Maes, a ver si entiendo esta vara, porque entre más uno lee, más se enreda. Resulta que en el 2020, unos altos jerarcas del Banco de Costa Rica y su subsidiaria, la BCR SAFI, se jalaron una torta monumental. Agarraron $70 millones de un fondo de inversión —plata de un montón de gente, incluyendo fondos de pensiones— y compraron una propiedad llamada Parque Empresarial del Pacífico (PEP). El problema es que pagaron $70 millones por algo que hoy vale menos de la mitad, y que en su momento eran prácticamente unos galerones sin terminar. Las fotos no mienten: no había ni permisos clave, ni acceso decente, ni sistemas contra incendios. Un negocio que, viéndolo bien, olía a quemado desde el primer día.
Y aquí es donde el despiche se pone bueno. La Superintendencia de Valores (Sugeval), que es como el profe que se da cuenta de la trampa, les cayó encima. Les dijo: "un momentito, ustedes hicieron un mal negocio con plata ajena, ahora me hacen el favor y la reponen". La orden fue clara: el BCR tiene que sacar $70 millones de sus propias arcas (o sea, de fondos públicos, de nuestra plata) y meterlos al fondo de inversión para tapar el hueco y proteger a los inversionistas. Entre esos afectados hay un montón de adultos mayores y, para ponerle más picante al asunto, más del 30% de ese fondo es de operadoras de pensiones. O sea, esta torta podría terminar salpicando a miles de ticos que ni cuenta se han dado.
¿Y qué hizo el BCR? ¿Asumir la bronca? ¡Para nada! Primero apelaron y perdieron. Y ahora, en una jugada que hay que tener cara para hacer, le llevaron el caso al Contencioso Administrativo y hasta sacaron un comunicado intentando echarle el muerto a la Sugeval. Dicen que es la "orden de Sugeval" la que pone en riesgo los fondos públicos. ¡Diay, mae! Es como si alguien choca el carro por andar texteando y luego le echa la culpa al tráfico por existir. El desastre lo originaron ellos en el 2020 con esa compra; la Sugeval simplemente está haciendo su brete, que es proteger a los inversionistas de un aparente pésimo negocio que tiene luces de alerta por todo lado.
La vara es que, al final del día, estamos en un limbo. El BCR dice que tiene un "plan" para arreglar el asunto, pero nadie sabe qué es, cuánto implica, ni si de verdad van a soltar los $70 millones. Todo es un secreto. Mientras tanto, el tiempo pasa, los inversionistas siguen en la incertidumbre y la plata pública está en el aire, pendiente de una decisión judicial que podría tardar años. Si el banco sigue en estas, todo el plan de salvamento podría irse al traste, y los más afectados, como siempre, serán los que menos tienen que ver en el enredo.
Así que, diay, uno se queda pensando... Más allá de la hablada técnica y los comunicados de prensa, la pregunta de fondo es sobre la responsabilidad. ¿Cómo es posible que se apruebe una compra así, con tantas banderas rojas, y que nadie dé la cara? ¿Quién le pone el cascabel al gato en un banco del Estado? Aquí lo que urge es transparencia y que alguien asuma el costo político y financiero de sus decisiones. ¿O va a quedar esto en el "ahí vemos" de siempre mientras la cuenta nos llega a todos? Los leo en los comentarios.
Y aquí es donde el despiche se pone bueno. La Superintendencia de Valores (Sugeval), que es como el profe que se da cuenta de la trampa, les cayó encima. Les dijo: "un momentito, ustedes hicieron un mal negocio con plata ajena, ahora me hacen el favor y la reponen". La orden fue clara: el BCR tiene que sacar $70 millones de sus propias arcas (o sea, de fondos públicos, de nuestra plata) y meterlos al fondo de inversión para tapar el hueco y proteger a los inversionistas. Entre esos afectados hay un montón de adultos mayores y, para ponerle más picante al asunto, más del 30% de ese fondo es de operadoras de pensiones. O sea, esta torta podría terminar salpicando a miles de ticos que ni cuenta se han dado.
¿Y qué hizo el BCR? ¿Asumir la bronca? ¡Para nada! Primero apelaron y perdieron. Y ahora, en una jugada que hay que tener cara para hacer, le llevaron el caso al Contencioso Administrativo y hasta sacaron un comunicado intentando echarle el muerto a la Sugeval. Dicen que es la "orden de Sugeval" la que pone en riesgo los fondos públicos. ¡Diay, mae! Es como si alguien choca el carro por andar texteando y luego le echa la culpa al tráfico por existir. El desastre lo originaron ellos en el 2020 con esa compra; la Sugeval simplemente está haciendo su brete, que es proteger a los inversionistas de un aparente pésimo negocio que tiene luces de alerta por todo lado.
La vara es que, al final del día, estamos en un limbo. El BCR dice que tiene un "plan" para arreglar el asunto, pero nadie sabe qué es, cuánto implica, ni si de verdad van a soltar los $70 millones. Todo es un secreto. Mientras tanto, el tiempo pasa, los inversionistas siguen en la incertidumbre y la plata pública está en el aire, pendiente de una decisión judicial que podría tardar años. Si el banco sigue en estas, todo el plan de salvamento podría irse al traste, y los más afectados, como siempre, serán los que menos tienen que ver en el enredo.
Así que, diay, uno se queda pensando... Más allá de la hablada técnica y los comunicados de prensa, la pregunta de fondo es sobre la responsabilidad. ¿Cómo es posible que se apruebe una compra así, con tantas banderas rojas, y que nadie dé la cara? ¿Quién le pone el cascabel al gato en un banco del Estado? Aquí lo que urge es transparencia y que alguien asuma el costo político y financiero de sus decisiones. ¿O va a quedar esto en el "ahí vemos" de siempre mientras la cuenta nos llega a todos? Los leo en los comentarios.
