Maes, hablemos de ese novelón que se armó en La Reforma, porque la vara está para sentarse a comer palomitas. Resulta que el Poder Judicial tuvo que meter la cuchara y pegarle un jalón de orejas al Ministerio de Justicia por un despiche que tenían en los pabellones de alta contención. O sea, no es cualquier cosa, estamos hablando del lugar donde, en teoría, están los privados de libertad que requieren más control. Y al parecer, el control era un chiste. La noticia, así en seco, parece súper técnica, pero si uno rasca un poquito, se da cuenta del tamaño de la torta que se estaban jalando.
Vamos al grano: el Juzgado de Ejecución de la Pena, que es el que se encarga de vigilar que todo vaya en orden después de una sentencia, empezó a ver cosas raras. Pidió un informe al Ministerio de Justicia sobre quiénes estaban en esos famosos pabellones B-3 y B-4 y por qué. Y aquí es donde la cosa se pone buena. En lugar de mandar la lista y los acuerdos técnicos que justificaban los traslados, ¿qué hizo el Ministerio? Mae, mandó información de otro sector que no tenía nada que ver. Es como que uno pida el reporte de ventas y le manden la receta del gallo pinto. ¡Un desorden total! El juez, obviamente, no es ningún improvisado y se dio cuenta de que habían movido gente sin evaluaciones, sin dictamen de riesgo y, en algunos casos, hasta por “remodelaciones temporales”. O sea, se jalaron una torta monumental, ignorando sus propias circulares y protocolos.
Y diay, como siempre, no falta el que pega el grito al cielo por los detalles más polémicos. Apenas se supo de la resolución del juez, empezó el chisme: que si ahora iban a permitir visitas de trabajadoras sexuales, que si les iban a poner una pantalla de cine. ¡Pura paja! La resolución lo que hace es aclarar que se deben respetar los derechos que ya existen. La visita de parejas y familiares siempre ha sido una posibilidad bajo ciertas reglas. Y lo de los televisores y radios, que a muchos les da urticaria, tiene una razón de fondo bastante lógica: garantizar el derecho a la información. Especialmente porque esta gente, aunque esté privada de libertad, todavía tiene derecho al voto. ¿Cómo van a ejercer ese derecho si están completamente aislados y no tienen idea de lo que pasa en el país? No es un lujo, es un chunche básico para un derecho fundamental.
Lo más interesante de todo este asunto es el fundamento legal que usó el juez. Se amparó en el artículo 482 del Código Procesal Penal. Para los que no somos abogados, ese artículo es básicamente el que le da superpoderes al Juzgado de Ejecución de la Pena para supervisar las cárceles. Le permite controlar que el régimen se cumpla, verificar que se respeten los derechos de los reclusos y, lo más importante, ordenar “medidas correctivas” cuando detecta un desmadre como este. En otras palabras, el juez no se sacó esto de la manga ni lo hizo por ser “buena gente”; simplemente está haciendo el brete que la ley le exige. Es un recordatorio de que, aunque el Ministerio de Justicia administre las cárceles, no es un reino independiente; hay un poder judicial que tiene la obligación de fiscalizar.
Al final, esta vara deja un montón de preguntas en el aire. Por un lado, ¡qué bueno que un juez puso orden y señaló las irregularidades! Pero, por otro, ¡qué miedo que este nivel de descontrol estuviera pasando en un área de alta seguridad! Demuestra una falta de coordinación y rigurosidad que asusta. Parece que mientras una parte del Estado intenta hacer las cosas bien, la otra se enreda sola y casi que deja que todo se vaya al traste. Entonces, aquí les dejo la pregunta para que se arme el debate en el foro: Maes, ¿qué opinan de todo este asunto? ¿Es el Poder Judicial haciendo lo que le toca y poniendo orden en la casa, o es una señal más de que el sistema penitenciario completo está fallando y esto es solo la punta del iceberg? ¡Los leo!
Vamos al grano: el Juzgado de Ejecución de la Pena, que es el que se encarga de vigilar que todo vaya en orden después de una sentencia, empezó a ver cosas raras. Pidió un informe al Ministerio de Justicia sobre quiénes estaban en esos famosos pabellones B-3 y B-4 y por qué. Y aquí es donde la cosa se pone buena. En lugar de mandar la lista y los acuerdos técnicos que justificaban los traslados, ¿qué hizo el Ministerio? Mae, mandó información de otro sector que no tenía nada que ver. Es como que uno pida el reporte de ventas y le manden la receta del gallo pinto. ¡Un desorden total! El juez, obviamente, no es ningún improvisado y se dio cuenta de que habían movido gente sin evaluaciones, sin dictamen de riesgo y, en algunos casos, hasta por “remodelaciones temporales”. O sea, se jalaron una torta monumental, ignorando sus propias circulares y protocolos.
Y diay, como siempre, no falta el que pega el grito al cielo por los detalles más polémicos. Apenas se supo de la resolución del juez, empezó el chisme: que si ahora iban a permitir visitas de trabajadoras sexuales, que si les iban a poner una pantalla de cine. ¡Pura paja! La resolución lo que hace es aclarar que se deben respetar los derechos que ya existen. La visita de parejas y familiares siempre ha sido una posibilidad bajo ciertas reglas. Y lo de los televisores y radios, que a muchos les da urticaria, tiene una razón de fondo bastante lógica: garantizar el derecho a la información. Especialmente porque esta gente, aunque esté privada de libertad, todavía tiene derecho al voto. ¿Cómo van a ejercer ese derecho si están completamente aislados y no tienen idea de lo que pasa en el país? No es un lujo, es un chunche básico para un derecho fundamental.
Lo más interesante de todo este asunto es el fundamento legal que usó el juez. Se amparó en el artículo 482 del Código Procesal Penal. Para los que no somos abogados, ese artículo es básicamente el que le da superpoderes al Juzgado de Ejecución de la Pena para supervisar las cárceles. Le permite controlar que el régimen se cumpla, verificar que se respeten los derechos de los reclusos y, lo más importante, ordenar “medidas correctivas” cuando detecta un desmadre como este. En otras palabras, el juez no se sacó esto de la manga ni lo hizo por ser “buena gente”; simplemente está haciendo el brete que la ley le exige. Es un recordatorio de que, aunque el Ministerio de Justicia administre las cárceles, no es un reino independiente; hay un poder judicial que tiene la obligación de fiscalizar.
Al final, esta vara deja un montón de preguntas en el aire. Por un lado, ¡qué bueno que un juez puso orden y señaló las irregularidades! Pero, por otro, ¡qué miedo que este nivel de descontrol estuviera pasando en un área de alta seguridad! Demuestra una falta de coordinación y rigurosidad que asusta. Parece que mientras una parte del Estado intenta hacer las cosas bien, la otra se enreda sola y casi que deja que todo se vaya al traste. Entonces, aquí les dejo la pregunta para que se arme el debate en el foro: Maes, ¿qué opinan de todo este asunto? ¿Es el Poder Judicial haciendo lo que le toca y poniendo orden en la casa, o es una señal más de que el sistema penitenciario completo está fallando y esto es solo la punta del iceberg? ¡Los leo!
