Maes, ¿se acuerdan de esa vara del nuevo hospital para Cartago? Sí, ese mismo que llevamos esperando más que el aguinaldo en enero. Diay, parece que la novela sigue y el capítulo de esta semana se llama "El Refrendo Perdido". La historia ya cansa, pero es tan importante que es imposible no seguirle el pulso. Uno lee las noticias y no sabe si reír o ponerse a llorar, porque la situación ya raya en lo absurdo y la paciencia de los cartagos, que de por sí es legendaria, está llegando a su límite.
El último despiche es de antología. Resulta que la presidenta de la Caja, doña Mónica Taylor, salió muy optimista a decir que las obras arrancaban sí o sí en setiembre. ¡Imagínense! Ya uno se hacía la idea de ver las máquinas y el movimiento de tierra. Pero como siempre en este país, del dicho al hecho hay un trecho lleno de trámites y sellos. El pequeño detalle que se le olvidó mencionar es que el contrato para la construcción está parqueado en la Contraloría General de la República, esperando el famoso "refrendo". O sea, en tico: la obra no puede empezar porque falta una firma. ¡Qué torta! Es como planear el fiestón del año, invitar a todo el mundo y que se te olvide comprar el hielo. Simplemente no funciona.
Y aquí es donde entra en escena el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, que parece ser el único que se acordó de que a la gente de la Vieja Metrópoli le urge, para ayer, ese hospital. El mae, ni lerdo ni perezoso, le mandó una cartita a la jefa de la Contraloría, doña Marta Acosta, con una pregunta que nos hacemos todos: "Idiay, ¿qué es la vara con ese chunche? ¿En qué está el trámite y para cuándo podemos esperar la luz verde?". Es una movida lógica, porque la incertidumbre es lo que más agota. La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a saber qué está pasando con un proyecto que se va a pagar con la plata de todos y que es vital para miles de personas.
Lo más grave de todo esto es que no estamos hablando de la construcción de un centro comercial o un nuevo estadio. Estamos hablando de salud. Ortega lo pone en palabras muy formales en su carta, hablando de "derechos fundamentales" y "riesgos existentes", pero la traducción al español de a pie es mucho más cruda. Cada día que pasa con el Max Peralta actual, que se cae a pedazos y está colapsado, es un día en que un tratamiento se atrasa, una emergencia se atiende en condiciones que no son las ideales y la salud de la gente se pone en juego. El plan de tener por fin una infraestructura médica digna se nos está yendo al traste por un papel, por un trámite que parece estar en un limbo burocrático.
Al final del día, la pelota está en la cancha de la Contraloría. Nadie pide que se salten los controles, ¡para nada! Pero la agilidad en un proyecto de esta magnitud debería ser prioridad nacional. No puede ser que la promesa de la Caja choque de frente contra el muro de un trámite que no tiene fecha de salida. Esto deja un sinsabor terrible, una sensación de que los de arriba no se comunican y los de abajo, como siempre, pagan los platos rotos. La pregunta del millón es: ¿Creen que esto es pura burocracia normal y necesaria o ya estamos entrando en un terreno de tortuguismo que perjudica directamente a la gente? ¡Los leo, maes!
El último despiche es de antología. Resulta que la presidenta de la Caja, doña Mónica Taylor, salió muy optimista a decir que las obras arrancaban sí o sí en setiembre. ¡Imagínense! Ya uno se hacía la idea de ver las máquinas y el movimiento de tierra. Pero como siempre en este país, del dicho al hecho hay un trecho lleno de trámites y sellos. El pequeño detalle que se le olvidó mencionar es que el contrato para la construcción está parqueado en la Contraloría General de la República, esperando el famoso "refrendo". O sea, en tico: la obra no puede empezar porque falta una firma. ¡Qué torta! Es como planear el fiestón del año, invitar a todo el mundo y que se te olvide comprar el hielo. Simplemente no funciona.
Y aquí es donde entra en escena el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, que parece ser el único que se acordó de que a la gente de la Vieja Metrópoli le urge, para ayer, ese hospital. El mae, ni lerdo ni perezoso, le mandó una cartita a la jefa de la Contraloría, doña Marta Acosta, con una pregunta que nos hacemos todos: "Idiay, ¿qué es la vara con ese chunche? ¿En qué está el trámite y para cuándo podemos esperar la luz verde?". Es una movida lógica, porque la incertidumbre es lo que más agota. La ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a saber qué está pasando con un proyecto que se va a pagar con la plata de todos y que es vital para miles de personas.
Lo más grave de todo esto es que no estamos hablando de la construcción de un centro comercial o un nuevo estadio. Estamos hablando de salud. Ortega lo pone en palabras muy formales en su carta, hablando de "derechos fundamentales" y "riesgos existentes", pero la traducción al español de a pie es mucho más cruda. Cada día que pasa con el Max Peralta actual, que se cae a pedazos y está colapsado, es un día en que un tratamiento se atrasa, una emergencia se atiende en condiciones que no son las ideales y la salud de la gente se pone en juego. El plan de tener por fin una infraestructura médica digna se nos está yendo al traste por un papel, por un trámite que parece estar en un limbo burocrático.
Al final del día, la pelota está en la cancha de la Contraloría. Nadie pide que se salten los controles, ¡para nada! Pero la agilidad en un proyecto de esta magnitud debería ser prioridad nacional. No puede ser que la promesa de la Caja choque de frente contra el muro de un trámite que no tiene fecha de salida. Esto deja un sinsabor terrible, una sensación de que los de arriba no se comunican y los de abajo, como siempre, pagan los platos rotos. La pregunta del millón es: ¿Creen que esto es pura burocracia normal y necesaria o ya estamos entrando en un terreno de tortuguismo que perjudica directamente a la gente? ¡Los leo, maes!
