Maes, pónganse cómodos porque la vara que les traigo hoy es de esas que lo dejan a uno pensando si en algunas instituciones públicas el lema es "hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre". Resulta que el Juzgado de Ejecución de la Pena tuvo que meter la cuchara, y con buena razón, en el Centro Penal Jorge Arturo Montero, la famosa Reforma. Específicamente, se armó un zafarrancho con los pabellones B-3 y B-4, y la resolución judicial que salió de ahí es básicamente un "siéntese, señor Ministro, que le vamos a explicar cómo funciona su propio brete".
El meollo del asunto es que se estaban haciendo traslados de privados de libertad a lo loco, sin pies ni cabeza. ¡Qué despiche! El Juzgado, con toda la paciencia del mundo, le pidió al Ministerio de Justicia y Paz una lista de los internos, los acuerdos técnicos para moverlos, el criterio para ubicarlos... diay, lo básico para entender qué estaba pasando. ¿Y qué mandó Justicia? Prácticamente cualquier chunche menos lo que se les pidió. Enviaron datos que no tenían nada que ver, como si buscaran una aguja en un pajar y en lugar de un mapa te dieran la receta del gallo pinto. Con esta jugada, el Ministerio no solo se vio mal, sino que básicamente le dijo al juez: "no tenemos idea o no queremos que usted sepa".
Lo más grave es la torta que se jalaron con los procedimientos. El tribunal descubrió que los traslados se hicieron sin las evaluaciones técnicas individuales y sin los dictámenes de riesgo que son OBLIGATORIOS. O sea, movieron gente de un lado para otro como si fueran muebles viejos. Y para ponerle la cereza al pastel, se estaban incumpliendo una circular que ellos mismos emitieron, la famosa 03-2025. Es un nivel de desorden administrativo que asusta. Además, se detectó que algunos traslados desde otros centros penales no tenían justificación de "alta contención", sino que respondían a "remodelaciones temporales". Imagínense, maes, que por pintar una pared terminen moviendo gente sin criterio técnico, poniendo en riesgo la seguridad de todos. ¡Qué sal!
En medio de todo este desorden, la resolución también tuvo que aclarar cosas que deberían ser pan comido. Por ejemplo, el tema de las visitas. Se dejó clarísimo que no se autoriza la visita de trabajadoras sexuales, pero que el derecho a la visita de la pareja y de los familiares sigue intacto, como debe ser según la normativa. Y otra vara interesante: se permite el ingreso de televisores y radios. Ojo, no es por puro entretenimiento. La justificación es bien sólida: garantizar el derecho a la información y, más importante aún, que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales. Por lo menos una luz de coherencia en medio de la neblina.
Al final, todo este jalón de aire se ampara en el artículo 482 del Código Procesal Penal, que básicamente le da al Juzgado de Ejecución de la Pena el poder para fiscalizar que el sistema penitenciario no se vaya al traste y que se respeten los derechos fundamentales de los reclusos. La pregunta que queda en el aire es preocupante: si un juez no se hubiera metido a revisar, ¿este despiche seguiría como si nada? ¿Cuántas otras "remodelaciones" se usan de excusa para tomar decisiones sin fundamento técnico? La vara está que arde. Ahora les pregunto a ustedes, foreros: ¿Creen que esto es un caso aislado de desorden o un síntoma de un problema mucho más profundo en la gestión de nuestras cárceles?
El meollo del asunto es que se estaban haciendo traslados de privados de libertad a lo loco, sin pies ni cabeza. ¡Qué despiche! El Juzgado, con toda la paciencia del mundo, le pidió al Ministerio de Justicia y Paz una lista de los internos, los acuerdos técnicos para moverlos, el criterio para ubicarlos... diay, lo básico para entender qué estaba pasando. ¿Y qué mandó Justicia? Prácticamente cualquier chunche menos lo que se les pidió. Enviaron datos que no tenían nada que ver, como si buscaran una aguja en un pajar y en lugar de un mapa te dieran la receta del gallo pinto. Con esta jugada, el Ministerio no solo se vio mal, sino que básicamente le dijo al juez: "no tenemos idea o no queremos que usted sepa".
Lo más grave es la torta que se jalaron con los procedimientos. El tribunal descubrió que los traslados se hicieron sin las evaluaciones técnicas individuales y sin los dictámenes de riesgo que son OBLIGATORIOS. O sea, movieron gente de un lado para otro como si fueran muebles viejos. Y para ponerle la cereza al pastel, se estaban incumpliendo una circular que ellos mismos emitieron, la famosa 03-2025. Es un nivel de desorden administrativo que asusta. Además, se detectó que algunos traslados desde otros centros penales no tenían justificación de "alta contención", sino que respondían a "remodelaciones temporales". Imagínense, maes, que por pintar una pared terminen moviendo gente sin criterio técnico, poniendo en riesgo la seguridad de todos. ¡Qué sal!
En medio de todo este desorden, la resolución también tuvo que aclarar cosas que deberían ser pan comido. Por ejemplo, el tema de las visitas. Se dejó clarísimo que no se autoriza la visita de trabajadoras sexuales, pero que el derecho a la visita de la pareja y de los familiares sigue intacto, como debe ser según la normativa. Y otra vara interesante: se permite el ingreso de televisores y radios. Ojo, no es por puro entretenimiento. La justificación es bien sólida: garantizar el derecho a la información y, más importante aún, que los privados de libertad puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales. Por lo menos una luz de coherencia en medio de la neblina.
Al final, todo este jalón de aire se ampara en el artículo 482 del Código Procesal Penal, que básicamente le da al Juzgado de Ejecución de la Pena el poder para fiscalizar que el sistema penitenciario no se vaya al traste y que se respeten los derechos fundamentales de los reclusos. La pregunta que queda en el aire es preocupante: si un juez no se hubiera metido a revisar, ¿este despiche seguiría como si nada? ¿Cuántas otras "remodelaciones" se usan de excusa para tomar decisiones sin fundamento técnico? La vara está que arde. Ahora les pregunto a ustedes, foreros: ¿Creen que esto es un caso aislado de desorden o un síntoma de un problema mucho más profundo en la gestión de nuestras cárceles?
