Diay, cuando uno cree que ya nada lo puede sorprender en este país, salta la liebre. ¿Se acuerdan de Datasys? Sí, esa empresa que de un tiempo para acá nos sale hasta en la sopa, la de los contratos con RACSA, la de la red 5G, la de la idea de meter reos en carpas… Bueno, parece que el currículum de la compañía tenía una sección que aquí nadie leyó, y ahora la vara se puso color de hormiga. Resulta que la Interpol y el OIJ se dieron una vuelta por Sabana Oeste y le pusieron las esposas a Hugo Daniel Lemus Herrera, el gerente de tesorería regional de la empresa. El mae, de nacionalidad guatemalteca, vivía muy tranquilo aquí desde el 2023, pero parece que su plan de pasar desapercibido se le fue al traste.
El despiche viene porque a Lemus no lo detuvieron por una multa de tránsito. No, señor. Las autoridades chapinas lo andan buscando por un enredo que huele feo desde aquí: presunta malversación de fondos, fraude contra la Hacienda Pública y legitimación de capitales. Todo esto amarrado al famoso “Caso TREP”, un escándalo monumental en Guatemala por la compra de un sistema para el conteo de votos en las elecciones pasadas que costó la módica suma de $19 millones. La Fiscalía de allá dice que hubo un sobrepago grosero. Claro, los abogados de Datasys ya salieron a decir que todo es una persecución política de una “fiscal corrupta” para pegarle al gobierno de Bernardo Arévalo y que la orden de captura es ilegal. La típica novela de siempre, pero con un protagonista viviendo en San José.
Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros. ¿Por qué nos debería importar el brete de un ejecutivo guatemalteco? Porque mientras en su país lo investigaban por un posible chanchullo millonario, aquí en Costa Rica, Datasys estaba nadando en contratos con el Estado. Y no hablamos de cualquier cosa. En solo dos años de gobierno de Rodrigo Chaves, la empresa se embolsó $66 millones en adjudicaciones con RACSA, la CNE, el ICE y hasta la CCSS. El contrato más sonado es el de la red 5G con RACSA, una vara que empezó costando $3 millones y, como por arte de magia, terminó con órdenes de compra por más de $25 millones. Un platal que, por cierto, ya está bajo la lupa de la Fiscalía de Probidad.
Y por si el descaro fuera poco, esta es la misma gente que intentó vendernos la genialidad de las carpas para reos. Esa solución “innovadora” que se parecía más a un campamento de damnificados y que hasta el entonces viceministro de Justicia y el director de la Policía Penitenciaria vieron como un disparate. El viceministro, por cierto, fue despedido en medio de esa discusión. ¿Coincidencia? Quién sabe. Lo que sí es un hecho es que Datasys, con todo y su historial en Guatemala, del cual la propia empresa admite que tenía conocimiento, se movía como pez en el agua por las instituciones ticas, ofreciendo desde soluciones tecnológicas hasta tiendas de acampar para privados de libertad.
Al final, la detención de Lemus no es solo una noticia de sucesos, es un síntoma gigante de algo que no funciona bien. Es la radiografía de cómo una empresa, con señalamientos gravísimos de corrupción en un país vecino, no solo opera en Costa Rica, sino que se convierte en contratista estrella del Estado en áreas súper sensibles y estratégicas. Te deja pensando si aquí alguien revisa los antecedentes o si los contratos se reparten con otros criterios. Si un tipo buscado por un escándalo de esa magnitud estaba aquí como tesorero regional, uno se pregunta quién más está en la planilla.
Maes, la pregunta del millón es: ¿cómo es posible que una empresa con esta cola que le pisen en Guatemala termine manejando contratos tan sensibles y millonarios aquí? ¿Nadie hizo la tarea o a alguien no le convenía hacerla? ¿Qué opinan ustedes?
El despiche viene porque a Lemus no lo detuvieron por una multa de tránsito. No, señor. Las autoridades chapinas lo andan buscando por un enredo que huele feo desde aquí: presunta malversación de fondos, fraude contra la Hacienda Pública y legitimación de capitales. Todo esto amarrado al famoso “Caso TREP”, un escándalo monumental en Guatemala por la compra de un sistema para el conteo de votos en las elecciones pasadas que costó la módica suma de $19 millones. La Fiscalía de allá dice que hubo un sobrepago grosero. Claro, los abogados de Datasys ya salieron a decir que todo es una persecución política de una “fiscal corrupta” para pegarle al gobierno de Bernardo Arévalo y que la orden de captura es ilegal. La típica novela de siempre, pero con un protagonista viviendo en San José.
Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros. ¿Por qué nos debería importar el brete de un ejecutivo guatemalteco? Porque mientras en su país lo investigaban por un posible chanchullo millonario, aquí en Costa Rica, Datasys estaba nadando en contratos con el Estado. Y no hablamos de cualquier cosa. En solo dos años de gobierno de Rodrigo Chaves, la empresa se embolsó $66 millones en adjudicaciones con RACSA, la CNE, el ICE y hasta la CCSS. El contrato más sonado es el de la red 5G con RACSA, una vara que empezó costando $3 millones y, como por arte de magia, terminó con órdenes de compra por más de $25 millones. Un platal que, por cierto, ya está bajo la lupa de la Fiscalía de Probidad.
Y por si el descaro fuera poco, esta es la misma gente que intentó vendernos la genialidad de las carpas para reos. Esa solución “innovadora” que se parecía más a un campamento de damnificados y que hasta el entonces viceministro de Justicia y el director de la Policía Penitenciaria vieron como un disparate. El viceministro, por cierto, fue despedido en medio de esa discusión. ¿Coincidencia? Quién sabe. Lo que sí es un hecho es que Datasys, con todo y su historial en Guatemala, del cual la propia empresa admite que tenía conocimiento, se movía como pez en el agua por las instituciones ticas, ofreciendo desde soluciones tecnológicas hasta tiendas de acampar para privados de libertad.
Al final, la detención de Lemus no es solo una noticia de sucesos, es un síntoma gigante de algo que no funciona bien. Es la radiografía de cómo una empresa, con señalamientos gravísimos de corrupción en un país vecino, no solo opera en Costa Rica, sino que se convierte en contratista estrella del Estado en áreas súper sensibles y estratégicas. Te deja pensando si aquí alguien revisa los antecedentes o si los contratos se reparten con otros criterios. Si un tipo buscado por un escándalo de esa magnitud estaba aquí como tesorero regional, uno se pregunta quién más está en la planilla.
Maes, la pregunta del millón es: ¿cómo es posible que una empresa con esta cola que le pisen en Guatemala termine manejando contratos tan sensibles y millonarios aquí? ¿Nadie hizo la tarea o a alguien no le convenía hacerla? ¿Qué opinan ustedes?
