Diay, maes, ¿se acuerdan de ese proyecto de ley para que el OIJ pudiera hacer allanamientos a cualquier hora, cualquier día, para agarrar a los malos? Bueno, pues la vara llevaba 79 días metida en la refri, pero parece que por fin alguien se acordó de que existía. Hoy en la tarde, los diputados, ahora que recuperaron el control de la agenda legislativa, agarraron el veto que le metió el presi Chaves y lo mandaron de una a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ya era hora, ¿no? Casi tres meses en el limbo, mientras el país sigue pidiendo a gritos herramientas para combatir la criminalidad. Un clásico ejemplo de cómo la burocracia y los pleitos políticos terminan dejando el brete importante en pausa.
Para entender el despiche que se armó, hay que echar para atrás. Este proyecto, que parece de puro sentido común, tuvo un viaje más accidentado que bus de ruta rural. Después de pasar el primer debate con el apoyo de casi todo el mundo, incluida la fracción del gobierno, algo cambió. En el segundo debate, los oficialistas se echaron para atrás y votaron en contra. ¡Qué torta! Obviamente, sin esos votos, la cosa se complicó, pero igual se aprobó. Y ahí fue cuando Casa Presidencial, viendo el enredo, le metió no uno, sino un doble veto al asunto, alegando temas de “constitucionalidad”. Desde entonces, el proyecto quedó congelado. El Ejecutivo tenía el sartén por el mango en las sesiones extraordinarias y, simple y sencillamente, nunca lo puso en la agenda. Lo dejaron guardado en la gaveta, acumulando polvo.
Ahora la pelota está de nuevo en Cuesta de Moras, y la vara se pone interesante. La Comisión de Asuntos Jurídicos tiene 8 días para analizar el veto y escupir un informe. ¿Qué pueden hacer? Aquí viene la parte clave: el resello. Este es el nombre técnico para cuando los diputados le dicen al Presidente: “Mae, con todo respeto, pero no. Su veto no procede y la ley va porque va”. Para lograr ese jaque mate legislativo, necesitan una mayoría calificada de 38 votos. Y aquí es donde la matemática y la política se dan la mano. ¿Se acuerdan de los oficialistas que cambiaron de opinión? Bueno, su voto ahora es crucial. La ironía es que, si hubieran mantenido su palabra desde el principio, esta novela ya habría terminado.
El fondo de todo este asunto es más serio que un simple gallo pinto sin salsa Lizano. Mientras en el Congreso se juega a la estrategia política, el OIJ sigue insistiendo en que esta herramienta es vital. Los cuerpos policiales argumentan que los delincuentes no tienen horario de oficina ni respetan días feriados. Limitar los allanamientos a un horario de 6 a.m. a 6 p.m. es darles una ventaja absurda. Es como decirle a un ladrón: “Mae, tranquilo, después de las seis puede relajarse, que nadie lo va a molestar”. La discusión sobre si la medida es constitucional o no es válida, pero dejarla morir en el silencio administrativo por casi 80 días se siente más como un castigo político que como una preocupación genuina por el Estado de Derecho.
Al final del día, lo que queda es una sensación agridulce. Por un lado, ¡qué bueno que por fin se mueve el chunche! Pero, por otro, es frustrante ver el tiempo que se pierde en pulsos de poder. Ahora la pregunta del millón es si los diputados tendrán la voluntad y, más importante, los números para aplicar el resello y darle al OIJ lo que pide. O si, por el contrario, todo esto terminará siendo otro capítulo de un plan que, por A o por B, se fue al traste por cálculos políticos. El tiempo corre, y la inseguridad no espera a que los señores del Congreso se pongan de acuerdo.
Maes, ¿qué creen que pese más aquí: la seguridad del país o el puro cálculo político? ¿Se logrará el resello o es puro show para la galería?
Para entender el despiche que se armó, hay que echar para atrás. Este proyecto, que parece de puro sentido común, tuvo un viaje más accidentado que bus de ruta rural. Después de pasar el primer debate con el apoyo de casi todo el mundo, incluida la fracción del gobierno, algo cambió. En el segundo debate, los oficialistas se echaron para atrás y votaron en contra. ¡Qué torta! Obviamente, sin esos votos, la cosa se complicó, pero igual se aprobó. Y ahí fue cuando Casa Presidencial, viendo el enredo, le metió no uno, sino un doble veto al asunto, alegando temas de “constitucionalidad”. Desde entonces, el proyecto quedó congelado. El Ejecutivo tenía el sartén por el mango en las sesiones extraordinarias y, simple y sencillamente, nunca lo puso en la agenda. Lo dejaron guardado en la gaveta, acumulando polvo.
Ahora la pelota está de nuevo en Cuesta de Moras, y la vara se pone interesante. La Comisión de Asuntos Jurídicos tiene 8 días para analizar el veto y escupir un informe. ¿Qué pueden hacer? Aquí viene la parte clave: el resello. Este es el nombre técnico para cuando los diputados le dicen al Presidente: “Mae, con todo respeto, pero no. Su veto no procede y la ley va porque va”. Para lograr ese jaque mate legislativo, necesitan una mayoría calificada de 38 votos. Y aquí es donde la matemática y la política se dan la mano. ¿Se acuerdan de los oficialistas que cambiaron de opinión? Bueno, su voto ahora es crucial. La ironía es que, si hubieran mantenido su palabra desde el principio, esta novela ya habría terminado.
El fondo de todo este asunto es más serio que un simple gallo pinto sin salsa Lizano. Mientras en el Congreso se juega a la estrategia política, el OIJ sigue insistiendo en que esta herramienta es vital. Los cuerpos policiales argumentan que los delincuentes no tienen horario de oficina ni respetan días feriados. Limitar los allanamientos a un horario de 6 a.m. a 6 p.m. es darles una ventaja absurda. Es como decirle a un ladrón: “Mae, tranquilo, después de las seis puede relajarse, que nadie lo va a molestar”. La discusión sobre si la medida es constitucional o no es válida, pero dejarla morir en el silencio administrativo por casi 80 días se siente más como un castigo político que como una preocupación genuina por el Estado de Derecho.
Al final del día, lo que queda es una sensación agridulce. Por un lado, ¡qué bueno que por fin se mueve el chunche! Pero, por otro, es frustrante ver el tiempo que se pierde en pulsos de poder. Ahora la pregunta del millón es si los diputados tendrán la voluntad y, más importante, los números para aplicar el resello y darle al OIJ lo que pide. O si, por el contrario, todo esto terminará siendo otro capítulo de un plan que, por A o por B, se fue al traste por cálculos políticos. El tiempo corre, y la inseguridad no espera a que los señores del Congreso se pongan de acuerdo.
Maes, ¿qué creen que pese más aquí: la seguridad del país o el puro cálculo político? ¿Se logrará el resello o es puro show para la galería?
