A ver, maes, seamos claros: que el OIJ y la Fiscalía hayan pegado a los presuntos sicarios de Roberto Samcam es una noticia que, en principio, da un respiro. Es de esos momentos en que uno dice “¡Qué nivel!”, porque con el despiche que es el crimen organizado, resolver un caso tan mediático y con tintes políticos es una medalla que se ganaron a puro mérito. Pero diay, es un respiro de esos cortos, como cuando uno se da cuenta de que el aguacero paró pero el techo tiene goteras por todo lado. La sensación es agridulce, porque aunque la ejecución del brete fue impecable, la foto completa de esta vara es para sentarse a llorar.
Porque la vara de fondo, la que de verdad importa, es un despiche monumental. No estamos hablando de un simple ajuste de cuentas entre bandas. Estamos hablando, según apuntan todas las flechas, de que el régimen de Ortega-Murillo estiró sus tentáculos hasta nuestro patio para silenciar a un opositor en el exilio. Pensemos en eso un segundo. Un gobierno extranjero, el de nuestro vecino inmediato, aparentemente orquestó un asesinato en Chepe (o donde sea que haya sido). ¡Qué torta para nuestra soberanía! Esto va más allá de un crimen; es una violación directa a nuestra casa, una cachetada que nos recuerda que la paz que tanto pregonamos es más frágil de lo que nos gusta admitir.
Y aquí es donde el abogado de la familia Samcam, Federico Campos, le pone el cascabel al gato y dice la verdad que todos sospechamos pero que a los políticos les cuesta aceptar. El mae lo dijo clarito: “Tenemos un cuerpo policial de lujo que requiere de manera urgente los recursos económicos... que hoy día el gobierno se los está negando”. O sea, traduciendo del lenguaje legal al tico de a pie: nuestros agentes son unos cargas, se mandan un brete de calibre internacional con las uñas y a punta de ingenio, mientras en la Asamblea y en Zapote parece que la prioridad es cualquier otra cosa menos darles las herramientas que necesitan. El gobierno se está jalando una torta histórica si piensa que la seguridad se mantiene sola o que la buena voluntad de los oficiales es combustible infinito.
Para ponerle más condimento a este gallo pinto, resulta que el caso tiene pasaporte europeo. Como al pobre Samcam el régimen le quitó la nacionalidad nica en una movida digna de dictador de manual, dejándolo apátrida, España le dio la suya. ¿Qué significa esto? Que la justicia española puede meter la cuchara, y con todo el derecho del mundo. Si los autores intelectuales siguen cómodamente sentados en Managua, es muy probable que esta vara se eleve a los tribunales de allá o, en el peor de los casos, a la Corte Penal Internacional. Esto deja de ser un asunto local para convertirse en un enredo diplomático y judicial de primer orden, uno para el que más nos vale estar preparados.
Entonces, ¿en qué quedamos? Por un lado, un aplauso de pie para la gente del OIJ que, con lo poco que tiene, resuelve un crimen que nos pone en el mapa por las razones más equivocadas. Son la prueba viviente de que el talento y el compromiso sobran en este país. Pero por otro lado, nos queda una alarma que suena durísimo sobre nuestra vulnerabilidad y la aparente miopía de nuestros gobernantes. Esto no es un simple titular para el periódico de mañana; es un recordatorio de que tenemos un vecino muy complicado y un gobierno que, al negarle recursos a quienes nos protegen, parece no estar midiendo la magnitud real del problema. La pregunta es si vamos a esperar a que nos pase algo peor para reaccionar.
Porque la vara de fondo, la que de verdad importa, es un despiche monumental. No estamos hablando de un simple ajuste de cuentas entre bandas. Estamos hablando, según apuntan todas las flechas, de que el régimen de Ortega-Murillo estiró sus tentáculos hasta nuestro patio para silenciar a un opositor en el exilio. Pensemos en eso un segundo. Un gobierno extranjero, el de nuestro vecino inmediato, aparentemente orquestó un asesinato en Chepe (o donde sea que haya sido). ¡Qué torta para nuestra soberanía! Esto va más allá de un crimen; es una violación directa a nuestra casa, una cachetada que nos recuerda que la paz que tanto pregonamos es más frágil de lo que nos gusta admitir.
Y aquí es donde el abogado de la familia Samcam, Federico Campos, le pone el cascabel al gato y dice la verdad que todos sospechamos pero que a los políticos les cuesta aceptar. El mae lo dijo clarito: “Tenemos un cuerpo policial de lujo que requiere de manera urgente los recursos económicos... que hoy día el gobierno se los está negando”. O sea, traduciendo del lenguaje legal al tico de a pie: nuestros agentes son unos cargas, se mandan un brete de calibre internacional con las uñas y a punta de ingenio, mientras en la Asamblea y en Zapote parece que la prioridad es cualquier otra cosa menos darles las herramientas que necesitan. El gobierno se está jalando una torta histórica si piensa que la seguridad se mantiene sola o que la buena voluntad de los oficiales es combustible infinito.
Para ponerle más condimento a este gallo pinto, resulta que el caso tiene pasaporte europeo. Como al pobre Samcam el régimen le quitó la nacionalidad nica en una movida digna de dictador de manual, dejándolo apátrida, España le dio la suya. ¿Qué significa esto? Que la justicia española puede meter la cuchara, y con todo el derecho del mundo. Si los autores intelectuales siguen cómodamente sentados en Managua, es muy probable que esta vara se eleve a los tribunales de allá o, en el peor de los casos, a la Corte Penal Internacional. Esto deja de ser un asunto local para convertirse en un enredo diplomático y judicial de primer orden, uno para el que más nos vale estar preparados.
Entonces, ¿en qué quedamos? Por un lado, un aplauso de pie para la gente del OIJ que, con lo poco que tiene, resuelve un crimen que nos pone en el mapa por las razones más equivocadas. Son la prueba viviente de que el talento y el compromiso sobran en este país. Pero por otro lado, nos queda una alarma que suena durísimo sobre nuestra vulnerabilidad y la aparente miopía de nuestros gobernantes. Esto no es un simple titular para el periódico de mañana; es un recordatorio de que tenemos un vecino muy complicado y un gobierno que, al negarle recursos a quienes nos protegen, parece no estar midiendo la magnitud real del problema. La pregunta es si vamos a esperar a que nos pase algo peor para reaccionar.
