Agárrense, maes, porque el pleito en Cuesta de Moras se puso como una mejenga de barrio a las 11 de la noche: todos contra todos y la bola cuadrada. La vara es que la denuncia que tiró la diputada oficialista Ada Acuña sobre supuestos nombramientos a dedo en la Asamblea no solo no asustó al PUSC, sino que estos le devolvieron el manotazo con un “ah, ¿sí? Pues ahora se investiga a todo el mundo”. ¡Qué despiche!
Vamos por partes, para entender el novelón. El 31 de julio, Acuña, con aires de cruzada anticorrupción, señaló directamente a tres diputados del PUSC: Melina Ajoy, María Marta Carballo y Carlos Felipe García. La acusación, basada en informes de auditoría y denuncias del sindicato, hablaba de un “festín de nombramientos”, con puestos hechos “con trajes a la medida” para familiares y amigos. Hasta ahí, una denuncia que, si es cierta, es para que más de uno se vaya para la casa.
Pero aquí es donde la política tica hace lo que mejor sabe hacer: convertir una posible investigación seria en un capítulo de “Caso Cerrado”. El PUSC, lejos de achantarse, salió con los tacos de frente. En un comunicado que se puede resumir en “si nos caemos, nos caemos todos”, ampliaron la denuncia para que la investigación no sea “selectiva” y le caiga a todo el Directorio Legislativo que ha estado en funciones desde el 2022. ¿Y a quién incluye eso? Diay, nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y a otros diputados del partido de gobierno y demás fracciones.
La diputada socialcristiana Daniela Rojas lo dijo casi que con todas las letras: “No hay nada indebido, pero si se va a investigar que se haga bien”. Una frase que en buen tico se traduce como: “Nosotros no hicimos nada, pero si usted me busca las pulgas, prepárese porque yo le voy a encontrar hasta las garrapatas”. Según ellos, los nombramientos son una decisión colegiada del Directorio, por lo que es un sinsentido señalar solo a sus diputados. La pregunta que dejan en el aire es filosa: ¿por qué la diputada Acuña “olvidó” convenientemente mencionar a sus propios compañeros de bancada y al mero presidente del Congreso?
Mientras tanto, las acusaciones de Acuña no son cualquier cosa. Habla de un “complot” entre los diputados del PUSC, la Gerencia General y Recursos Humanos para meter a dedo a quien les diera la gana, incluyendo el famoso caso de la diputada Carballo, quien supuestamente habría nombrado a su esposo en una subdirección. Es el clásico “yo te ayudo, tú me ayudas” que tanto hemos visto. Acuña asegura que hay una “espiral de corrupción” y que muchos callan porque también sacan su tajada. Si esto es cierto, la Asamblea no necesita una investigación, necesita una fumigación.
Al final, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Un espectáculo lamentable. Un partido acusa, el otro responde acusando de vuelta. La transparencia, que ambos bandos dicen defender, se va al traste en medio de dimes y diretes. Más que una lucha genuina por la integridad del primer poder de la República, parece una guerra de poder para ver quién se jala la torta más grande y quién logra embarrar más al rival. Mientras ellos se pelean por la foto y el titular, la credibilidad de la institución sigue cayendo en picada. Y uno aquí, viendo el circo y pensando en el brete de mañana.
Por eso, les pregunto a ustedes, maes del foro: ¿Creen que esto es una cruzada real contra la corrupción o puro show político para ver quién tiene más poder? Al final del día, ¿quién paga los platos rotos de este pleito, mae?
Vamos por partes, para entender el novelón. El 31 de julio, Acuña, con aires de cruzada anticorrupción, señaló directamente a tres diputados del PUSC: Melina Ajoy, María Marta Carballo y Carlos Felipe García. La acusación, basada en informes de auditoría y denuncias del sindicato, hablaba de un “festín de nombramientos”, con puestos hechos “con trajes a la medida” para familiares y amigos. Hasta ahí, una denuncia que, si es cierta, es para que más de uno se vaya para la casa.
Pero aquí es donde la política tica hace lo que mejor sabe hacer: convertir una posible investigación seria en un capítulo de “Caso Cerrado”. El PUSC, lejos de achantarse, salió con los tacos de frente. En un comunicado que se puede resumir en “si nos caemos, nos caemos todos”, ampliaron la denuncia para que la investigación no sea “selectiva” y le caiga a todo el Directorio Legislativo que ha estado en funciones desde el 2022. ¿Y a quién incluye eso? Diay, nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y a otros diputados del partido de gobierno y demás fracciones.
La diputada socialcristiana Daniela Rojas lo dijo casi que con todas las letras: “No hay nada indebido, pero si se va a investigar que se haga bien”. Una frase que en buen tico se traduce como: “Nosotros no hicimos nada, pero si usted me busca las pulgas, prepárese porque yo le voy a encontrar hasta las garrapatas”. Según ellos, los nombramientos son una decisión colegiada del Directorio, por lo que es un sinsentido señalar solo a sus diputados. La pregunta que dejan en el aire es filosa: ¿por qué la diputada Acuña “olvidó” convenientemente mencionar a sus propios compañeros de bancada y al mero presidente del Congreso?
Mientras tanto, las acusaciones de Acuña no son cualquier cosa. Habla de un “complot” entre los diputados del PUSC, la Gerencia General y Recursos Humanos para meter a dedo a quien les diera la gana, incluyendo el famoso caso de la diputada Carballo, quien supuestamente habría nombrado a su esposo en una subdirección. Es el clásico “yo te ayudo, tú me ayudas” que tanto hemos visto. Acuña asegura que hay una “espiral de corrupción” y que muchos callan porque también sacan su tajada. Si esto es cierto, la Asamblea no necesita una investigación, necesita una fumigación.
Al final, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Un espectáculo lamentable. Un partido acusa, el otro responde acusando de vuelta. La transparencia, que ambos bandos dicen defender, se va al traste en medio de dimes y diretes. Más que una lucha genuina por la integridad del primer poder de la República, parece una guerra de poder para ver quién se jala la torta más grande y quién logra embarrar más al rival. Mientras ellos se pelean por la foto y el titular, la credibilidad de la institución sigue cayendo en picada. Y uno aquí, viendo el circo y pensando en el brete de mañana.
Por eso, les pregunto a ustedes, maes del foro: ¿Creen que esto es una cruzada real contra la corrupción o puro show político para ver quién tiene más poder? Al final del día, ¿quién paga los platos rotos de este pleito, mae?
