Maes, paren todo un toque porque la última movida del Ministerio de Hacienda es para sentarse a pensar. No, en serio. Resulta que en la más reciente modificación al presupuesto, el gobierno se está planteando meterle un recorte de más de ¢23 mil millones a dos instituciones que son la última red de seguridad para miles de ticos: el IMAS y la CCSS. Y cuando uno empieza a ver a quiénes les va a caer el hachazo, la vara se pone color de hormiga. Esto no es un simple ajuste de números en una hoja de Excel; esto es un despiche anunciado que va a impactar directamente a casi 50 mil personas que ya de por sí la ven fea todos los días.
Vamos por partes, como diría el carnicero. De esa plata, más de ¢18 mil millones son transferencias que dejaría de recibir el IMAS, y unos ¢5 mil millones son para el pago de las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja. O sea, estamos hablando de la plata que le llega a adultos mayores en pobreza extrema, a familias que no tienen para el diario, a becas para güilas que si no fuera por esa ayuda no podrían estudiar. Según el mismo documento de Hacienda, esta tijera dejaría por fuera a casi 38 mil beneficiarios del IMAS y pondría en jaque el ingreso de más de 11 mil nuevos pensionados a la Caja. Diay, ¿entonces? El gobierno básicamente está diciendo que para cuadrar las finanzas, hay que dejar a miles de personas en el desamparo. Vieras que torta se están jalando.
Lo más irónico de todo este asunto es que el propio informe del Ministerio reconoce las “consecuencias sociales profundas” que tendría esta medida. ¡Ellos mismos lo escriben! Aceptan que esto podría aumentar la pobreza, la desigualdad y que todo el brete que se ha hecho en desarrollo humano podría irse al traste. Entonces la pregunta es obvia: si saben el tamaño del problema que van a causar, ¿por qué lo hacen? Es como ver un hueco gigante en media calle, con letreros de peligro por todo lado, y aún así decidir acelerar y caer de jupa. La situación para miles de familias que dependen de ese subsidio para comer o para pagar el alquiler va a ser crítica. Quedarían completamente salados, viendo a ver cómo hacen.
Y claro, la reacción política no se hizo esperar. La diputada Paulina Ramírez, que preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, pegó el grito en el cielo, cuestionando dónde quedó la planificación. Y tiene toda la razón del mundo. Un presupuesto se supone que es una hoja de ruta, una promesa de cómo se van a usar los recursos del Estado, no un borrador que se puede cambiar a medio camino para afectar a los más débiles. Mientras tanto, cuando le preguntaron a la presidenta del IMAS, Yorleny León, su respuesta fue... bueno, no hubo respuesta. Mandaron a decir que se referirán al tema hasta el 19 de agosto. Una respuesta que, en el fondo, dice muchísimo sobre la urgencia que le están dando al bienestar de miles de familias.
Al final, este recorte nos deja con un sabor de boca amarguísimo. Parece que, una vez más, la cuerda se rompe por lo más delgado. Cuando se habla de responsabilidad fiscal, es muy fácil ver los números y olvidar que detrás de cada colón hay una persona, una historia, una necesidad real. Sacrificar programas sociales que son vitales para la subsistencia de miles con la justificación de ordenar las finanzas del Estado se siente, como mínimo, injusto y miope. Porque un país más desigual y con más gente en la calle, a la larga, siempre termina saliéndole más caro a todos.
Diay maes, ¿qué opinan ustedes de esta vara? ¿Es pura improvisación y falta de planificación o hay una estrategia más profunda detrás de este recorte? ¿Se vale que el ajuste fiscal siempre le caiga a los que menos tienen?
Vamos por partes, como diría el carnicero. De esa plata, más de ¢18 mil millones son transferencias que dejaría de recibir el IMAS, y unos ¢5 mil millones son para el pago de las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja. O sea, estamos hablando de la plata que le llega a adultos mayores en pobreza extrema, a familias que no tienen para el diario, a becas para güilas que si no fuera por esa ayuda no podrían estudiar. Según el mismo documento de Hacienda, esta tijera dejaría por fuera a casi 38 mil beneficiarios del IMAS y pondría en jaque el ingreso de más de 11 mil nuevos pensionados a la Caja. Diay, ¿entonces? El gobierno básicamente está diciendo que para cuadrar las finanzas, hay que dejar a miles de personas en el desamparo. Vieras que torta se están jalando.
Lo más irónico de todo este asunto es que el propio informe del Ministerio reconoce las “consecuencias sociales profundas” que tendría esta medida. ¡Ellos mismos lo escriben! Aceptan que esto podría aumentar la pobreza, la desigualdad y que todo el brete que se ha hecho en desarrollo humano podría irse al traste. Entonces la pregunta es obvia: si saben el tamaño del problema que van a causar, ¿por qué lo hacen? Es como ver un hueco gigante en media calle, con letreros de peligro por todo lado, y aún así decidir acelerar y caer de jupa. La situación para miles de familias que dependen de ese subsidio para comer o para pagar el alquiler va a ser crítica. Quedarían completamente salados, viendo a ver cómo hacen.
Y claro, la reacción política no se hizo esperar. La diputada Paulina Ramírez, que preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, pegó el grito en el cielo, cuestionando dónde quedó la planificación. Y tiene toda la razón del mundo. Un presupuesto se supone que es una hoja de ruta, una promesa de cómo se van a usar los recursos del Estado, no un borrador que se puede cambiar a medio camino para afectar a los más débiles. Mientras tanto, cuando le preguntaron a la presidenta del IMAS, Yorleny León, su respuesta fue... bueno, no hubo respuesta. Mandaron a decir que se referirán al tema hasta el 19 de agosto. Una respuesta que, en el fondo, dice muchísimo sobre la urgencia que le están dando al bienestar de miles de familias.
Al final, este recorte nos deja con un sabor de boca amarguísimo. Parece que, una vez más, la cuerda se rompe por lo más delgado. Cuando se habla de responsabilidad fiscal, es muy fácil ver los números y olvidar que detrás de cada colón hay una persona, una historia, una necesidad real. Sacrificar programas sociales que son vitales para la subsistencia de miles con la justificación de ordenar las finanzas del Estado se siente, como mínimo, injusto y miope. Porque un país más desigual y con más gente en la calle, a la larga, siempre termina saliéndole más caro a todos.
Diay maes, ¿qué opinan ustedes de esta vara? ¿Es pura improvisación y falta de planificación o hay una estrategia más profunda detrás de este recorte? ¿Se vale que el ajuste fiscal siempre le caiga a los que menos tienen?
