Maes, la vara está así: se acabó el "horario de oficina" para el hampa en Costa Rica. O al menos, esa es la idea. Después de un estira y encoge digno de telenovela, la Asamblea Legislativa le dio el sí definitivo a la ley que permite a los cuerpos policiales, como el OIJ y la PCD, hacer allanamientos a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día de la semana. Ya no más de esa jugada de que los delincuentes podían respirar tranquilos después de las 6 de la tarde. Ahora, les pueden caer en la madrugada de un domingo o en plena cena de Navidad si un juez lo autoriza. Una movida que tiene a la policía celebrando y a más de uno con la ceja levantada.
Para entender el despiche, hay que recordar que esto no fue un camino de rosas. La ley ya había pasado por la Asamblea, pero el presidente Rodrigo Chaves le metió un frenazo en seco con un veto en mayo. ¿La razón? Según él, darle tanto poder a la policía era "seguir amedrentando" a la gente. Pero parece que 43 diputados no estaban muy de acuerdo con esa lectura. Para ellos, el veto era un portazo en la cara a las herramientas que se necesitan para combatir al crimen organizado, que como todos sabemos, no tiene horario de brete. Así que, después de casi tres meses de dimes y diretes, los legisladores resellaron la ley y, básicamente, le dijeron al Ejecutivo: "con su permiso o sin su permiso, esto va".
Como era de esperarse, el director del OIJ, Randall Zúñiga, está que no se cambia por nadie. Para él, esta vara es un paso gigante para la seguridad nacional. Su argumento es de pura lógica táctica: si los operativos son impredecibles, son más efectivos. Se acaban las "horas seguras" para que los sospechosos se esfumen, destruyan evidencia o se pongan de acuerdo. Zúñiga lo pintó como una victoria del "bien común" sobre los "intereses personales", agradeciéndole a los diputados por darles más flexibilidad para actuar con contundencia. Desde la perspectiva del OIJ, esto es menos un tema de poder y más un asunto de cerrar portillos por donde se les escapaba la justicia.
Pero diay, como en todo en esta vida, la moneda tiene dos caras. La preocupación que originalmente expresó el presidente Chaves no es del todo infundada y resuena con un sector de la población. La idea de que la policía pueda derribar tu puerta a las 3 de la mañana, aunque sea con una orden judicial, genera un miedo legítimo. La pregunta del millón es dónde se pinta la raya entre la mano dura necesaria y el riesgo de que, por un error de inteligencia o una dirección equivocada, se jale una torta un oficial y termine una familia inocente en medio del caos. Es el eterno debate entre seguridad y libertad, que ahora se va a discutir con la almohada bien cerca.
Al final del día, esta ley ya es una realidad. El OIJ, la PCD y hasta Migración tienen un nuevo juguete en su arsenal, y uno bastante poderoso. La promesa es que los operativos serán más eficaces y que los criminales tendrán un lugar menos donde esconderse. La advertencia es que un mayor poder siempre exige una mayor responsabilidad y fiscalización para evitar abusos. La cancha ahora está rayada de forma diferente y solo el tiempo dirá si el resultado es un país más seguro o uno con más historias de terror por equivocaciones. La pregunta para el foro es: ¿Creen que esta medida es un ‘home run’ contra la delincuencia o nos estamos arriesgando a abrir una caja de Pandora? ¿Pesa más la seguridad colectiva o el derecho a la privacidad en la madrugada? Los leo.
Para entender el despiche, hay que recordar que esto no fue un camino de rosas. La ley ya había pasado por la Asamblea, pero el presidente Rodrigo Chaves le metió un frenazo en seco con un veto en mayo. ¿La razón? Según él, darle tanto poder a la policía era "seguir amedrentando" a la gente. Pero parece que 43 diputados no estaban muy de acuerdo con esa lectura. Para ellos, el veto era un portazo en la cara a las herramientas que se necesitan para combatir al crimen organizado, que como todos sabemos, no tiene horario de brete. Así que, después de casi tres meses de dimes y diretes, los legisladores resellaron la ley y, básicamente, le dijeron al Ejecutivo: "con su permiso o sin su permiso, esto va".
Como era de esperarse, el director del OIJ, Randall Zúñiga, está que no se cambia por nadie. Para él, esta vara es un paso gigante para la seguridad nacional. Su argumento es de pura lógica táctica: si los operativos son impredecibles, son más efectivos. Se acaban las "horas seguras" para que los sospechosos se esfumen, destruyan evidencia o se pongan de acuerdo. Zúñiga lo pintó como una victoria del "bien común" sobre los "intereses personales", agradeciéndole a los diputados por darles más flexibilidad para actuar con contundencia. Desde la perspectiva del OIJ, esto es menos un tema de poder y más un asunto de cerrar portillos por donde se les escapaba la justicia.
Pero diay, como en todo en esta vida, la moneda tiene dos caras. La preocupación que originalmente expresó el presidente Chaves no es del todo infundada y resuena con un sector de la población. La idea de que la policía pueda derribar tu puerta a las 3 de la mañana, aunque sea con una orden judicial, genera un miedo legítimo. La pregunta del millón es dónde se pinta la raya entre la mano dura necesaria y el riesgo de que, por un error de inteligencia o una dirección equivocada, se jale una torta un oficial y termine una familia inocente en medio del caos. Es el eterno debate entre seguridad y libertad, que ahora se va a discutir con la almohada bien cerca.
Al final del día, esta ley ya es una realidad. El OIJ, la PCD y hasta Migración tienen un nuevo juguete en su arsenal, y uno bastante poderoso. La promesa es que los operativos serán más eficaces y que los criminales tendrán un lugar menos donde esconderse. La advertencia es que un mayor poder siempre exige una mayor responsabilidad y fiscalización para evitar abusos. La cancha ahora está rayada de forma diferente y solo el tiempo dirá si el resultado es un país más seguro o uno con más historias de terror por equivocaciones. La pregunta para el foro es: ¿Creen que esta medida es un ‘home run’ contra la delincuencia o nos estamos arriesgando a abrir una caja de Pandora? ¿Pesa más la seguridad colectiva o el derecho a la privacidad en la madrugada? Los leo.
