Maes, agárrense porque esta vara está que arde. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo en la política tica, sale un titular que nos deja viendo para el ciprés. Este viernes nos cayó como un baldazo de agua fría la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción (la FAPTA, para los compas) le abrió una causa penal ni más ni menos que al viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez. ¡Qué torta! Y no es por cualquier cosa, el delito que le achacan tiene un nombre rimbombante y que suena a cosa seria: procuración de impunidad. Un nombre que, en buen tico, huele a podrido desde aquí hasta Limón.
Para entender el meollo del asunto, hay que echar para atrás el casete. La bronca viene de cuando Jiménez era fiscal adjunto en Limón. Aparentemente, el ahora viceministro firmó una solicitud de sobreseimiento —o sea, un “mae, dejemos esta vara hasta aquí”— que terminó beneficiando a seis sujetos. ¿Quiénes eran estos angelitos? Pues nada más y nada menos que los sospechosos de tener una lancha hasta el hocico con 2.5 toneladas de cocaína, y que al parecer eran parte de la narcobanda “La H”. La torta que, presuntamente, se jaló Jiménez fue usar su puesto para que estos maes, con semejante cargamento encima, quedaran en libertad. Un movimiento que hoy lo tiene en el ojo del huracán.
Ok, pero ¿qué carajos es “procuración de impunidad”? Suena a algo que diría un abogado para cobrar más caro, pero en realidad es bastante simple y sumamente grave. Pensemos en esto: es cuando un funcionario público, alguien que pagamos con nuestros impuestos para que nos cuide o haga justicia, usa su poder para ayudar a los delincuentes a salirse con la suya. No es un simple error, es una acción deliberada para asegurar que un crimen quede, como dice el nombre, impune. Es, básicamente, jugar para el otro equipo. Como explican los expertos, puede ser desde “soplarle” a los narcos que les van a caer con un allanamiento para que se pelen, hasta filtrar información clave para que una investigación se vaya al traste.
Lo que hace este despiche aún más delicado es un detalle que mencionó el penalista Esteban Córdoba. A veces, esta “ayudita” se disfraza con un “acto con apariencia de legalidad”. O sea, no es solo pasar un papelito por debajo de la mesa. Es usar tu puesto, tu firma y un documento que parece totalmente legítimo para lograr un fin corrupto. Es torcer el sistema desde adentro, usando las propias herramientas de la ley para burlarla. Y que no se nos olvide la consecuencia: la ley es clarísima y no se anda con rodeos. Si lo encuentran culpable, al viceministro le esperaría una pena de tres a diez años de cárcel y, además, quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo. En otras palabras, es decirle adiós al brete público por un buen rato.
Al final, más allá de los términos legales, lo que queda es un sentimiento de frustración que cala hondo. Estamos hablando del viceministro de Seguridad, el segundo al mando de la institución que debería estar liderando la lucha frontal contra el narco, y ahora resulta que está siendo investigado precisamente por, supuestamente, haberle dado una manita a presuntos narcos. La ironía es tan grande que ni siquiera da risa. Es una de esas noticias que te golpea el orgullo nacional y te hace cuestionar todo.
Diay, maes, la pregunta del millón es: ¿cómo se supone que confiemos en el sistema cuando un viceministro de Seguridad tiene este nubarrón encima? ¿Creen que esto es un caso aislado o apenas la punta de un iceberg de corrupción más profundo? Los leo en los comentarios.
Para entender el meollo del asunto, hay que echar para atrás el casete. La bronca viene de cuando Jiménez era fiscal adjunto en Limón. Aparentemente, el ahora viceministro firmó una solicitud de sobreseimiento —o sea, un “mae, dejemos esta vara hasta aquí”— que terminó beneficiando a seis sujetos. ¿Quiénes eran estos angelitos? Pues nada más y nada menos que los sospechosos de tener una lancha hasta el hocico con 2.5 toneladas de cocaína, y que al parecer eran parte de la narcobanda “La H”. La torta que, presuntamente, se jaló Jiménez fue usar su puesto para que estos maes, con semejante cargamento encima, quedaran en libertad. Un movimiento que hoy lo tiene en el ojo del huracán.
Ok, pero ¿qué carajos es “procuración de impunidad”? Suena a algo que diría un abogado para cobrar más caro, pero en realidad es bastante simple y sumamente grave. Pensemos en esto: es cuando un funcionario público, alguien que pagamos con nuestros impuestos para que nos cuide o haga justicia, usa su poder para ayudar a los delincuentes a salirse con la suya. No es un simple error, es una acción deliberada para asegurar que un crimen quede, como dice el nombre, impune. Es, básicamente, jugar para el otro equipo. Como explican los expertos, puede ser desde “soplarle” a los narcos que les van a caer con un allanamiento para que se pelen, hasta filtrar información clave para que una investigación se vaya al traste.
Lo que hace este despiche aún más delicado es un detalle que mencionó el penalista Esteban Córdoba. A veces, esta “ayudita” se disfraza con un “acto con apariencia de legalidad”. O sea, no es solo pasar un papelito por debajo de la mesa. Es usar tu puesto, tu firma y un documento que parece totalmente legítimo para lograr un fin corrupto. Es torcer el sistema desde adentro, usando las propias herramientas de la ley para burlarla. Y que no se nos olvide la consecuencia: la ley es clarísima y no se anda con rodeos. Si lo encuentran culpable, al viceministro le esperaría una pena de tres a diez años de cárcel y, además, quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo. En otras palabras, es decirle adiós al brete público por un buen rato.
Al final, más allá de los términos legales, lo que queda es un sentimiento de frustración que cala hondo. Estamos hablando del viceministro de Seguridad, el segundo al mando de la institución que debería estar liderando la lucha frontal contra el narco, y ahora resulta que está siendo investigado precisamente por, supuestamente, haberle dado una manita a presuntos narcos. La ironía es tan grande que ni siquiera da risa. Es una de esas noticias que te golpea el orgullo nacional y te hace cuestionar todo.
Diay, maes, la pregunta del millón es: ¿cómo se supone que confiemos en el sistema cuando un viceministro de Seguridad tiene este nubarrón encima? ¿Creen que esto es un caso aislado o apenas la punta de un iceberg de corrupción más profundo? Los leo en los comentarios.
