Diay, maes, ¿alguno más siente que la calle está cada vez más peluda? Uno sale y tiene que andar más atento que un portero en tanda de penales. Y claro, uno siempre se pregunta dónde están los pacos. Bueno, resulta que nos acabamos de enterar de un despiche que explica bastante bien la vara: entre el 2015 y el 2022, el país simplemente canceló 1,446 plazas de policías. Así como lo leen, casi mil quinientos oficiales menos para cuidarnos a todos. ¡Qué torta más monumental! No es una percepción, es que literalmente nos quedamos con la Fuerza Pública en los huesos mientras la criminalidad se ponía creativa.
Lo más grave de este asunto es que no fue un error de un solo día o de un solo gobierno. Fue una sangría lenta y silenciosa que se dio a lo largo de siete años. En el 2015 se fueron 500 plazas, luego en el 2021 le metieron un hachazo a otras 744 y en el 2022 remataron con 202 más. Mientras nosotros estábamos en otras varas, los que toman decisiones en los gobiernos de turno se jalaron una torta que ahora estamos pagando todos con la inseguridad hasta el cuello. Es como si el barco se estuviera hundiendo y en vez de tapar los huecos, nos pusiéramos a quitar los botes salvavidas. Una genialidad, ¿verdad?
Y aquí es donde la cosa se pone más densa, porque una experta, la criminóloga Tania Molina, puso los puntos sobre las íes. La mae lo dijo clarito: el gobierno actual heredó un problema gigantesco, recibió el ministerio con poquísimo personal. Básicamente, se toparon con la casa en llamas y con una manguera de jardín. Molina recalca que para un país como el nuestro, deberíamos tener por lo menos 20,000 oficiales para cubrir todo el territorio como se debe. ¡Veinte mil! Y para terminar de salar el asunto, hasta Panamá tiene un cuerpo policial mucho más robusto. O sea, estamos perdiendo por goleada.
Claro, no todo es llorar sobre la leche derramada. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, ya salió a decir que están en el brete de arreglar el desastre. Anunció que para el 2026 esperan crear 1,000 plazas nuevas, que ya han metido 300 en los últimos presupuestos y que vienen 150 patrullas nuevas. Además, hablan de un “centro de mando y control digital” que suena muy futurista. Suena bien, nadie lo niega, pero ¿es suficiente? Mil plazas nuevas no reponen ni siquiera las 1,446 que se perdieron. Se siente como ponerle una curita a una herida de bala. Es un paso, sí, pero la carrera es un maratón y parece que apenas estamos empezando a trotar.
Al final, el verdadero reto no es solo contratar más gente. La misma criminóloga Molina lo advirtió: a los jóvenes ya no les cuadra la idea de ser policías. Entre los salarios que no son la gran cosa, el riesgo que corren todos los días y el poco reconocimiento, el brete se ha vuelto poco atractivo. Y a eso súmenle los que se pensionan, renuncian o son despedidos. Entonces, la pregunta del millón va más allá de un presupuesto. ¿Ustedes qué piensan? Más allá de los números y las promesas políticas, ¿cómo diablos volvemos a hacer que ser policía sea un brete tuanis y respetado en Costa Rica? ¿Solo con más plata se arregla o el problema es mucho más profundo?
Lo más grave de este asunto es que no fue un error de un solo día o de un solo gobierno. Fue una sangría lenta y silenciosa que se dio a lo largo de siete años. En el 2015 se fueron 500 plazas, luego en el 2021 le metieron un hachazo a otras 744 y en el 2022 remataron con 202 más. Mientras nosotros estábamos en otras varas, los que toman decisiones en los gobiernos de turno se jalaron una torta que ahora estamos pagando todos con la inseguridad hasta el cuello. Es como si el barco se estuviera hundiendo y en vez de tapar los huecos, nos pusiéramos a quitar los botes salvavidas. Una genialidad, ¿verdad?
Y aquí es donde la cosa se pone más densa, porque una experta, la criminóloga Tania Molina, puso los puntos sobre las íes. La mae lo dijo clarito: el gobierno actual heredó un problema gigantesco, recibió el ministerio con poquísimo personal. Básicamente, se toparon con la casa en llamas y con una manguera de jardín. Molina recalca que para un país como el nuestro, deberíamos tener por lo menos 20,000 oficiales para cubrir todo el territorio como se debe. ¡Veinte mil! Y para terminar de salar el asunto, hasta Panamá tiene un cuerpo policial mucho más robusto. O sea, estamos perdiendo por goleada.
Claro, no todo es llorar sobre la leche derramada. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, ya salió a decir que están en el brete de arreglar el desastre. Anunció que para el 2026 esperan crear 1,000 plazas nuevas, que ya han metido 300 en los últimos presupuestos y que vienen 150 patrullas nuevas. Además, hablan de un “centro de mando y control digital” que suena muy futurista. Suena bien, nadie lo niega, pero ¿es suficiente? Mil plazas nuevas no reponen ni siquiera las 1,446 que se perdieron. Se siente como ponerle una curita a una herida de bala. Es un paso, sí, pero la carrera es un maratón y parece que apenas estamos empezando a trotar.
Al final, el verdadero reto no es solo contratar más gente. La misma criminóloga Molina lo advirtió: a los jóvenes ya no les cuadra la idea de ser policías. Entre los salarios que no son la gran cosa, el riesgo que corren todos los días y el poco reconocimiento, el brete se ha vuelto poco atractivo. Y a eso súmenle los que se pensionan, renuncian o son despedidos. Entonces, la pregunta del millón va más allá de un presupuesto. ¿Ustedes qué piensan? Más allá de los números y las promesas políticas, ¿cómo diablos volvemos a hacer que ser policía sea un brete tuanis y respetado en Costa Rica? ¿Solo con más plata se arregla o el problema es mucho más profundo?
