Maes, agárrense porque septiembre se viene con todo. Diay, parece que la novela política que nos ha tenido pegados al asiento todo el año va a tener su clímax en unas pocas semanas. Estamos hablando de la posibilidad real, por primera vez en la historia de este país, de que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad a un presidente en funciones. Y sí, hablamos de Rodrigo Chaves. La fecha que tienen que marcar en el calendario es entre el 22 y 24 de septiembre. Ahí es cuando los 57 diputados van a decidir si el presi deja de tener ese “escudo” y pasa a enfrentar un juicio penal como cualquier hijo de vecino.
Para que entiendan la magnitud del despiche que se podría armar: se necesitan 38 votos, o sea, dos tercios del plenario. No es cualquier cosa. El procedimiento dice que Chaves tendrá chance de ir a Cuesta de Moras a defenderse él mismo, cara a cara con los diputados. Después de eso, cada uno tendrá 15 minutos para echar su discurso antes de la votación electrónica. Si la balanza se inclina por el “sí”, la papa caliente pasa al Poder Judicial y se abre la puerta para un juicio por el supuesto delito de concusión. Si eso pasa, olvídense de todo lo demás, porque el huracán político que se desataría sería categoría cinco. Toda esta vara no es un invento, está en la Constitución y en el reglamento de la Asamblea, pero es un camino que nunca habíamos transitado.
Pero, ¿de qué se trata todo este enredo? El caso se conoce como “BCIE-Bulgarelli”. Según la Fiscalía, Chaves y su exministro de Cultura, Jorge Rodríguez, supuestamente “apretaron” al empresario Christian Bulgarelli. La idea era que Bulgarelli, a través de un contrato de consultoría con el BCIE por $300,000, le diera un beneficio económico a Federico Cruz, mejor conocido como “Choreco”, el estratega de comunicación y amigo cercano del presidente. El supuesto favorcito era un contrato de $32,000 para Choreco, al parecer para ayudarle a comprar una casa. El delito de concusión, para explicarlo en buen tico, es cuando un funcionario público abusa de su poder para obligar o inducir a alguien a soltar plata o beneficios que no corresponden. Y ojo, que no es un juego: se castiga con cárcel de dos a ocho años.
Como era de esperarse, el presidente no se quedó de brazos cruzados. Fiel a su estilo, salió con los tacos de frente en conferencia de prensa y mandó un mensaje clarísimo: “Jamás voy a renunciar a mi inmunidad”. Pero el argumento no fue por miedo, según él. Chaves dice que todo esto es una persecución política, una “sacada de clavo” de sus adversarios. “¿Usted cree que yo voy a desperdiciar esta oportunidad histórica para seguirle demostrando a este pueblo lo que hay que arreglar?”, tiró. Además, defendió que la inmunidad no es un privilegio personal, sino una protección que le da la Constitución para que pueda hacer su brete sin que lo estén interrumpiendo con demandas a cada rato. Básicamente, su postura es que esto es un intento para que no pueda gobernar.
Así que el escenario está puesto. Por un lado, una acusación formal de la Fiscalía por un delito grave. Por otro, un presidente que se defiende con uñas y dientes, y que ve todo como un ataque político. Y en medio, 57 diputados que tienen en sus manos una decisión que podría cambiar el rumbo del país. La pregunta del millón no es solo si conseguirán los 38 votos, sino qué pasará con Costa Rica al día siguiente. ¿Se paralizará el gobierno? ¿Aumentará la polarización? El debate está que arde y lo que pase en esa tercera semana de septiembre se va a estudiar en los libros de historia. Ahora les pregunto a ustedes, maes: más allá de si son pro o anti Chaves, ¿creen que es sano para el país que un presidente enfrente un juicio en pleno mandato o es una distracción que nos va a costar carísima a todos? ¡Se armó el foro, los leo!
Para que entiendan la magnitud del despiche que se podría armar: se necesitan 38 votos, o sea, dos tercios del plenario. No es cualquier cosa. El procedimiento dice que Chaves tendrá chance de ir a Cuesta de Moras a defenderse él mismo, cara a cara con los diputados. Después de eso, cada uno tendrá 15 minutos para echar su discurso antes de la votación electrónica. Si la balanza se inclina por el “sí”, la papa caliente pasa al Poder Judicial y se abre la puerta para un juicio por el supuesto delito de concusión. Si eso pasa, olvídense de todo lo demás, porque el huracán político que se desataría sería categoría cinco. Toda esta vara no es un invento, está en la Constitución y en el reglamento de la Asamblea, pero es un camino que nunca habíamos transitado.
Pero, ¿de qué se trata todo este enredo? El caso se conoce como “BCIE-Bulgarelli”. Según la Fiscalía, Chaves y su exministro de Cultura, Jorge Rodríguez, supuestamente “apretaron” al empresario Christian Bulgarelli. La idea era que Bulgarelli, a través de un contrato de consultoría con el BCIE por $300,000, le diera un beneficio económico a Federico Cruz, mejor conocido como “Choreco”, el estratega de comunicación y amigo cercano del presidente. El supuesto favorcito era un contrato de $32,000 para Choreco, al parecer para ayudarle a comprar una casa. El delito de concusión, para explicarlo en buen tico, es cuando un funcionario público abusa de su poder para obligar o inducir a alguien a soltar plata o beneficios que no corresponden. Y ojo, que no es un juego: se castiga con cárcel de dos a ocho años.
Como era de esperarse, el presidente no se quedó de brazos cruzados. Fiel a su estilo, salió con los tacos de frente en conferencia de prensa y mandó un mensaje clarísimo: “Jamás voy a renunciar a mi inmunidad”. Pero el argumento no fue por miedo, según él. Chaves dice que todo esto es una persecución política, una “sacada de clavo” de sus adversarios. “¿Usted cree que yo voy a desperdiciar esta oportunidad histórica para seguirle demostrando a este pueblo lo que hay que arreglar?”, tiró. Además, defendió que la inmunidad no es un privilegio personal, sino una protección que le da la Constitución para que pueda hacer su brete sin que lo estén interrumpiendo con demandas a cada rato. Básicamente, su postura es que esto es un intento para que no pueda gobernar.
Así que el escenario está puesto. Por un lado, una acusación formal de la Fiscalía por un delito grave. Por otro, un presidente que se defiende con uñas y dientes, y que ve todo como un ataque político. Y en medio, 57 diputados que tienen en sus manos una decisión que podría cambiar el rumbo del país. La pregunta del millón no es solo si conseguirán los 38 votos, sino qué pasará con Costa Rica al día siguiente. ¿Se paralizará el gobierno? ¿Aumentará la polarización? El debate está que arde y lo que pase en esa tercera semana de septiembre se va a estudiar en los libros de historia. Ahora les pregunto a ustedes, maes: más allá de si son pro o anti Chaves, ¿creen que es sano para el país que un presidente enfrente un juicio en pleno mandato o es una distracción que nos va a costar carísima a todos? ¡Se armó el foro, los leo!
