Maes, no sé ustedes, pero yo acabo de leer la última del Caso Tómbola y es para sentarse a tomarse un café bien cargado. ¿Se acuerdan de todo aquel show de los allanamientos, la red de lavado de plata con puestos de lotería y el supuesto "Zar del contrabando"? Bueno, resulta que la vara dio un giro de esos que a uno lo dejan con cara de "¿es en serio?". El Tribunal Penal de San Carlos acaba de cambiarle la prisión preventiva a seis de los investigados, y ahora andan libres como el viento. Así como lo oyen, para la casa.
El nombre que más resuena en todo este enredo es el de un señor apellidado Mora Durán, mejor conocido en el bajo mundo como el "Zar del contrabando". A este mae y a otros dos les quitaron el uniforme caqui y les dijeron: "Vayan para la casa, pero con condiciones". ¿Y cuáles son esas condiciones tan estrictas? Impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, no hablar con testigos y mantener el domicilio actualizado. ¡Uff, qué castigo! Casi que lo mismo que uno hace para no perder los puntos de la tarjeta del súper. Y para rematar, a otras tres mujeres que también estaban en el mismo paquete las soltaron sin NINGUNA medida. ¡Qué nivel de confianza en que se van a portar bien!
Para poner las cosas en perspectiva y recordar el tamaño de este despiche, estamos hablando de una investigación del OIJ que destapó una supuesta red criminal que operaba, agárrense, al menos 300 quioscos de lotería en la Zona Norte, Guanacaste, Cartago y Alajuela. El brete de los agentes judiciales fue monumental: 24 allanamientos para desarticular un grupo que, en apariencia, lavaba plata a más no poder. Según la Fiscalía, la jugada era usar negocios como licoreras, librerías y los mismos puestitos de lotería para meter dinero sucio al sistema y hacerlo pasar por ganancias legítimas. Una operación de película, con todo y el detalle de que presuntamente tenían a funcionarios públicos en la bolsa para saltarse trámites.
Y aquí es donde la torta se pone más grande. La investigación del OIJ determinó que el presunto líder, uno de los peces gordos, tuvo un aumento de patrimonio de más de MIL MILLONES de colones entre 2021 y 2022. Repito, mil millones de colones. Esa es una cantidad de plata que la mayoría de nosotros no vamos a ver ni en tres vidas. Y la cereza del pastel, la sospecha más pesada de la Fiscalía: que todo ese dineral podría venir, nada más y nada menos, que del narcotráfico. O sea, no estamos hablando de que vendían chances de más, estamos hablando de un posible vínculo con uno de los crímenes más serios que enfrenta el país.
Entonces, uno ve todo este panorama: una red sofisticada, miles de millones de colones, la posible conexión con el narco, el tremendo brete que se jaló el OIJ para armar el caso... y la respuesta del sistema es mandarlos a firmar una vez al mes. Diay, maes, yo sé que existe la presunción de inocencia y el debido proceso, pero a veces cuesta entender estas decisiones. Uno se pregunta si de verdad estas medidas son suficientes para garantizar que el caso no se vaya al traste. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esto un fallo del sistema, una estrategia legal brillante de los abogados defensores o simplemente así funciona la justicia y estamos salados? Se abre el debate.
El nombre que más resuena en todo este enredo es el de un señor apellidado Mora Durán, mejor conocido en el bajo mundo como el "Zar del contrabando". A este mae y a otros dos les quitaron el uniforme caqui y les dijeron: "Vayan para la casa, pero con condiciones". ¿Y cuáles son esas condiciones tan estrictas? Impedimento de salida del país, firmar una vez al mes, no hablar con testigos y mantener el domicilio actualizado. ¡Uff, qué castigo! Casi que lo mismo que uno hace para no perder los puntos de la tarjeta del súper. Y para rematar, a otras tres mujeres que también estaban en el mismo paquete las soltaron sin NINGUNA medida. ¡Qué nivel de confianza en que se van a portar bien!
Para poner las cosas en perspectiva y recordar el tamaño de este despiche, estamos hablando de una investigación del OIJ que destapó una supuesta red criminal que operaba, agárrense, al menos 300 quioscos de lotería en la Zona Norte, Guanacaste, Cartago y Alajuela. El brete de los agentes judiciales fue monumental: 24 allanamientos para desarticular un grupo que, en apariencia, lavaba plata a más no poder. Según la Fiscalía, la jugada era usar negocios como licoreras, librerías y los mismos puestitos de lotería para meter dinero sucio al sistema y hacerlo pasar por ganancias legítimas. Una operación de película, con todo y el detalle de que presuntamente tenían a funcionarios públicos en la bolsa para saltarse trámites.
Y aquí es donde la torta se pone más grande. La investigación del OIJ determinó que el presunto líder, uno de los peces gordos, tuvo un aumento de patrimonio de más de MIL MILLONES de colones entre 2021 y 2022. Repito, mil millones de colones. Esa es una cantidad de plata que la mayoría de nosotros no vamos a ver ni en tres vidas. Y la cereza del pastel, la sospecha más pesada de la Fiscalía: que todo ese dineral podría venir, nada más y nada menos, que del narcotráfico. O sea, no estamos hablando de que vendían chances de más, estamos hablando de un posible vínculo con uno de los crímenes más serios que enfrenta el país.
Entonces, uno ve todo este panorama: una red sofisticada, miles de millones de colones, la posible conexión con el narco, el tremendo brete que se jaló el OIJ para armar el caso... y la respuesta del sistema es mandarlos a firmar una vez al mes. Diay, maes, yo sé que existe la presunción de inocencia y el debido proceso, pero a veces cuesta entender estas decisiones. Uno se pregunta si de verdad estas medidas son suficientes para garantizar que el caso no se vaya al traste. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es esto un fallo del sistema, una estrategia legal brillante de los abogados defensores o simplemente así funciona la justicia y estamos salados? Se abre el debate.
