Mae, imagínese usted pulseándola toda la vida, pagando sus cuotas y soñando con una jubilación tranquila para que, al final del camino, el mismo Estado le diga: “Espérese un toque, que estamos atrasados”. Pues esa es la realidad para casi 3.000 pensionados de regímenes especiales en Costa Rica. La Dirección Nacional de Pensiones (DNP), que es parte del Ministerio de Trabajo, tiene un despiche de expedientes acumulados desde 2016, dejando a miles de adultos mayores en un limbo financiero mientras el costo de la vida no para de subir. ¡Qué torta!
Y aquí es donde la vara se pone más enredada que un cable de audífonos viejo. Según una auditoría interna del propio Ministerio de Trabajo, el hueco era gigantesco a finales de 2024: de más de 11.000 pensiones que debían revisarse, casi 10.500 seguían en el olvido. Obviamente, el Ministerio salió a decir que “tranquilos, no es para tanto”, y que la cifra real de pendientes es de “solo” 2.780. A eso súmele que la auditoría señala que no hay ni un procedimiento formal para hacer estas revisiones, mientras que la DNP jura y perjura que tienen un protocolo desde 2014. Un dime y direte burocrático clásico que, al final, solo perjudica al mismo de siempre: el ciudadano de a pie.
Para ponerle la cereza al pastel, esta omisión no es solo un simple atraso administrativo. Según la jueza laboral Brenda Calvo, esto podría ser una violación directa a los derechos fundamentales de las personas. En buen tico: el Estado está obligado por ley (la 7302, para ser exactos) a ajustar esas pensiones para que la plata de los jubilados no se la coma la inflación. No hacerlo va en contra de principios constitucionales como la seguridad jurídica y el derecho a una vida digna. Básicamente, el Estado no puede venir a cambiar las reglas del juego a medio partido, y mucho menos cuando se trata de la platita que sostiene a nuestros adultos mayores.
Por si alguien anda perdido, “revalorizar” una pensión no es un regalo ni un aumento por buena conducta. Es un mecanismo de justicia pura y simple. Imagínese que su pensión es un galón de leche. En 2016, con ₡15.000, usted compraba el galón entero. Hoy, con esos mismos ₡15.000, si acaso compra medio. La revalorización busca que su pensión siga comprando el galón completo, sin importar cuánto suban los precios. Es un derecho para mantener el poder adquisitivo, no un favor. Que el Estado se tome casi diez años para hacer este cálculo es, sinceramente, una falta de respeto.
Lo más irónico es ver quiénes están en esta sal. La lista de regímenes con casos pendientes incluye a beneficiarios del Premio Magón, excombatientes, miembros de la Guardia Civil y hasta expresidentes de la República. Sí, leyó bien. El desorden es tan grande que ni las figuras más reconocidas se salvan. Ahora la DNP dice que tiene un “plan de trabajo específico” para ponerse al día. Diay, la pregunta del millón es: ¿quién se hace responsable de esta torta? ¿Es pura ineficiencia, falta de voluntad o hay algo más detrás? ¿Creen que este plan de choque de la DNP va a solucionar el brete o es solo para la foto? ¡Los leo!
Y aquí es donde la vara se pone más enredada que un cable de audífonos viejo. Según una auditoría interna del propio Ministerio de Trabajo, el hueco era gigantesco a finales de 2024: de más de 11.000 pensiones que debían revisarse, casi 10.500 seguían en el olvido. Obviamente, el Ministerio salió a decir que “tranquilos, no es para tanto”, y que la cifra real de pendientes es de “solo” 2.780. A eso súmele que la auditoría señala que no hay ni un procedimiento formal para hacer estas revisiones, mientras que la DNP jura y perjura que tienen un protocolo desde 2014. Un dime y direte burocrático clásico que, al final, solo perjudica al mismo de siempre: el ciudadano de a pie.
Para ponerle la cereza al pastel, esta omisión no es solo un simple atraso administrativo. Según la jueza laboral Brenda Calvo, esto podría ser una violación directa a los derechos fundamentales de las personas. En buen tico: el Estado está obligado por ley (la 7302, para ser exactos) a ajustar esas pensiones para que la plata de los jubilados no se la coma la inflación. No hacerlo va en contra de principios constitucionales como la seguridad jurídica y el derecho a una vida digna. Básicamente, el Estado no puede venir a cambiar las reglas del juego a medio partido, y mucho menos cuando se trata de la platita que sostiene a nuestros adultos mayores.
Por si alguien anda perdido, “revalorizar” una pensión no es un regalo ni un aumento por buena conducta. Es un mecanismo de justicia pura y simple. Imagínese que su pensión es un galón de leche. En 2016, con ₡15.000, usted compraba el galón entero. Hoy, con esos mismos ₡15.000, si acaso compra medio. La revalorización busca que su pensión siga comprando el galón completo, sin importar cuánto suban los precios. Es un derecho para mantener el poder adquisitivo, no un favor. Que el Estado se tome casi diez años para hacer este cálculo es, sinceramente, una falta de respeto.
Lo más irónico es ver quiénes están en esta sal. La lista de regímenes con casos pendientes incluye a beneficiarios del Premio Magón, excombatientes, miembros de la Guardia Civil y hasta expresidentes de la República. Sí, leyó bien. El desorden es tan grande que ni las figuras más reconocidas se salvan. Ahora la DNP dice que tiene un “plan de trabajo específico” para ponerse al día. Diay, la pregunta del millón es: ¿quién se hace responsable de esta torta? ¿Es pura ineficiencia, falta de voluntad o hay algo más detrás? ¿Creen que este plan de choque de la DNP va a solucionar el brete o es solo para la foto? ¡Los leo!
