Maes, pónganse cómodos porque esta vara está para sentarse a analizarla con calma. Justo cuando uno anda haciendo números para que la quincena alcance, con la gasolina por las nubes y el costo de la vida que no perdona, sale la noticia de que en la Asamblea Legislativa ya están planeando subirle el salario a los diputados para el 2026. Así como lo leen. No es un chisme de pasillo, lo confirmó la propia gerente del Congreso, Karla Granados, en la Comisión de Hacendarios. ¡Qué despiche!
Diay, ¿y cómo es la jugada? Resulta que desde 2021 existía un freno de mano legal conocido como la "regla fiscal". En palabras sencillas, como el país estaba hasta el cuello de deudas (más del 60% de todo lo que producimos), la ley congeló los aumentos por costo de vida en el sector público. Era una medida de emergencia para no seguir ahogándonos. El punto es que esa restricción ya no aplicaría para el 2026, y parece que la primera fila para recibir el descongelamiento es la de Cuesta de Moras. La administración, muy diligente, ya metió la previsión de ese aumento en el presupuesto. Dicen que es su deber, pero uno no puede evitar sentir que es una falta de timing monumental.
Hablemos de lo que ya se ganan, porque ese es el meollo del asunto. Un diputado no tiene un salario fijo como el de cualquier brete. La cosa es más compleja: reciben como ¢800 mil por "gastos de representación" (un nombre elegante para cubrir sus costos de imagen) y el resto se arma con "dietas", que es el pago por asistir a las sesiones del Plenario y las comisiones. Todo ese paquete no puede pasar de los ¢4 millones brutos al mes. A eso, súmele los chunchitos extra que no son poca cosa: 500 litros de gasolina súper cada mes y un plan de celular que se les renueva cada dos años. Viéndolo así, no parece que estén pasando necesidades, ¿verdad?
Por suerte, no todos están aplaudiendo la idea. El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, fue el que sacó la información a la luz y de una vez se puso la camiseta para frenarlo. El mae dejó clarísimo que ya tienen un proyecto de ley listo para congelar ese posible aumento. Según él, en la situación fiscal que todavía atraviesa el país, pensar en subirse el sueldo no solo "no tiene sentido", sino que es "vergonzoso". Y la verdad, cuesta no estar de acuerdo con él. Acuña ahora está corriendo para que su proyecto se vea lo más rápido posible, ojalá dispensándolo de todos los trámites para que no le den largas al asunto.
Al final, la última palabra la tendrá el Directorio Legislativo, que preside Rodrigo Arias. Ellos decidirán si aprueban o no la gracia. Pero la simple idea de que esto esté sobre la mesa ya deja un sinsabor terrible. Se siente como si hubiera una desconexión total entre la realidad de la calle y las prioridades del Congreso. La Administración se defiende diciendo que solo cumple la ley, pero a veces la ley y el sentido común no van de la mano. Maes, en serio, ¿ustedes creen que el 'brete' de un diputado justifica este posible aumento en medio de la situación actual? ¿O es que de verdad vivimos en dos Costa Ricas diferentes?
Diay, ¿y cómo es la jugada? Resulta que desde 2021 existía un freno de mano legal conocido como la "regla fiscal". En palabras sencillas, como el país estaba hasta el cuello de deudas (más del 60% de todo lo que producimos), la ley congeló los aumentos por costo de vida en el sector público. Era una medida de emergencia para no seguir ahogándonos. El punto es que esa restricción ya no aplicaría para el 2026, y parece que la primera fila para recibir el descongelamiento es la de Cuesta de Moras. La administración, muy diligente, ya metió la previsión de ese aumento en el presupuesto. Dicen que es su deber, pero uno no puede evitar sentir que es una falta de timing monumental.
Hablemos de lo que ya se ganan, porque ese es el meollo del asunto. Un diputado no tiene un salario fijo como el de cualquier brete. La cosa es más compleja: reciben como ¢800 mil por "gastos de representación" (un nombre elegante para cubrir sus costos de imagen) y el resto se arma con "dietas", que es el pago por asistir a las sesiones del Plenario y las comisiones. Todo ese paquete no puede pasar de los ¢4 millones brutos al mes. A eso, súmele los chunchitos extra que no son poca cosa: 500 litros de gasolina súper cada mes y un plan de celular que se les renueva cada dos años. Viéndolo así, no parece que estén pasando necesidades, ¿verdad?
Por suerte, no todos están aplaudiendo la idea. El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, fue el que sacó la información a la luz y de una vez se puso la camiseta para frenarlo. El mae dejó clarísimo que ya tienen un proyecto de ley listo para congelar ese posible aumento. Según él, en la situación fiscal que todavía atraviesa el país, pensar en subirse el sueldo no solo "no tiene sentido", sino que es "vergonzoso". Y la verdad, cuesta no estar de acuerdo con él. Acuña ahora está corriendo para que su proyecto se vea lo más rápido posible, ojalá dispensándolo de todos los trámites para que no le den largas al asunto.
Al final, la última palabra la tendrá el Directorio Legislativo, que preside Rodrigo Arias. Ellos decidirán si aprueban o no la gracia. Pero la simple idea de que esto esté sobre la mesa ya deja un sinsabor terrible. Se siente como si hubiera una desconexión total entre la realidad de la calle y las prioridades del Congreso. La Administración se defiende diciendo que solo cumple la ley, pero a veces la ley y el sentido común no van de la mano. Maes, en serio, ¿ustedes creen que el 'brete' de un diputado justifica este posible aumento en medio de la situación actual? ¿O es que de verdad vivimos en dos Costa Ricas diferentes?
