Maes, seamos honestos: cada vez que sale el tema de los plaguicidas en Costa Rica, a más de uno se le para el pelo. Que somos de los que más usamos por hectárea, que la contaminación del agua, que los riesgos para la salud... la historia de siempre. Pero bueno, parece que el Gobierno finalmente se sacudió la pereza y armó un plan para los próximos diez años. Acaban de oficializar la "Política Pública para los Plaguicidas de Uso Agrícola 2024–2034", un nombre larguísimo para una vara que, en teoría, busca ponerle orden al despiche.
La idea es un brete conjunto entre el MAG, Salud y el MINAE. Salieron los tres ministros a decir que ahora sí, con esta política, vamos a modernizar el agro, proteger el ambiente y cuidar la salud de todos. Palabras más, palabras menos, prometen una producción más “responsable y sostenible”. Suena tuanis, ¿verdad? El plan tiene varios ejes, pero lo que más llama la atención es que quieren dejar de hacer las cosas como en la época de upa y meterle tecnología al asunto. Hablan de actualizar las reglas del juego, impulsar prácticas más amigables con la naturaleza y, lo más importante, crear sistemas digitales para saber exactamente qué se está usando, dónde y quién lo autorizó.
Aquí es donde la vara se pone interesante. Entre las medidas estrella está el uso de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) para que los registros de cualquier chunche químico sean digitales y más rápidos. Pero la joya de la corona es la implementación de una receta digital para los plaguicidas más bravos, los de uso restringido. O sea, se acabó eso de ir a comprar el veneno como si fueran confites. Ahora, un ingeniero agrónomo autorizado va a tener que emitir una receta electrónica, lo que en teoría le pone un candado más al acceso y crea un rastro claro. Es como ponerle un GPS a cada químico para ver qué camino agarra.
Pero bueno, del dicho al hecho… ya sabemos cómo es el trecho aquí. El papel aguanta todo, pero el verdadero brete empieza ahora. El mismo Gobierno admite que ya tiene una lista preliminar de 18 moléculas que están en evaluación por los riesgos que representan para la salud y el ambiente. ¡Dieciocho! Eso te da una idea del tamaño del monstruo. La gran pregunta es si esta política tendrá los dientes suficientes para fiscalizar de verdad, para sancionar a quien se la brinca y, sobre todo, para lograr que el cambio cultural llegue hasta la última finca del país. Porque una cosa es tener un sistema digital y otra muy distinta es que se use bien y que haya gente vigilando.
Al final, este es un primer paso que se aplaude porque era urgente y necesario, pero que tampoco nos puede dejar en modo celebración. Es un plan a diez años, y en ese tiempo pueden pasar mil cosas. La intención es buena, sin duda. Modernizar, digitalizar y controlar suena a la ruta correcta para un país que se vende como verde pero que tiene esta espinita clavada desde hace décadas. Ahora queda ver si la ejecución está al nivel de las promesas o si en unos años estaremos hablando de otro buen intento que se fue al traste.
Diay, maes, ¿ustedes qué opinan? ¿Es este el empujón que necesitábamos para limpiar un poco la agricultura del país o es puro show para la foto? ¿Creen que esta vez la vara funcione?
La idea es un brete conjunto entre el MAG, Salud y el MINAE. Salieron los tres ministros a decir que ahora sí, con esta política, vamos a modernizar el agro, proteger el ambiente y cuidar la salud de todos. Palabras más, palabras menos, prometen una producción más “responsable y sostenible”. Suena tuanis, ¿verdad? El plan tiene varios ejes, pero lo que más llama la atención es que quieren dejar de hacer las cosas como en la época de upa y meterle tecnología al asunto. Hablan de actualizar las reglas del juego, impulsar prácticas más amigables con la naturaleza y, lo más importante, crear sistemas digitales para saber exactamente qué se está usando, dónde y quién lo autorizó.
Aquí es donde la vara se pone interesante. Entre las medidas estrella está el uso de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) para que los registros de cualquier chunche químico sean digitales y más rápidos. Pero la joya de la corona es la implementación de una receta digital para los plaguicidas más bravos, los de uso restringido. O sea, se acabó eso de ir a comprar el veneno como si fueran confites. Ahora, un ingeniero agrónomo autorizado va a tener que emitir una receta electrónica, lo que en teoría le pone un candado más al acceso y crea un rastro claro. Es como ponerle un GPS a cada químico para ver qué camino agarra.
Pero bueno, del dicho al hecho… ya sabemos cómo es el trecho aquí. El papel aguanta todo, pero el verdadero brete empieza ahora. El mismo Gobierno admite que ya tiene una lista preliminar de 18 moléculas que están en evaluación por los riesgos que representan para la salud y el ambiente. ¡Dieciocho! Eso te da una idea del tamaño del monstruo. La gran pregunta es si esta política tendrá los dientes suficientes para fiscalizar de verdad, para sancionar a quien se la brinca y, sobre todo, para lograr que el cambio cultural llegue hasta la última finca del país. Porque una cosa es tener un sistema digital y otra muy distinta es que se use bien y que haya gente vigilando.
Al final, este es un primer paso que se aplaude porque era urgente y necesario, pero que tampoco nos puede dejar en modo celebración. Es un plan a diez años, y en ese tiempo pueden pasar mil cosas. La intención es buena, sin duda. Modernizar, digitalizar y controlar suena a la ruta correcta para un país que se vende como verde pero que tiene esta espinita clavada desde hace décadas. Ahora queda ver si la ejecución está al nivel de las promesas o si en unos años estaremos hablando de otro buen intento que se fue al traste.
Diay, maes, ¿ustedes qué opinan? ¿Es este el empujón que necesitábamos para limpiar un poco la agricultura del país o es puro show para la foto? ¿Creen que esta vez la vara funcione?
