Bueno, maes, agárrense porque esta vara se puso color de hormiga. Lo que hace unos meses era un rumor de pasillos y un dolor de cabeza para Zapote, hoy está a un paso de convertirse en un despiche de proporciones históricas. La comisión legislativa que le puso el ojo al famoso Caso BCIE ya cantó su jugada: recomendaron oficialmente que al presidente Rodrigo Chaves se le levante la inmunidad. Así como lo leen. Ya la pelota no está en una comisión de seis diputados, ahora la papa caliente pasa al Plenario, donde los 57 van a tener que decidir si el presi se enfrenta a la justicia como cualquier hijo de vecino o si lo blindan hasta el final de su mandato.
Las diputadas que le dieron el sí a la recomendación, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, fueron clarísimas. Para ellas, el expediente que armó la Fiscalía tiene pies y cabeza. Álvarez, que además presidía la comisión, lo dijo sin rodeos: leyó la acusación y considera que hay seriedad y consistencia, y que no le huele a persecución política. Básicamente, su argumento es que la vara está lo suficientemente bien amarrada como para que un tribunal decida si hubo o no chorizo. No están diciendo que Chaves es culpable, pero sí que hay mérito para que la investigación avance sin el escudo del fuero presidencial. Quieren que la justicia haga su brete, simple y sencillamente.
Pero, como era de esperarse, no todo fue miel sobre hojuelas. El diputado oficialista, Daniel Vargas, pegó el grito en el cielo y votó en contra. Su defensa se basa en que todo el caso se sostiene, supuestamente, en el testimonio del empresario Christian Bulgarelli, y que eso no es prueba suficiente para semejante movida. Para Vargas, falta una "prueba fehaciente", algo más contundente que la palabra de uno contra la del otro. Es la clásica defensa de "no hay evidencia sólida", un argumento que seguramente escucharemos hasta el cansancio en los próximos días desde las filas del gobierno y sus seguidores. La tensión entre "indicios suficientes" y "pruebas contundentes" va a ser el centro del ring en el Plenario.
Para los que andan un poco perdidos con tanto término legal, el enredo, según la Fiscalía, es este: acusan al presidente Chaves del presunto delito de concusión. En tico, eso significa que supuestamente usó su poder para presionar o "inducir" a Bulgarelli a que le diera un contrato (pagado con plata del BCIE) a su exasesor de campaña, Federico "Choreco" Cruz. O sea, la acusación es que se habría movido el árbol para beneficiar a un compa con un contrato de comunicación y estrategia pagado con fondos externos. Un asunto delicado por donde se le vea y que, si se prueba, sería una torta monumental para la imagen de "lucha contra la corrupción" que ha proyectado el presidente.
Ahora lo que se viene es un conteo regresivo de 15 días. El Plenario tiene que analizar el informe y todo apunta a que el lunes 22 de setiembre será el día D. Ese día, Costa Rica va a estar pegada al tele y a las redes sociales para ver si los diputados le dan luz verde al proceso judicial o si deciden proteger la figura presidencial. La decisión va a marcar un antes y un después en este gobierno y, probablemente, en cómo se maneja la inmunidad en el futuro. Más allá de si son pro o anti-Chaves, la pregunta de fondo para nosotros como ciudadanos es: ¿Creen que hay mérito suficiente para levantarle el fuero y que la vara se resuelva en tribunales, o lo ven más como un circo político de la oposición?
Las diputadas que le dieron el sí a la recomendación, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, fueron clarísimas. Para ellas, el expediente que armó la Fiscalía tiene pies y cabeza. Álvarez, que además presidía la comisión, lo dijo sin rodeos: leyó la acusación y considera que hay seriedad y consistencia, y que no le huele a persecución política. Básicamente, su argumento es que la vara está lo suficientemente bien amarrada como para que un tribunal decida si hubo o no chorizo. No están diciendo que Chaves es culpable, pero sí que hay mérito para que la investigación avance sin el escudo del fuero presidencial. Quieren que la justicia haga su brete, simple y sencillamente.
Pero, como era de esperarse, no todo fue miel sobre hojuelas. El diputado oficialista, Daniel Vargas, pegó el grito en el cielo y votó en contra. Su defensa se basa en que todo el caso se sostiene, supuestamente, en el testimonio del empresario Christian Bulgarelli, y que eso no es prueba suficiente para semejante movida. Para Vargas, falta una "prueba fehaciente", algo más contundente que la palabra de uno contra la del otro. Es la clásica defensa de "no hay evidencia sólida", un argumento que seguramente escucharemos hasta el cansancio en los próximos días desde las filas del gobierno y sus seguidores. La tensión entre "indicios suficientes" y "pruebas contundentes" va a ser el centro del ring en el Plenario.
Para los que andan un poco perdidos con tanto término legal, el enredo, según la Fiscalía, es este: acusan al presidente Chaves del presunto delito de concusión. En tico, eso significa que supuestamente usó su poder para presionar o "inducir" a Bulgarelli a que le diera un contrato (pagado con plata del BCIE) a su exasesor de campaña, Federico "Choreco" Cruz. O sea, la acusación es que se habría movido el árbol para beneficiar a un compa con un contrato de comunicación y estrategia pagado con fondos externos. Un asunto delicado por donde se le vea y que, si se prueba, sería una torta monumental para la imagen de "lucha contra la corrupción" que ha proyectado el presidente.
Ahora lo que se viene es un conteo regresivo de 15 días. El Plenario tiene que analizar el informe y todo apunta a que el lunes 22 de setiembre será el día D. Ese día, Costa Rica va a estar pegada al tele y a las redes sociales para ver si los diputados le dan luz verde al proceso judicial o si deciden proteger la figura presidencial. La decisión va a marcar un antes y un después en este gobierno y, probablemente, en cómo se maneja la inmunidad en el futuro. Más allá de si son pro o anti-Chaves, la pregunta de fondo para nosotros como ciudadanos es: ¿Creen que hay mérito suficiente para levantarle el fuero y que la vara se resuelva en tribunales, o lo ven más como un circo político de la oposición?
