Bueno, maes, se acabó la novela. Después de un buen round de dimes y diretes que se extendió por meses, los diputados finalmente se pusieron de acuerdo en algo: con 43 votos a favor y cero en contra, le dieron el resello a la ley que permite los allanamientos a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. O sea, que el OIJ y la Fiscalía ahora tienen luz verde para caerle a una choza un domingo a las 3 de la mañana si un juez lo autoriza. La vara, que había sido vetada por el presidente Chaves, volvió del más allá legislativo con más fuerza y, ahora sí, parece que va en serio.
Pero para entender este enredo, hay que echar el cassette para atrás. ¿Se acuerdan que en mayo el presi le puso el freno de mano a esta ley? La propuesta, impulsada por la liberacionista Monserrat Ruiz, no le hizo ninguna gracia a Zapote. En aquel momento, el argumento del Ejecutivo era que el texto afectaba la "inviolabilidad del domicilio" y que, además, generaba un enredo legal. Decían que por un lado daba permiso para todo, pero por otro pedía justificar una "situación de urgencia". Un despiche, según ellos. El Gobierno no solo la vetó, sino que la dejó guardada en una gaveta durante todo el período de sesiones extraordinarias, donde ellos controlan la agenda. Claramente, no querían saber nada del asunto.
Entonces, ¿qué cambió? La magia del bisturí legislativo. Apenas empezaron las sesiones ordinarias en agosto, el Congreso le desempolvó el expediente y lo mandó a la Comisión de Jurídicos. Ahí fue donde ocurrió el movimiento clave para destrabar el asunto. Para calmar las aguas con el Ejecutivo, los diputados decidieron eliminar la frasecita de la discordia: aquello de "en los casos sumamente graves y urgentes". ¡Plum! Afuera. Con ese cambio, el texto quedó más directo y sin las supuestas ambigüedades que Chaves había señalado. Básicamente, le quitaron los pretextos al Gobierno para oponerse y dejaron la cancha libre para el resello.
Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, como en toda buena novela tica. Por un lado, tenés a la diputada Monserrat Ruiz, quien celebró que por fin se le dieran "herramientas" a la policía para hacer su brete, tirándole un filazo al Gobierno por "perder mucho tiempo". Pero por el otro, sale la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con la ley y que el problema era un simple "error de redacción". Básicamente, el mensaje de doña Pilar fue un elegante "se los dije", insinuando que la torta original fue de la oposición por no escuchar las advertencias que, según ella, le hizo a Óscar Izquierdo del PLN. Un clásico "no fui yo, fuiste vos" en los pasillos de Cuesta de Moras.
Ahora, con los 38 votos necesarios para el resello más que superados, la procesión no termina. Antes de convertirse en Ley de la República, el proyecto tiene una última parada obligatoria: la Sala Constitucional. Los magistrados de la Sala IV tendrán que analizar si esta nueva potestad para allanar a cualquier hora no se trae abajo, de verdad, el derecho a la privacidad que todos tenemos en nuestras casas. La pelota está en su cancha. Así que, aunque en el Congreso ya celebran, el capítulo final de este culebrón todavía no está escrito.
Diay, maes, la pregunta del millón: ¿Estamos sacrificando un pedacito de nuestra privacidad en el altar de la seguridad? ¿O es una herramienta que ya se había tardado y que los cuerpos policiales necesitaban para ayer? ¿Ustedes qué opinan? ¡Abran el debate!
Pero para entender este enredo, hay que echar el cassette para atrás. ¿Se acuerdan que en mayo el presi le puso el freno de mano a esta ley? La propuesta, impulsada por la liberacionista Monserrat Ruiz, no le hizo ninguna gracia a Zapote. En aquel momento, el argumento del Ejecutivo era que el texto afectaba la "inviolabilidad del domicilio" y que, además, generaba un enredo legal. Decían que por un lado daba permiso para todo, pero por otro pedía justificar una "situación de urgencia". Un despiche, según ellos. El Gobierno no solo la vetó, sino que la dejó guardada en una gaveta durante todo el período de sesiones extraordinarias, donde ellos controlan la agenda. Claramente, no querían saber nada del asunto.
Entonces, ¿qué cambió? La magia del bisturí legislativo. Apenas empezaron las sesiones ordinarias en agosto, el Congreso le desempolvó el expediente y lo mandó a la Comisión de Jurídicos. Ahí fue donde ocurrió el movimiento clave para destrabar el asunto. Para calmar las aguas con el Ejecutivo, los diputados decidieron eliminar la frasecita de la discordia: aquello de "en los casos sumamente graves y urgentes". ¡Plum! Afuera. Con ese cambio, el texto quedó más directo y sin las supuestas ambigüedades que Chaves había señalado. Básicamente, le quitaron los pretextos al Gobierno para oponerse y dejaron la cancha libre para el resello.
Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga, como en toda buena novela tica. Por un lado, tenés a la diputada Monserrat Ruiz, quien celebró que por fin se le dieran "herramientas" a la policía para hacer su brete, tirándole un filazo al Gobierno por "perder mucho tiempo". Pero por el otro, sale la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, a decir que ellos siempre estuvieron de acuerdo con la ley y que el problema era un simple "error de redacción". Básicamente, el mensaje de doña Pilar fue un elegante "se los dije", insinuando que la torta original fue de la oposición por no escuchar las advertencias que, según ella, le hizo a Óscar Izquierdo del PLN. Un clásico "no fui yo, fuiste vos" en los pasillos de Cuesta de Moras.
Ahora, con los 38 votos necesarios para el resello más que superados, la procesión no termina. Antes de convertirse en Ley de la República, el proyecto tiene una última parada obligatoria: la Sala Constitucional. Los magistrados de la Sala IV tendrán que analizar si esta nueva potestad para allanar a cualquier hora no se trae abajo, de verdad, el derecho a la privacidad que todos tenemos en nuestras casas. La pelota está en su cancha. Así que, aunque en el Congreso ya celebran, el capítulo final de este culebrón todavía no está escrito.
Diay, maes, la pregunta del millón: ¿Estamos sacrificando un pedacito de nuestra privacidad en el altar de la seguridad? ¿O es una herramienta que ya se había tardado y que los cuerpos policiales necesitaban para ayer? ¿Ustedes qué opinan? ¡Abran el debate!
