Mae, cuando uno cree que ya ha visto todo en la novela de la política y la justicia tica, sale un nuevo capítulo que nos deja a todos con cara de '¿diay?'. El tan sonado juicio contra el extraditable Celso Gamboa, el eterno exalcalde Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith se volvió a pegar. Y no por un detalle menor, sino porque la defensa sacó un as bajo la manga justo cuando iba a declarar una de las testigos más esperadas, Natalia Rojas. La vara se puso tan tensa que el debate tuvo que suspenderse, dejando todo en el aire otra vez.
Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. La llegada de Rojas, quien es pieza clave en este rompecabezas, fue el detonante. La defensa, ni corta ni perezosa, pidió que antes de que ella abriera la boca, se le asignara un defensor público. ¿La razón? El riesgo de que la testigo, en medio de su declaración, se jalara una torta y terminara autoincriminándose. O sea, que dijera algo que la pudiera meter en un broncón legal a ella misma. La Fiscalía, como era de esperarse, pegó el grito en el cielo y se opuso. El tribunal deliberó y, ¡zás!, les dijo que nanai a la solicitud de la defensa.
Esa negativa fue la chispa que encendió la pradera. Al ver que los jueces rechazaban su movida, los abogados de Gamboa, Araya y Smith pidieron, por segunda vez en este proceso, que se aparte a los tres jueces del caso. El argumento es de peso y bastante astuto: alegan que el tribunal podría tener un criterio ya formado, una parcialidad. ¿Por qué? Porque los mismos jueces reconocieron que ya conocían el fallo de un juicio anterior donde los imputados habían sido absueltos por estos mismos hechos. La defensa lo ve clarito: 'si ya ustedes saben cómo terminó la película la vez pasada, ¿cómo nos garantizan que van a ver esta nueva función con ojos frescos?'.
El resultado de todo este ajedrez legal es el que ya nos temíamos: un despiche procesal. El juicio se fue al traste, al menos temporalmente. Ahora la pelota está en otra cancha. Se tiene que conformar un tribunal de apelaciones completamente nuevo, con otros jueces, que no tienen nada que ver con este brete, solo para que decidan una cosa: si la queja de la defensa tiene sentido o si es pura táctica dilatoria. Mientras eso pasa, el tiempo corre, los recursos se gastan y la justicia se pone en pausa, una vez más, en uno de los casos más mediáticos del país.
No podemos olvidar el meollo del asunto. Todo este enredo monumental gira en torno a la acusación de tráfico de influencias. Supuestamente, cuando Gamboa era magistrado, habría movido hilos para ayudar a Araya, quien en ese momento (allá por el 2016) andaba en plena campaña para volver a la alcaldía de San José. La tesis de la Fiscalía es que Gamboa le habría dado una orden directa a Rojas, quien era fiscal, para que presentara un documento clave que cambiaba el estatus de Araya de 'imputado' a simple 'denunciado', una diferencia que, en política, vale oro.
Ahora quedamos en un limbo, esperando que unos jueces decidan sobre otros jueces para ver si el juicio puede seguir. Es un laberinto legal que pone a prueba la paciencia de cualquiera y alimenta el cinismo sobre la efectividad de nuestro sistema judicial. La estrategia de la defensa fue brillante desde el punto de vista técnico, pero deja un sabor amargo en el ciudadano que solo quiere ver una resolución, sea cual sea. Al final, la espera se alarga y la pregunta sobre si algún día veremos el final de esta historia sigue sin respuesta.
Maes, más allá de quién tiene la razón en este round, ¿no les parece que estas tácticas legales, estos 'peros' y estas pausas, terminan embarrialando la cancha y haciendo que la justicia se sienta cada vez más lejana para el ciudadano de a pie? ¿Es estrategia válida o un simple abuso del sistema para cansar al personal?
Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. La llegada de Rojas, quien es pieza clave en este rompecabezas, fue el detonante. La defensa, ni corta ni perezosa, pidió que antes de que ella abriera la boca, se le asignara un defensor público. ¿La razón? El riesgo de que la testigo, en medio de su declaración, se jalara una torta y terminara autoincriminándose. O sea, que dijera algo que la pudiera meter en un broncón legal a ella misma. La Fiscalía, como era de esperarse, pegó el grito en el cielo y se opuso. El tribunal deliberó y, ¡zás!, les dijo que nanai a la solicitud de la defensa.
Esa negativa fue la chispa que encendió la pradera. Al ver que los jueces rechazaban su movida, los abogados de Gamboa, Araya y Smith pidieron, por segunda vez en este proceso, que se aparte a los tres jueces del caso. El argumento es de peso y bastante astuto: alegan que el tribunal podría tener un criterio ya formado, una parcialidad. ¿Por qué? Porque los mismos jueces reconocieron que ya conocían el fallo de un juicio anterior donde los imputados habían sido absueltos por estos mismos hechos. La defensa lo ve clarito: 'si ya ustedes saben cómo terminó la película la vez pasada, ¿cómo nos garantizan que van a ver esta nueva función con ojos frescos?'.
El resultado de todo este ajedrez legal es el que ya nos temíamos: un despiche procesal. El juicio se fue al traste, al menos temporalmente. Ahora la pelota está en otra cancha. Se tiene que conformar un tribunal de apelaciones completamente nuevo, con otros jueces, que no tienen nada que ver con este brete, solo para que decidan una cosa: si la queja de la defensa tiene sentido o si es pura táctica dilatoria. Mientras eso pasa, el tiempo corre, los recursos se gastan y la justicia se pone en pausa, una vez más, en uno de los casos más mediáticos del país.
No podemos olvidar el meollo del asunto. Todo este enredo monumental gira en torno a la acusación de tráfico de influencias. Supuestamente, cuando Gamboa era magistrado, habría movido hilos para ayudar a Araya, quien en ese momento (allá por el 2016) andaba en plena campaña para volver a la alcaldía de San José. La tesis de la Fiscalía es que Gamboa le habría dado una orden directa a Rojas, quien era fiscal, para que presentara un documento clave que cambiaba el estatus de Araya de 'imputado' a simple 'denunciado', una diferencia que, en política, vale oro.
Ahora quedamos en un limbo, esperando que unos jueces decidan sobre otros jueces para ver si el juicio puede seguir. Es un laberinto legal que pone a prueba la paciencia de cualquiera y alimenta el cinismo sobre la efectividad de nuestro sistema judicial. La estrategia de la defensa fue brillante desde el punto de vista técnico, pero deja un sabor amargo en el ciudadano que solo quiere ver una resolución, sea cual sea. Al final, la espera se alarga y la pregunta sobre si algún día veremos el final de esta historia sigue sin respuesta.
Maes, más allá de quién tiene la razón en este round, ¿no les parece que estas tácticas legales, estos 'peros' y estas pausas, terminan embarrialando la cancha y haciendo que la justicia se sienta cada vez más lejana para el ciudadano de a pie? ¿Es estrategia válida o un simple abuso del sistema para cansar al personal?
