Mae, póngale atención a esta vara porque se las trae. Resulta que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley, impulsado por el Frente Amplio, que busca darle a la gente de Tributación una especie de llave maestra para meter las narices en nuestras cuentas bancarias. La idea, en papel, es facilitar la cacería de evasores fiscales. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, y parece que con este plan se podrían estar jalando una torta de dimensiones épicas.
El proyecto, que se está discutiendo en el expediente 24.657, propone algo que suena bastante denso: que las entidades financieras tengan que soltarle a Hacienda toda la información de sus clientes que sea "previsiblemente pertinente". Y para que no quede duda, le ponen un plazo de 10 días para entregarla. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y empieza el despiche. La propuesta elimina de un plumazo el requisito actual de que un juez autorice semejante revisión. O sea, en español tico: vía libre para que Hacienda pida sus datos de forma automática y periódica, sin que un poder independiente le ponga un freno o supervise que no se estén pasando de la raya.
Como era de esperarse, este plan ya hizo que más de uno pegara el grito en el cielo. La primera en levantar la mano fue, ni más ni menos, que la Procuraduría General de la República (PGR), que para efectos prácticos es el abogado del Estado. En un dictamen que es básicamente una tarjeta amarilla directa, la PGR le advirtió a los diputados que la iniciativa choca de frente con un pez gordo de nuestra Constitución: el artículo 24. Ese es el que nos protege la intimidad, el secreto de las comunicaciones y, por extensión, nuestros datos más privados. La Procuraduría lo dijo con todas las letras: eliminar el control judicial podría llevar a "excesos" que vulneren nuestros derechos fundamentales. ¡Qué sal!
Y si usted está pensando "mae, esta vara ya la he escuchado antes", ¡bingo! No es la primera vez que vemos un intento por relajar el secreto bancario con la excusa de los fines tributarios. Tanto el Frente Amplio como el PAC han presentado ideas similares en el pasado, y en cada ocasión, la advertencia sobre los portillos peligrosos que se podrían abrir ha sido la misma. Es la misma película, pero con diferente número de expediente. La propuesta actual no solo autoriza los requerimientos, sino que también le pone una "multita" a los bancos que no cumplan: un 2% de sus ingresos brutos. Un incentivo bastante pesado para que nadie se ponga creativo y decida proteger a sus clientes.
Al final, estamos ante el clásico choque de trenes: la necesidad legítima del Estado de recaudar impuestos y combatir la evasión contra el derecho fundamental de todos a la privacidad. Aquí la pregunta del millón es... ¿hasta dónde llega el poder de Hacienda? ¿Se justifica pasarle por encima a un control judicial, que es una garantía básica en una democracia, con tal de perseguir evasores? O, diay, ¿estamos abriendo un portillo para que se arme un despiche con el manejo de nuestra información más sensible? Abro el micrófono, maes. ¿Qué opinan ustedes de este brete?
El proyecto, que se está discutiendo en el expediente 24.657, propone algo que suena bastante denso: que las entidades financieras tengan que soltarle a Hacienda toda la información de sus clientes que sea "previsiblemente pertinente". Y para que no quede duda, le ponen un plazo de 10 días para entregarla. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y empieza el despiche. La propuesta elimina de un plumazo el requisito actual de que un juez autorice semejante revisión. O sea, en español tico: vía libre para que Hacienda pida sus datos de forma automática y periódica, sin que un poder independiente le ponga un freno o supervise que no se estén pasando de la raya.
Como era de esperarse, este plan ya hizo que más de uno pegara el grito en el cielo. La primera en levantar la mano fue, ni más ni menos, que la Procuraduría General de la República (PGR), que para efectos prácticos es el abogado del Estado. En un dictamen que es básicamente una tarjeta amarilla directa, la PGR le advirtió a los diputados que la iniciativa choca de frente con un pez gordo de nuestra Constitución: el artículo 24. Ese es el que nos protege la intimidad, el secreto de las comunicaciones y, por extensión, nuestros datos más privados. La Procuraduría lo dijo con todas las letras: eliminar el control judicial podría llevar a "excesos" que vulneren nuestros derechos fundamentales. ¡Qué sal!
Y si usted está pensando "mae, esta vara ya la he escuchado antes", ¡bingo! No es la primera vez que vemos un intento por relajar el secreto bancario con la excusa de los fines tributarios. Tanto el Frente Amplio como el PAC han presentado ideas similares en el pasado, y en cada ocasión, la advertencia sobre los portillos peligrosos que se podrían abrir ha sido la misma. Es la misma película, pero con diferente número de expediente. La propuesta actual no solo autoriza los requerimientos, sino que también le pone una "multita" a los bancos que no cumplan: un 2% de sus ingresos brutos. Un incentivo bastante pesado para que nadie se ponga creativo y decida proteger a sus clientes.
Al final, estamos ante el clásico choque de trenes: la necesidad legítima del Estado de recaudar impuestos y combatir la evasión contra el derecho fundamental de todos a la privacidad. Aquí la pregunta del millón es... ¿hasta dónde llega el poder de Hacienda? ¿Se justifica pasarle por encima a un control judicial, que es una garantía básica en una democracia, con tal de perseguir evasores? O, diay, ¿estamos abriendo un portillo para que se arme un despiche con el manejo de nuestra información más sensible? Abro el micrófono, maes. ¿Qué opinan ustedes de este brete?
