A ver, maes, seamos honestos: ¿quién no anda con el Jesús en la boca últimamente? La inseguridad está en un punto que ya uno no sabe si salir a la pulpe es una diligencia o un deporte de alto riesgo. Y como en política nunca falta el que quiere traerse la receta de moda, ya empezó a sonar la vara del "Estado de Excepción". Sí, el mismo chunche que Nayib Bukele hizo famoso en El Salvador. El primero en ponerlo oficialmente sobre la mesa fue Fabricio Alvarado, y la idea es simple: ante un problema tan salvaje, medidas igual de salvajes. Pero aquí la pregunta no es si suena bonito en un discurso, sino si de verdad nos cura o nos termina de enfermar.
Pero diay, ¿qué es esa vara del Estado de Excepción aquí en Tiquicia? Porque no es tan fácil como darle "copy-paste" al modelo salvadoreño. En resumen, es ponerle pausa a un montón de derechos que damos por sentados. Imagíneselo así: la policía podría entrar a su choza sin orden de un juez, podrían estarle guindando el WhatsApp sin tanto enredo legal, y olvídese de ir a una marcha pacífica si al gobierno no le cuadra. La lista sigue, y toca temas tan delicados como la libertad de expresión y las garantías para que no lo detengan solo porque sí. Suena a que se puede armar un despiche de los buenos, ¿verdad? Es básicamente darle un cheque en blanco temporal al Estado para que haga y deshaga en nombre de la seguridad, sacrificando libertades en el proceso.
Ahora, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aunque un candidato lo prometa con bombos y platillos, no es algo que un presidente pueda decretar mientras se toma un yodito. Para una medida tan brava, la Constitución puso un candado del tamaño del Estadio Nacional: se necesitan 38 votos en la Asamblea Legislativa. ¡38 diputados! Maes, a veces en Cuesta de Moras no se ponen de acuerdo ni para el almuerzo, imagínense para suspender garantías constitucionales. Además, no es para siempre. La ley dice que puede ser por un máximo de 30 días, y solo en zonas específicas del país. No es una carta blanca permanente. Es un botón de pánico que requiere que dos terceras partes del Congreso estén de acuerdo en que la situación es un caos absoluto e inmanejable.
El problema de importar ideas es que no siempre se importan con todo y su contexto. Comparar la situación de las maras en El Salvador de hace unos años con la crisis de narco que tenemos acá es como comparar chayotes con papas; se parecen en que son un problema, pero la naturaleza y la raíz son muy distintas. La estructura de nuestra Fuerza Pública, nuestro sistema judicial y, sobre todo, nuestra cultura política no tienen nada que ver con la de ellos. Querer aplicar la misma medicina sin leer la letra pequeña y entender los efectos secundarios podría ser jalarse una torta monumental. Corremos el riesgo de que, en el afán de perseguir criminales, terminemos atropellando a un montón de gente inocente y debilitando las mismas instituciones que nos han mantenido a flote como democracia.
Al final, la discusión es más profunda que un simple "sí" o "no". Todos queremos volver a caminar tranquilos, que nuestros hijos jueguen en el parque sin miedo y que los negocios no tengan que cerrar por las extorsiones. El miedo es real y es totalmente válido. Pero la solución no puede ser un atajo que nos cueste la democracia por la que tanto hemos breteado como país. La vara no está fácil y no hay respuestas mágicas, por más que nos las quieran vender en campaña. Por eso, les dejo la pregunta del millón para que la debatamos aquí en el foro.
Diay, maes: ¿Estamos tan desesperados que compraríamos un poquito de "seguridad" al precio de nuestros derechos? ¿O hay otra salida a este despiche sin tener que rifarnos el país? Los leo.
Pero diay, ¿qué es esa vara del Estado de Excepción aquí en Tiquicia? Porque no es tan fácil como darle "copy-paste" al modelo salvadoreño. En resumen, es ponerle pausa a un montón de derechos que damos por sentados. Imagíneselo así: la policía podría entrar a su choza sin orden de un juez, podrían estarle guindando el WhatsApp sin tanto enredo legal, y olvídese de ir a una marcha pacífica si al gobierno no le cuadra. La lista sigue, y toca temas tan delicados como la libertad de expresión y las garantías para que no lo detengan solo porque sí. Suena a que se puede armar un despiche de los buenos, ¿verdad? Es básicamente darle un cheque en blanco temporal al Estado para que haga y deshaga en nombre de la seguridad, sacrificando libertades en el proceso.
Ahora, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aunque un candidato lo prometa con bombos y platillos, no es algo que un presidente pueda decretar mientras se toma un yodito. Para una medida tan brava, la Constitución puso un candado del tamaño del Estadio Nacional: se necesitan 38 votos en la Asamblea Legislativa. ¡38 diputados! Maes, a veces en Cuesta de Moras no se ponen de acuerdo ni para el almuerzo, imagínense para suspender garantías constitucionales. Además, no es para siempre. La ley dice que puede ser por un máximo de 30 días, y solo en zonas específicas del país. No es una carta blanca permanente. Es un botón de pánico que requiere que dos terceras partes del Congreso estén de acuerdo en que la situación es un caos absoluto e inmanejable.
El problema de importar ideas es que no siempre se importan con todo y su contexto. Comparar la situación de las maras en El Salvador de hace unos años con la crisis de narco que tenemos acá es como comparar chayotes con papas; se parecen en que son un problema, pero la naturaleza y la raíz son muy distintas. La estructura de nuestra Fuerza Pública, nuestro sistema judicial y, sobre todo, nuestra cultura política no tienen nada que ver con la de ellos. Querer aplicar la misma medicina sin leer la letra pequeña y entender los efectos secundarios podría ser jalarse una torta monumental. Corremos el riesgo de que, en el afán de perseguir criminales, terminemos atropellando a un montón de gente inocente y debilitando las mismas instituciones que nos han mantenido a flote como democracia.
Al final, la discusión es más profunda que un simple "sí" o "no". Todos queremos volver a caminar tranquilos, que nuestros hijos jueguen en el parque sin miedo y que los negocios no tengan que cerrar por las extorsiones. El miedo es real y es totalmente válido. Pero la solución no puede ser un atajo que nos cueste la democracia por la que tanto hemos breteado como país. La vara no está fácil y no hay respuestas mágicas, por más que nos las quieran vender en campaña. Por eso, les dejo la pregunta del millón para que la debatamos aquí en el foro.
Diay, maes: ¿Estamos tan desesperados que compraríamos un poquito de "seguridad" al precio de nuestros derechos? ¿O hay otra salida a este despiche sin tener que rifarnos el país? Los leo.
