Maes, a veces uno se topa con noticias que simplemente lo dejan a uno con un sinsabor, con esa sensación de que algo está fundamentalmente quebrado en el país. Hoy la vara es con Recope, que acaba de soltar una cifra que debería ponernos los pelos de punta: en lo que llevamos del supuesto 2025, ya han encontrado 43 tomas ilegales de combustible. Cuarenta y tres. No es un error de tipeo. Y esto no es solo un robo al Estado, que ya de por sí es grave; esto es, literalmente, jugar a la ruleta rusa con barrios enteros. Es un despiche a nivel nacional que estamos normalizando de una forma peligrosísima.
Para que entiendan la magnitud del asunto, analicemos el caso más reciente en Barranca de Puntarenas. Los maes del OIJ y la gente de Recope no encontraron a un par de vivos con un par de pichingas. No, señor. Desmantelaron una operación digna de una película: un túnel conectado directo al poliducto, un inhibidor de señal para que nadie los sapeara, y una bodega para almacenar el botín. ¿Cuánto se estaban robando? Agárrense: el equivalente a una cisterna de 32,000 litros CADA MES. Imagínense esa cantidad de combustible almacenada sin ninguna medida de seguridad, en una bodega cualquiera, al lado de casas, de negocios, de gente. Como dijo la misma presidenta de Recope, Karla Montero, cada toma de estas es una bomba de tiempo. Una chispa y adiós barrio.
Y es que ese es el punto que se nos olvida. Nos enfocamos en los millones que pierde el Estado –que en un caso en Alajuela superaron los ¢100 millones–, pero diay, ¿qué pasa con el riesgo humano y ambiental? La toma de Río Segundo estaba a metros de viviendas. Metros. El brete que tienen que hacer los bomberos, el OIJ y Recope para asegurar una de estas escenas es monumental. Implica cerrar calles, evacuar gente y manejar material explosivo que fue manipulado por gente que, claramente, no tiene ni la más mínima idea (o interés) en la seguridad. Una manguera mal puesta, una fuga, y la tragedia está servida. Y nosotros, como si nada, seguimos con nuestras vidas mientras estas bombas de tiempo siguen activas por todo el país.
Pero aquí viene la parte que de verdad frustra, la que demuestra que el sistema se jaló una torta monumental. Desde que se aprobó la ley para castigar más duro este delito, Recope ha puesto 848 denuncias. Oigan bien el número: ¡848! ¿Saben cuántas personas han sido sentenciadas? Cincuenta y siete. 57. Eso es menos del 7% de los casos denunciados. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo del OIJ, de la Fiscalía en el campo, de los técnicos de Recope que arriesgan el pellejo, si al final del día el sistema judicial parece una puerta giratoria? Con esos números, el mensaje que se envía a las bandas criminales es claro: sigan robando, que el riesgo de terminar en la cárcel es bajísimo. Así estamos bien salados.
Al final, la conclusión es bastante amarga. Esto dejó de ser un simple problema de robo para convertirse en un síntoma de algo más grande: una mezcla tóxica de crimen organizado cada vez más descarado y un sistema de justicia que no da la talla. Recope pide que la gente denuncie al 1002, y está bien, la denuncia ciudadana es clave. Pero esto va más allá. La pregunta que queda en el aire es densa y huele a gasolina: más allá de aplaudir los allanamientos, ¿qué creen ustedes que está fallando de raíz? ¿Es una ley muy floja, son los jueces, es la falta de recursos o es que como sociedad ya nos acostumbramos a que los criminales siempre nos lleven la delantera? Los leo en el foro.
Para que entiendan la magnitud del asunto, analicemos el caso más reciente en Barranca de Puntarenas. Los maes del OIJ y la gente de Recope no encontraron a un par de vivos con un par de pichingas. No, señor. Desmantelaron una operación digna de una película: un túnel conectado directo al poliducto, un inhibidor de señal para que nadie los sapeara, y una bodega para almacenar el botín. ¿Cuánto se estaban robando? Agárrense: el equivalente a una cisterna de 32,000 litros CADA MES. Imagínense esa cantidad de combustible almacenada sin ninguna medida de seguridad, en una bodega cualquiera, al lado de casas, de negocios, de gente. Como dijo la misma presidenta de Recope, Karla Montero, cada toma de estas es una bomba de tiempo. Una chispa y adiós barrio.
Y es que ese es el punto que se nos olvida. Nos enfocamos en los millones que pierde el Estado –que en un caso en Alajuela superaron los ¢100 millones–, pero diay, ¿qué pasa con el riesgo humano y ambiental? La toma de Río Segundo estaba a metros de viviendas. Metros. El brete que tienen que hacer los bomberos, el OIJ y Recope para asegurar una de estas escenas es monumental. Implica cerrar calles, evacuar gente y manejar material explosivo que fue manipulado por gente que, claramente, no tiene ni la más mínima idea (o interés) en la seguridad. Una manguera mal puesta, una fuga, y la tragedia está servida. Y nosotros, como si nada, seguimos con nuestras vidas mientras estas bombas de tiempo siguen activas por todo el país.
Pero aquí viene la parte que de verdad frustra, la que demuestra que el sistema se jaló una torta monumental. Desde que se aprobó la ley para castigar más duro este delito, Recope ha puesto 848 denuncias. Oigan bien el número: ¡848! ¿Saben cuántas personas han sido sentenciadas? Cincuenta y siete. 57. Eso es menos del 7% de los casos denunciados. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo del OIJ, de la Fiscalía en el campo, de los técnicos de Recope que arriesgan el pellejo, si al final del día el sistema judicial parece una puerta giratoria? Con esos números, el mensaje que se envía a las bandas criminales es claro: sigan robando, que el riesgo de terminar en la cárcel es bajísimo. Así estamos bien salados.
Al final, la conclusión es bastante amarga. Esto dejó de ser un simple problema de robo para convertirse en un síntoma de algo más grande: una mezcla tóxica de crimen organizado cada vez más descarado y un sistema de justicia que no da la talla. Recope pide que la gente denuncie al 1002, y está bien, la denuncia ciudadana es clave. Pero esto va más allá. La pregunta que queda en el aire es densa y huele a gasolina: más allá de aplaudir los allanamientos, ¿qué creen ustedes que está fallando de raíz? ¿Es una ley muy floja, son los jueces, es la falta de recursos o es que como sociedad ya nos acostumbramos a que los criminales siempre nos lleven la delantera? Los leo en el foro.
