Maes, agárrense de la silla porque cuando uno cree que ya ha visto todo en el circo de la política tica, sale una nueva función que nos deja con la boca abierta. ¿Se acuerdan del caso por tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa, el eterno exalcalde Johnny Araya y la exfiscal Berenice Smith? Diay, parecía que la vara iba a terminar en un apretón de manos y un "aquí no ha pasado nada", sobre todo porque la misma Fiscalía, la que se supone que acusa, estaba pidiendo que los declararan inocentes a todos. Pero ¡un momentito! La Procuraduría General de la República (que es como el abogado del Estado) pegó un grito al cielo y dijo: "Negativo, papá. Aquí sí pasó, y fue una torta bien grande".
La verdad es que ¡qué despiche! Por un lado, tenemos al Ministerio Público diciendo que después de todo el juicio, no hay pruebas suficientes para condenar a nadie. Y por el otro, sale el representante de la Procuraduría, Federico Quesada, a decir básicamente que si uno suma dos más dos, el resultado es cuatro. Para la Procu, la evidencia es clarísima: se movieron influencias y se abusó del poder para que el nombre de Johnny Araya quedara limpiecito y no apareciera ligado a una causa penal justo antes de las elecciones municipales del 2016. O sea, una jugada que le dio una ventaja completamente injusta en la contienda electoral. La vara no es menor, estamos hablando de una posible manipulación del sistema judicial para beneficiar a un político. Y por esa jugada, ahora la Procuraduría pide una indemnización de ¢42 millones por "daño social".
Aquí es donde el asunto se pone más denso. La Procuraduría no está inventando nada; sus conclusiones se basan en los testimonios y las pruebas que se vieron durante todo el proceso. Argumentan que la influencia jerárquica de Gamboa y Smith fue clave para que se dieran una serie de órdenes y trámites "exprés" que nunca, jamás, se habían hecho por otro ciudadano de a pie. Como dijo el mismo Quesada: "Nunca antes se hizo un trámite de este tipo a través del sistema de gestión". Y ese, mae, es el meollo del asunto. La justicia que no es igual para todos, simplemente no es justicia. El plan de una absolutoria fácil casi les sale, pero parece que este nuevo giro de la Procuraduría se los fue al traste.
Este choque de trenes entre dos de las instituciones más importantes del país nos deja con un sabor de boca amargo y un montón de preguntas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, que investigó el caso, llegue a una conclusión tan diametralmente opuesta a la de la Procuraduría, que representa los intereses de todos nosotros? ¿Es un simple diferendo de criterio legal o hay algo más de fondo? Este tipo de situaciones son las que alimentan la desconfianza de la gente. Ver a las mismas entidades que deberían velar por la ley tirándose la bola una a la otra es, como mínimo, frustrante. Es el cuento de nunca acabar con figuras que parecen tener siete vidas políticas y judiciales.
Al final, este no es solo un caso sobre tres personas. Es un espejo de la salud de nuestra democracia y nuestro sistema de justicia. Que la Procuraduría esté dando la pelea es una buena señal, demuestra que hay contrapesos y que no todo el mundo en el aparato estatal está dispuesto a hacerse de la vista gorda. Sin embargo, el hecho de que hayamos llegado a este punto es preocupante. Ahora la pelota queda en la cancha de los jueces, que tendrán que decidir a quién le creen. La pregunta para el foro es inevitable y va más allá de lo legal: ¿Creen que este enfrentamiento entre Procuraduría y Fiscalía es una señal de que el sistema, aunque lento y complicado, funciona para corregirse a sí mismo? ¿O es simplemente otra evidencia del despiche institucional que vivimos, donde al final del día nunca pasa nada con los figurones de siempre?
La verdad es que ¡qué despiche! Por un lado, tenemos al Ministerio Público diciendo que después de todo el juicio, no hay pruebas suficientes para condenar a nadie. Y por el otro, sale el representante de la Procuraduría, Federico Quesada, a decir básicamente que si uno suma dos más dos, el resultado es cuatro. Para la Procu, la evidencia es clarísima: se movieron influencias y se abusó del poder para que el nombre de Johnny Araya quedara limpiecito y no apareciera ligado a una causa penal justo antes de las elecciones municipales del 2016. O sea, una jugada que le dio una ventaja completamente injusta en la contienda electoral. La vara no es menor, estamos hablando de una posible manipulación del sistema judicial para beneficiar a un político. Y por esa jugada, ahora la Procuraduría pide una indemnización de ¢42 millones por "daño social".
Aquí es donde el asunto se pone más denso. La Procuraduría no está inventando nada; sus conclusiones se basan en los testimonios y las pruebas que se vieron durante todo el proceso. Argumentan que la influencia jerárquica de Gamboa y Smith fue clave para que se dieran una serie de órdenes y trámites "exprés" que nunca, jamás, se habían hecho por otro ciudadano de a pie. Como dijo el mismo Quesada: "Nunca antes se hizo un trámite de este tipo a través del sistema de gestión". Y ese, mae, es el meollo del asunto. La justicia que no es igual para todos, simplemente no es justicia. El plan de una absolutoria fácil casi les sale, pero parece que este nuevo giro de la Procuraduría se los fue al traste.
Este choque de trenes entre dos de las instituciones más importantes del país nos deja con un sabor de boca amargo y un montón de preguntas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, que investigó el caso, llegue a una conclusión tan diametralmente opuesta a la de la Procuraduría, que representa los intereses de todos nosotros? ¿Es un simple diferendo de criterio legal o hay algo más de fondo? Este tipo de situaciones son las que alimentan la desconfianza de la gente. Ver a las mismas entidades que deberían velar por la ley tirándose la bola una a la otra es, como mínimo, frustrante. Es el cuento de nunca acabar con figuras que parecen tener siete vidas políticas y judiciales.
Al final, este no es solo un caso sobre tres personas. Es un espejo de la salud de nuestra democracia y nuestro sistema de justicia. Que la Procuraduría esté dando la pelea es una buena señal, demuestra que hay contrapesos y que no todo el mundo en el aparato estatal está dispuesto a hacerse de la vista gorda. Sin embargo, el hecho de que hayamos llegado a este punto es preocupante. Ahora la pelota queda en la cancha de los jueces, que tendrán que decidir a quién le creen. La pregunta para el foro es inevitable y va más allá de lo legal: ¿Creen que este enfrentamiento entre Procuraduría y Fiscalía es una señal de que el sistema, aunque lento y complicado, funciona para corregirse a sí mismo? ¿O es simplemente otra evidencia del despiche institucional que vivimos, donde al final del día nunca pasa nada con los figurones de siempre?
