Maes, a veces en este país nuestro, hasta la vara más sencilla se convierte en un arroz con mango nivel experto. Y el caso del Palacio de los Deportes de Heredia es el ejemplo perfecto. Resulta que este lunes, el Concejo Municipal tenía en la agenda una decisión que, en el papel, suena de puro trámite: votar si se quitaba o no el nombre de Óscar Arias del edificio. Pero como esto es Tiquicia, y la política tiene más enredos que un tamal mal amarrado, la cosa no solo no se resolvió, sino que se complicó. En un giro digno de novela, Liberación Nacional y un par de regidores del PUSC decidieron patear la bola para adelante, dejando la discusión en el limbo hasta finales de agosto.
Aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Por qué tanto drama por unas letras en una pared? Diay, porque no es cualquier vara. La bronca la destapó el regidor del Frente Amplio, José Daniel Berrocal, quien se puso a investigar por qué medio Heredia le dice al lugar “Palacio de los Deportes” a secas, y la otra mitad le agrega el “Óscar Arias Sánchez”. La respuesta la encontró en la Ley 3535 de Nomenclatura, una ley que es más clara que el agua de río Celeste: para ponerle el nombre de una persona a un edificio público, esa persona tiene que llevar, como mínimo, cinco años de fallecida. Y que yo sepa, don Óscar Arias anda vivito y coleando.
Lo que descubrió Berrocal en su brete de investigación es casi cómico si no fuera un reflejo de cómo se han hecho las cosas por décadas. El mae se fue al Archivo Nacional y desempolvó actas de finales de los 80. ¿Y qué encontró? Que en 1988, la Comisión Nacional de Nomenclatura ya había dicho que nanai, que no se podía bautizar el Palacio con el nombre del entonces presidente porque, ¡sorpresa!, estaba vivo. O sea, no es un error nuevo, es una ilegalidad con cédula 3. A pesar del dictamen clarísimo y en contra, alguien en su momento decidió que las reglas eran una sugerencia y plantó las letras. Básicamente, se jalaron una torta monumental y por más de 30 años todo el mundo se hizo de la vista gorda.
Ahora, volvamos al presente. El Frente Amplio, con el dictamen de 1988 en mano, presenta una moción para corregir el entuerto. No es un ataque a Arias, es simplemente aplicar la ley. Pero en la sesión de este lunes, a la hora de votar para conocer el informe, el PLN y dos fichas del PUSC votaron en contra. Sin decir ni pío. Sin un solo argumento. Silencio sepulcral. Según Berrocal, esto es indignante, porque el Concejo sabe desde el 1 de agosto que hay una ilegalidad en uno de sus propios edificios y, en lugar de arreglarla, parece que le están dando atolillo con el dedo al asunto. Es un recordatorio de que en la política local, a veces la lógica y la ley pesan menos que la lealtad partidaria o el miedo a tocar ciertos nombres.
Al final, este despiche va más allá de un nombre o un chunche en la fachada. Se trata de si las reglas aplican para todos o si hay excepciones según el apellido. La propuesta del Frente Amplio ni siquiera es radical; busca quitar las letras como parte de las remodelaciones que ya se están haciendo y, en el futuro, crear un proceso transparente para nombrar el Palacio, ojalá con el nombre de alguna figura herediana que sí cumpla los requisitos. Pero por ahora, la decisión se congela y la ilegalidad se mantiene. Uno se pregunta qué estarán pensando en Liberación y la Unidad para frenar algo tan evidente.
Así que les dejo la pregunta, maes: Más allá de si nos cae bien o mal Óscar Arias, ¿qué dice de nuestra política local que una ilegalidad tan clara y documentada se vuelva un enredo de meses? ¿Es puro capricho, un juego de poder para no darle la razón al Frente Amplio, o hay algo más que no estamos viendo? ¡Los leo!
Aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Por qué tanto drama por unas letras en una pared? Diay, porque no es cualquier vara. La bronca la destapó el regidor del Frente Amplio, José Daniel Berrocal, quien se puso a investigar por qué medio Heredia le dice al lugar “Palacio de los Deportes” a secas, y la otra mitad le agrega el “Óscar Arias Sánchez”. La respuesta la encontró en la Ley 3535 de Nomenclatura, una ley que es más clara que el agua de río Celeste: para ponerle el nombre de una persona a un edificio público, esa persona tiene que llevar, como mínimo, cinco años de fallecida. Y que yo sepa, don Óscar Arias anda vivito y coleando.
Lo que descubrió Berrocal en su brete de investigación es casi cómico si no fuera un reflejo de cómo se han hecho las cosas por décadas. El mae se fue al Archivo Nacional y desempolvó actas de finales de los 80. ¿Y qué encontró? Que en 1988, la Comisión Nacional de Nomenclatura ya había dicho que nanai, que no se podía bautizar el Palacio con el nombre del entonces presidente porque, ¡sorpresa!, estaba vivo. O sea, no es un error nuevo, es una ilegalidad con cédula 3. A pesar del dictamen clarísimo y en contra, alguien en su momento decidió que las reglas eran una sugerencia y plantó las letras. Básicamente, se jalaron una torta monumental y por más de 30 años todo el mundo se hizo de la vista gorda.
Ahora, volvamos al presente. El Frente Amplio, con el dictamen de 1988 en mano, presenta una moción para corregir el entuerto. No es un ataque a Arias, es simplemente aplicar la ley. Pero en la sesión de este lunes, a la hora de votar para conocer el informe, el PLN y dos fichas del PUSC votaron en contra. Sin decir ni pío. Sin un solo argumento. Silencio sepulcral. Según Berrocal, esto es indignante, porque el Concejo sabe desde el 1 de agosto que hay una ilegalidad en uno de sus propios edificios y, en lugar de arreglarla, parece que le están dando atolillo con el dedo al asunto. Es un recordatorio de que en la política local, a veces la lógica y la ley pesan menos que la lealtad partidaria o el miedo a tocar ciertos nombres.
Al final, este despiche va más allá de un nombre o un chunche en la fachada. Se trata de si las reglas aplican para todos o si hay excepciones según el apellido. La propuesta del Frente Amplio ni siquiera es radical; busca quitar las letras como parte de las remodelaciones que ya se están haciendo y, en el futuro, crear un proceso transparente para nombrar el Palacio, ojalá con el nombre de alguna figura herediana que sí cumpla los requisitos. Pero por ahora, la decisión se congela y la ilegalidad se mantiene. Uno se pregunta qué estarán pensando en Liberación y la Unidad para frenar algo tan evidente.
Así que les dejo la pregunta, maes: Más allá de si nos cae bien o mal Óscar Arias, ¿qué dice de nuestra política local que una ilegalidad tan clara y documentada se vuelva un enredo de meses? ¿Es puro capricho, un juego de poder para no darle la razón al Frente Amplio, o hay algo más que no estamos viendo? ¡Los leo!
