Mae, en serio, pónganse a pensar en esto por un segundo. Uno se levanta, se hace un cafecito, putea por las presas de la General Cañas y sigue con su vida, todo mientras, literalmente, podría estar viviendo encima de una bomba de tiempo. Esa es la vara que acaban de destapar en Río Segundo de Alajuela. No estamos hablando de un robuchelo cualquiera; estamos hablando de una operación clandestina que tenía a un barrio entero guindando de un hilo, con el riesgo de una explosión que ni en las películas.
Y es que aquí es donde la mandíbula se le cae a uno al piso. Según el OIJ y Recope, esta gente no se andaba con poquitas. Entre marzo y mayo se robaron casi 285,000 litros de combustible. Para que se hagan una idea, eso es el equivalente a nueve cisternas llenos hasta el tope. ¡Nueve! Esto no era un mae con un balde; era una red organizada que montó su "brete" debajo de las casas de familias, chiquitos y adultos mayores. Todo el combustible lo guardaban en una choza sin la más mínima medida de seguridad. ¡Qué carga de descaro y qué nivel de irresponsabilidad! El negocio criminal se les fue al traste, por dicha, pero el susto que queda es monumental.
La presidenta de Recope lo dijo clarito: "el robo de combustible ya no es un delito silencioso". Y tiene toda la boca llena de razón. Una chispa, una fuga, un chunche mal conectado y ¡PUM! Adiós barrio. Imagínense la torta que se hubiera armado. Es jugar a la ruleta rusa con la vida de cientos de personas que ni siquiera sabían que estaban en el juego. Y todo por un negocio que, por cierto, les estaba dejando más de 100 millones de colones de ganancia a costillas de nuestra seguridad y de las finanzas de una empresa que, al final del día, somos todos nosotros.
Diay, y aquí es donde la vara se pone más densa y frustrante. El operativo fue un éxito, un aplauso para el equipo de Recope que le siguió la pista por cinco meses y para el OIJ y los demás cuerpos policiales. Se movieron gracias a las alertas del mismo poliducto y, ojo a esto, a una denuncia confidencial. Un valiente que vio algo y no se quedó callado. Pero, ¿qué pasa después? Desde que se aprobó la ley en 2020, Recope ha puesto 848 denuncias por este delito. ¿Saben cuántas condenas hay? Cincuenta y siete. 57. Mae, la matemática no da. Se destapa un despiche de este calibre, pero el sistema parece no tener la fuerza para castigarlo como se debe.
Al final, la sensación que queda es agridulce. Por un lado, un alivio enorme de que esta bomba de tiempo fuera desactivada. Un buen brete de investigación que evitó una tragedia. Pero por otro, queda la preocupación de fondo. Si esta gente estuvo operando por meses a esa escala, ¿cuántos otros puntos calientes habrá en los 415 kilómetros de poliducto que atraviesan el país? ¿Estamos realmente seguros? Más allá del susto, ¿qué creen que dice esto de nosotros? ¿Estamos normalizando que unos vivos pongan en jaque a comunidades enteras por llenarse los bolsillos, mientras la justicia parece que anda en otras? ¿O fue pura sal de los maes y un buen brete de las autoridades? Los leo.
Y es que aquí es donde la mandíbula se le cae a uno al piso. Según el OIJ y Recope, esta gente no se andaba con poquitas. Entre marzo y mayo se robaron casi 285,000 litros de combustible. Para que se hagan una idea, eso es el equivalente a nueve cisternas llenos hasta el tope. ¡Nueve! Esto no era un mae con un balde; era una red organizada que montó su "brete" debajo de las casas de familias, chiquitos y adultos mayores. Todo el combustible lo guardaban en una choza sin la más mínima medida de seguridad. ¡Qué carga de descaro y qué nivel de irresponsabilidad! El negocio criminal se les fue al traste, por dicha, pero el susto que queda es monumental.
La presidenta de Recope lo dijo clarito: "el robo de combustible ya no es un delito silencioso". Y tiene toda la boca llena de razón. Una chispa, una fuga, un chunche mal conectado y ¡PUM! Adiós barrio. Imagínense la torta que se hubiera armado. Es jugar a la ruleta rusa con la vida de cientos de personas que ni siquiera sabían que estaban en el juego. Y todo por un negocio que, por cierto, les estaba dejando más de 100 millones de colones de ganancia a costillas de nuestra seguridad y de las finanzas de una empresa que, al final del día, somos todos nosotros.
Diay, y aquí es donde la vara se pone más densa y frustrante. El operativo fue un éxito, un aplauso para el equipo de Recope que le siguió la pista por cinco meses y para el OIJ y los demás cuerpos policiales. Se movieron gracias a las alertas del mismo poliducto y, ojo a esto, a una denuncia confidencial. Un valiente que vio algo y no se quedó callado. Pero, ¿qué pasa después? Desde que se aprobó la ley en 2020, Recope ha puesto 848 denuncias por este delito. ¿Saben cuántas condenas hay? Cincuenta y siete. 57. Mae, la matemática no da. Se destapa un despiche de este calibre, pero el sistema parece no tener la fuerza para castigarlo como se debe.
Al final, la sensación que queda es agridulce. Por un lado, un alivio enorme de que esta bomba de tiempo fuera desactivada. Un buen brete de investigación que evitó una tragedia. Pero por otro, queda la preocupación de fondo. Si esta gente estuvo operando por meses a esa escala, ¿cuántos otros puntos calientes habrá en los 415 kilómetros de poliducto que atraviesan el país? ¿Estamos realmente seguros? Más allá del susto, ¿qué creen que dice esto de nosotros? ¿Estamos normalizando que unos vivos pongan en jaque a comunidades enteras por llenarse los bolsillos, mientras la justicia parece que anda en otras? ¿O fue pura sal de los maes y un buen brete de las autoridades? Los leo.
