A ver, maes, seamos honestos. ¿Quién no ha escuchado la historia de terror de un familiar o un compa que lleva meses, si no años, esperando una cita con un especialista de la Caja? Uno escucha eso y piensa: "diay, seguro no hay suficientes doctores". Pero la vara, como casi siempre en este país, es mucho más enredada. La Contraloría General de la República (CGR) acaba de soltar un informe que, en buen tico, les pega un manotazo en la mesa al Ministerio de Salud y a la Caja. La conclusión es clara y nos afecta a todos: la planificación y distribución de médicos especialistas en Costa Rica es un despiche monumental.
El meollo del asunto, y donde uno de verdad dice "¡qué sal!", es la desigualdad geográfica. El informe de la CGR es lapidario: un increíble 56% de todo el personal médico especialista de la CCSS está parqueado en la Gran Área Metropolitana. ¡Más de la mitad! O sea, si usted tiene la suerte de vivir en Chepe, Heredia, Cartago o Alajuela, pues tiene más chance de que lo vea un cardiólogo o un neurólogo. Pero si su cédula dice que es de Limón, Puntarenas, Guanacaste o la Zona Sur, le toca jugar en modo difícil. Los hospitales regionales y periféricos, según la Contraloría, no superan ni el 74% de la cobertura que deberían tener según su nivel. Eso se traduce en listas de espera que parecen sacadas de una novela de realismo mágico y en gente que tiene que pegarse viajes larguísimos, gastando plata que no tiene, solo para una consulta.
Y aquí es donde la cosa se pone aún más frustrante, porque uno se pregunta: ¿cómo es posible que llegáramos a esto? ¿Nadie está llevando las cuentas? Pues, parece que no. Según la CGR, tanto el Ministerio como la Caja se jalaron una torta de planificación que roza lo absurdo. El Ministerio de Salud, que debería ser el cerebro de la operación, "carece de una base técnica para estimar las necesidades del país". O sea, están decidiendo a ciegas, sin usar datos tan básicos como los perfiles de enfermedades de cada zona (criterios epidemiológicos) o cuánta gente vive ahí. Por su parte, la Caja tampoco se queda atrás: no tienen una metodología clara para proyectar cuántos especialistas van a necesitar a futuro ni un modelo técnico para decidir dónde ponerlos. Las decisiones se toman sin un norte, y el resultado es este caos centralizado.
Para echarle más leña al fuego, el informe revela otros dos datos que son para sentarse a llorar. Primero, un 22% de los especialistas, que son exactamente 505 médicos, trabajan con jornada reducida. ¡Quinientos cinco! En un país con una necesidad tan grande, tener a una quinta parte del personal clave breteando menos horas por las razones que sean, limita todavía más la capacidad de atención. Segundo, la Contraloría concluye que todo este desorden no solo es ineficiente, sino que incumple las normas y los marcos técnicos. En otras palabras, no es solo un mal plan, es que el plan actual directamente se va al traste con lo que la ley y la técnica exigen para garantizar un acceso equitativo a la salud.
Al final del día, esto no es solo un regaño de la Contraloría o un montón de números en un papel. Esta es la realidad de miles de ticos. Es la abuelita en Nicoya que no puede ver al reumatólogo, es el trabajador en Limón esperando una cirugía que nunca llega, es la frustración de sentir que el sistema de salud, ese del que tan orgullosos hemos estado, nos está fallando. No es una vara de mala suerte, es una consecuencia directa de la desidia y la falta de planificación en los niveles más altos. El diagnóstico está hecho y es grave. Ahora la pregunta es quién le pone el cascabel al gato.
Maes, la pregunta del millón es: ¿Qué hacemos? ¿Es un problema de plata, de pura desidia administrativa o de un modelo que simplemente ya no da para más? ¿Cómo le metemos presión a la Caja y al Ministerio para que se pongan las pilas con este tema antes de que sea tarde? Los leo.
El meollo del asunto, y donde uno de verdad dice "¡qué sal!", es la desigualdad geográfica. El informe de la CGR es lapidario: un increíble 56% de todo el personal médico especialista de la CCSS está parqueado en la Gran Área Metropolitana. ¡Más de la mitad! O sea, si usted tiene la suerte de vivir en Chepe, Heredia, Cartago o Alajuela, pues tiene más chance de que lo vea un cardiólogo o un neurólogo. Pero si su cédula dice que es de Limón, Puntarenas, Guanacaste o la Zona Sur, le toca jugar en modo difícil. Los hospitales regionales y periféricos, según la Contraloría, no superan ni el 74% de la cobertura que deberían tener según su nivel. Eso se traduce en listas de espera que parecen sacadas de una novela de realismo mágico y en gente que tiene que pegarse viajes larguísimos, gastando plata que no tiene, solo para una consulta.
Y aquí es donde la cosa se pone aún más frustrante, porque uno se pregunta: ¿cómo es posible que llegáramos a esto? ¿Nadie está llevando las cuentas? Pues, parece que no. Según la CGR, tanto el Ministerio como la Caja se jalaron una torta de planificación que roza lo absurdo. El Ministerio de Salud, que debería ser el cerebro de la operación, "carece de una base técnica para estimar las necesidades del país". O sea, están decidiendo a ciegas, sin usar datos tan básicos como los perfiles de enfermedades de cada zona (criterios epidemiológicos) o cuánta gente vive ahí. Por su parte, la Caja tampoco se queda atrás: no tienen una metodología clara para proyectar cuántos especialistas van a necesitar a futuro ni un modelo técnico para decidir dónde ponerlos. Las decisiones se toman sin un norte, y el resultado es este caos centralizado.
Para echarle más leña al fuego, el informe revela otros dos datos que son para sentarse a llorar. Primero, un 22% de los especialistas, que son exactamente 505 médicos, trabajan con jornada reducida. ¡Quinientos cinco! En un país con una necesidad tan grande, tener a una quinta parte del personal clave breteando menos horas por las razones que sean, limita todavía más la capacidad de atención. Segundo, la Contraloría concluye que todo este desorden no solo es ineficiente, sino que incumple las normas y los marcos técnicos. En otras palabras, no es solo un mal plan, es que el plan actual directamente se va al traste con lo que la ley y la técnica exigen para garantizar un acceso equitativo a la salud.
Al final del día, esto no es solo un regaño de la Contraloría o un montón de números en un papel. Esta es la realidad de miles de ticos. Es la abuelita en Nicoya que no puede ver al reumatólogo, es el trabajador en Limón esperando una cirugía que nunca llega, es la frustración de sentir que el sistema de salud, ese del que tan orgullosos hemos estado, nos está fallando. No es una vara de mala suerte, es una consecuencia directa de la desidia y la falta de planificación en los niveles más altos. El diagnóstico está hecho y es grave. Ahora la pregunta es quién le pone el cascabel al gato.
Maes, la pregunta del millón es: ¿Qué hacemos? ¿Es un problema de plata, de pura desidia administrativa o de un modelo que simplemente ya no da para más? ¿Cómo le metemos presión a la Caja y al Ministerio para que se pongan las pilas con este tema antes de que sea tarde? Los leo.
