¡Qué despiche, maes! Cuando uno pensaba que el ambiente político no se podía poner más denso, la Asamblea Legislativa nos recuerda que siempre hay espacio para un nuevo capítulo en el drama nacional. La vara ahora es que el presidente Rodrigo Chaves tendrá que ir a sentarse frente a los diputados para pulsearla y defender su inmunidad. Y no va solo, lo acompañan en esta bronca el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y hasta el propio Fiscal General, Carlo Díaz, fue llamado a la fiesta. Esto no es un cafecito para hablar del clima, es una audiencia formal que podría terminar con el Presidente enfrentando un proceso penal. ¡Ahí, para que vean cómo está el arroz!
Pongamos las cartas sobre la mesa para entender el enredo. Una comisión especial del Congreso, compuesta por tres diputados que de fijo no se van con rodeos —Andrea Álvarez del PLN, Rocío Alfaro del Frente Amplio y Daniel Vargas del PPSD—, tiene el brete de analizar la solicitud de la Fiscalía. La acusación es por el presunto delito de concusión. En tico sencillo: se investiga si Chaves y su ministro de Cultura básicamente le dijeron al empresario Christian Bulgarelli: "Mae, si quiere este contrato de comunicación de $400 mil y pico, primero tiene que pagarle $32 mil a mi asesor de confianza, Federico ‘Choreco’ Cruz". Si eso se prueba, es una torta monumental.
Diay, aquí es donde se pone bueno el culebrón. El Fiscal General, Carlo Díaz, no solo mandó el expediente, sino que ahora tendrá que ir él mismo a la Asamblea a sustentar por qué cree que el Presidente y el Ministro se jalaron esa torta. Es un movimiento de ajedrez político de alto calibre. Por un lado, Chaves tendrá la oportunidad, por primera vez, de dar su versión de los hechos directamente y sin intermediarios. Por otro, se expone a un interrogatorio que podría ser brutal y que, de salir mal, le podría costar carísimo en términos de imagen pública y, por supuesto, legalmente.
El mecanismo es claro, pero el tiempo es corto. La comisión tiene apenas 20 días hábiles para escuchar a todo el mundo, analizar las pruebas y redactar un informe que le dirá al resto de los 57 diputados: "¿Saben qué? Creemos que sí hay mérito para levantarle la inmunidad" o "No, aquí no hay nada que ver". Ese informe no es vinculante, pero pesa un montón. La decisión final la tomará el plenario legislativo, y para eso se necesita una mayoría calificada. Para agregarle más estrés al asunto, la comisión solo se podrá reunir los viernes, porque de lunes a jueves el plenario está hasta el cuello discutiendo otros chunches urgentes como las jornadas 4-3.
Honestamente, el Presidente está un poco salado. Todo este escándalo explota en un momento en que su gobierno intenta empujar proyectos clave. Ver al mandatario y a uno de sus ministros desfilando por el Congreso para defenderse de una acusación de este calibre no es precisamente la mejor publicidad. Es una distracción masiva y un golpe directo a su narrativa de lucha contra la corrupción. Si la jugada le sale mal en la Asamblea, todo el castillo de naipes se le puede ir al traste, afectando no solo su legado, sino la gobernabilidad del país en lo que le resta de mandato.
Al final, más allá del resultado legal, esto es un termómetro político. Veremos la capacidad de negociación del Gobierno, la unidad (o falta de ella) en la oposición y, sobre todo, si el teflón que ha caracterizado al Presidente aguanta este tipo de calor. La pregunta del millón para el foro es: ¿Creen ustedes que esto es solo un show político más que se va a diluir con el tiempo, o realmente estamos ante un caso con el potencial de quitarle la inmunidad a un presidente en funciones por primera vez en décadas? ¿Qué creen que va a pasar con toda esta vara?
Pongamos las cartas sobre la mesa para entender el enredo. Una comisión especial del Congreso, compuesta por tres diputados que de fijo no se van con rodeos —Andrea Álvarez del PLN, Rocío Alfaro del Frente Amplio y Daniel Vargas del PPSD—, tiene el brete de analizar la solicitud de la Fiscalía. La acusación es por el presunto delito de concusión. En tico sencillo: se investiga si Chaves y su ministro de Cultura básicamente le dijeron al empresario Christian Bulgarelli: "Mae, si quiere este contrato de comunicación de $400 mil y pico, primero tiene que pagarle $32 mil a mi asesor de confianza, Federico ‘Choreco’ Cruz". Si eso se prueba, es una torta monumental.
Diay, aquí es donde se pone bueno el culebrón. El Fiscal General, Carlo Díaz, no solo mandó el expediente, sino que ahora tendrá que ir él mismo a la Asamblea a sustentar por qué cree que el Presidente y el Ministro se jalaron esa torta. Es un movimiento de ajedrez político de alto calibre. Por un lado, Chaves tendrá la oportunidad, por primera vez, de dar su versión de los hechos directamente y sin intermediarios. Por otro, se expone a un interrogatorio que podría ser brutal y que, de salir mal, le podría costar carísimo en términos de imagen pública y, por supuesto, legalmente.
El mecanismo es claro, pero el tiempo es corto. La comisión tiene apenas 20 días hábiles para escuchar a todo el mundo, analizar las pruebas y redactar un informe que le dirá al resto de los 57 diputados: "¿Saben qué? Creemos que sí hay mérito para levantarle la inmunidad" o "No, aquí no hay nada que ver". Ese informe no es vinculante, pero pesa un montón. La decisión final la tomará el plenario legislativo, y para eso se necesita una mayoría calificada. Para agregarle más estrés al asunto, la comisión solo se podrá reunir los viernes, porque de lunes a jueves el plenario está hasta el cuello discutiendo otros chunches urgentes como las jornadas 4-3.
Honestamente, el Presidente está un poco salado. Todo este escándalo explota en un momento en que su gobierno intenta empujar proyectos clave. Ver al mandatario y a uno de sus ministros desfilando por el Congreso para defenderse de una acusación de este calibre no es precisamente la mejor publicidad. Es una distracción masiva y un golpe directo a su narrativa de lucha contra la corrupción. Si la jugada le sale mal en la Asamblea, todo el castillo de naipes se le puede ir al traste, afectando no solo su legado, sino la gobernabilidad del país en lo que le resta de mandato.
Al final, más allá del resultado legal, esto es un termómetro político. Veremos la capacidad de negociación del Gobierno, la unidad (o falta de ella) en la oposición y, sobre todo, si el teflón que ha caracterizado al Presidente aguanta este tipo de calor. La pregunta del millón para el foro es: ¿Creen ustedes que esto es solo un show político más que se va a diluir con el tiempo, o realmente estamos ante un caso con el potencial de quitarle la inmunidad a un presidente en funciones por primera vez en décadas? ¿Qué creen que va a pasar con toda esta vara?
