobre cómo pedir una plata que, en su mayoría, no existe en el presupuesto. Es como enseñarle a alguien a pescar en un río seco. Se gasta tiempo y recursos en la burocracia del proceso, mientras el problema de fondo —la falta de harina— sigue ahí, intacto y creciendo. Uno se pregunta si de verdad creen que con un PowerPoint se tapan las goteras de un salón comunal o se compra el material para la acera que necesita la escuela.
Al final, este no es un problema nuevo; es un incumplimiento histórico que gobierno tras gobierno patea para adelante. Pero cada año que pasa, son más las necesidades que se acumulan en los barrios y menos los recursos para atenderlas. La ley no es una sugerencia, es un mandato. Dejar a las comunidades sin ese dinero es condenarlas a un rezago que luego cuesta el doble o el triple solucionar. Así que, maes, la pregunta queda en el aire y es para que la discutamos en el foro: ¿Qué creen que hay detrás de esto? ¿Es pura negligencia, un desinterés total por el desarrollo local o es que la cobija fiscal de verdad ya no alcanza para tapar a todo el mundo? ¿Cómo le está afectando esta situación a su comunidad? ¡Los leo!
Para los que no están muy metidos en el tema, las Asociaciones de Desarrollo son ese chunche que hace que las cosas pasen en nuestras comunidades. Son las que se la juegan para arreglar el parque, construir el salón comunal, meterle presión a la muni para que arregle una calle o hasta organizar la feria para recoger fondos. Son, en resumen, el motorcito que hace el brete que a menudo las instituciones más grandes no ven o no les da la gana de hacer. El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, lo dijo clarito: el impacto que logran estas asociaciones es súper efectivo porque están ahí, en la pura comunidad, viendo las necesidades de primera mano. La vara es que con las uñas no se puede construir un puente, y sin recursos, ese motorcito se queda sin gasolina.
Lo más increíble de todo es la respuesta oficial. Cuando le preguntaron a Roberto Alvarado, el director de Dinadeco (la entidad que coordina todo esto), básicamente dijo que sí, que saben que están incumpliendo la ley y que la respuesta es la misma del año pasado. O sea, casi que le faltó encogerse de hombros y decir “diay, es lo que hay”. Es una normalización del incumplimiento que ya asusta. Admiten el hueco financiero sin el más mínimo intento de justificar un plan para cerrarlo a futuro. El Gobierno se está jalando una torta monumental y la respuesta es un “sí, lo sabemos, siguiente pregunta”. Esta actitud es la que más frustra, porque demuestra que el desarrollo comunal, el de a pie, no parece ser una prioridad en la lista de pendientes.
Y para ponerle la cereza al pastel, Alvarado menciona que han hecho “1500 visitas” para explicarle a las asociaciones cómo funcionan los sistemas para pedir proyectos. ¡Qué nivel de ironía! En lugar de soltar la plata que la ley les exige, se dedican a dar capacitaciones sobre cómo pedir una plata que, en su mayoría, no existe en el presupuesto. Es como enseñarle a alguien a pescar en un río seco. Se gasta tiempo y recursos en la burocracia del proceso, mientras el problema de fondo —la falta de harina— sigue ahí, intacto y creciendo. Uno se pregunta si de verdad creen que con un PowerPoint se tapan las goteras de un salón comunal o se compra el material para la acera que necesita la escuela.
Al final, este no es un problema nuevo; es un incumplimiento histórico que gobierno tras gobierno patea para adelante. Pero cada año que pasa, son más las necesidades que se acumulan en los barrios y menos los recursos para atenderlas. La ley no es una sugerencia, es un mandato. Dejar a las comunidades sin ese dinero es condenarlas a un rezago que luego cuesta el doble o el triple solucionar. Así que, maes, la pregunta queda en el aire y es para que la discutamos en el foro: ¿Qué creen que hay detrás de esto? ¿Es pura negligencia, un desinterés total por el desarrollo local o es que la cobija fiscal de verdad ya no alcanza para tapar a todo el mundo? ¿Cómo le está afectando esta situación a su comunidad? ¡Los leo!
