Maes, vieran el sube y baja de emociones que nos acabamos de pegar en Cuesta de Moras. Por un momento, parecía que se alineaban los planetas. Con 40 votos a favor, los diputados le dieron el primer sí a una ley que, en papel, suena a música para los oídos (y los bolsillos) de medio país: la vara es bajarle el precio a los medicamentos. ¡Qué nivel de noticia! Uno ya se imaginaba dejando de hipotecar un riñón para comprar las pastillas de la presión. Pero, como en toda buena historia tica, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad… usualmente es porque viene con una sorpresa. Y la sorpresa llegó en forma de consulta a la Sala Constitucional.
Vamos por partes, para entender el despiche. La diputada del PUSC, María Marta Carballo, se mandó con este proyecto (el expediente 23.234) que busca meterle competencia a un mercado que, seamos honestos, a veces se siente como el Far West. Según los datos que manejan, los ticos nos gastamos casi la mitad del presupuesto de salud en medicinas, y el 80% de lo que hay en las farmacias no tiene competencia real. ¿El resultado? Pagamos precios hasta cuatro veces más caros que en países de la OCDE. ¡Qué sal! Es un chollón a vista y paciencia de todos, y es la razón por la que esta ley era tan esperada. La idea era simple: que nadie tenga que escoger entre comprar el gallo pinto o la pastilla para el corazón.
Y la verdad es que la propuesta suena a cachete. No es ninguna ocurrencia, es un brete que parece bien pensado y que ataca el problema por varios frentes. Por ejemplo, plantea un “Observatorio Nacional de Precios”, que en tico sería como un Waze para encontrar la farmacia más barata. ¡Imagínense qué chiva! Una app o una web donde usted pone el nombre del chunche que necesita y le dice dónde está a mejor precio. Se acabaría esa jugada de caminar de farmacia en farmacia a ver dónde le sale menos doloroso el clavo. Además, la ley impulsa la “importación paralela”, que es un término elegante para decir que se les acaba el monopolio a los de siempre y se podrán traer medicamentos originales de otros países donde son más baratos. También agilizaría el reconocimiento de registros sanitarios de agencias serias y prohibiría los contratos de exclusividad que amarran a las farmacias pequeñas. En resumen, una serie de medidas que suenan a pura lógica y justicia.
Pero entonces, ¿cuál fue la torta? Que justo después de la celebración por los 40 votos, 17 diputados del Partido Liberación Nacional y del Liberal Progresista firmaron y mandaron el proyecto a consulta a la Sala IV. La justificación oficial es asegurarse de que no tenga “roces de inconstitucionalidad”. La diputada Carballo, que lleva casi dos años en este trote, lo calificó de “lamentable” y básicamente dijo que es una excusa para retrasar la vara. Y diay, es difícil no ser cínico, ¿verdad? Después de que el proyecto pasó por todos los filtros técnicos y legales habidos y por haber, y con el apoyo de un montón de cámaras y hasta del Ministerio de Salud, esta movida de último minuto huele más a zancadilla política que a genuina preocupación jurídica.
Así que ahora estamos en ese limbo tan tico: dimos un paso gigante hacia adelante, pero quedamos varados en la burocracia. El plan, que era una luz de esperanza para miles de familias, ahora está en manos de los magistrados, y a saber cuánto tiempo se tomarán para darle el visto bueno o encontrarle algún pelo en la sopa. Es frustrante, porque el problema es de hoy, la gente necesita las medicinas hoy. Mientras unos juegan ajedrez político en la Asamblea, hay gente allá afuera haciendo números para ver si les alcanza para el tratamiento del mes. Ahora solo queda esperar el veredicto de la Sala y cruzar los dedos para que el plan no se vaya al traste por completo.
Ustedes qué creen, maes... ¿Esta consulta a la Sala IV es una movida responsable para pulir la ley y que salga blindada, o es una simple táctica de ciertos sectores para entrabar un proyecto que les podría afectar el negocio? ¿A quién beneficia realmente este atraso?
Vamos por partes, para entender el despiche. La diputada del PUSC, María Marta Carballo, se mandó con este proyecto (el expediente 23.234) que busca meterle competencia a un mercado que, seamos honestos, a veces se siente como el Far West. Según los datos que manejan, los ticos nos gastamos casi la mitad del presupuesto de salud en medicinas, y el 80% de lo que hay en las farmacias no tiene competencia real. ¿El resultado? Pagamos precios hasta cuatro veces más caros que en países de la OCDE. ¡Qué sal! Es un chollón a vista y paciencia de todos, y es la razón por la que esta ley era tan esperada. La idea era simple: que nadie tenga que escoger entre comprar el gallo pinto o la pastilla para el corazón.
Y la verdad es que la propuesta suena a cachete. No es ninguna ocurrencia, es un brete que parece bien pensado y que ataca el problema por varios frentes. Por ejemplo, plantea un “Observatorio Nacional de Precios”, que en tico sería como un Waze para encontrar la farmacia más barata. ¡Imagínense qué chiva! Una app o una web donde usted pone el nombre del chunche que necesita y le dice dónde está a mejor precio. Se acabaría esa jugada de caminar de farmacia en farmacia a ver dónde le sale menos doloroso el clavo. Además, la ley impulsa la “importación paralela”, que es un término elegante para decir que se les acaba el monopolio a los de siempre y se podrán traer medicamentos originales de otros países donde son más baratos. También agilizaría el reconocimiento de registros sanitarios de agencias serias y prohibiría los contratos de exclusividad que amarran a las farmacias pequeñas. En resumen, una serie de medidas que suenan a pura lógica y justicia.
Pero entonces, ¿cuál fue la torta? Que justo después de la celebración por los 40 votos, 17 diputados del Partido Liberación Nacional y del Liberal Progresista firmaron y mandaron el proyecto a consulta a la Sala IV. La justificación oficial es asegurarse de que no tenga “roces de inconstitucionalidad”. La diputada Carballo, que lleva casi dos años en este trote, lo calificó de “lamentable” y básicamente dijo que es una excusa para retrasar la vara. Y diay, es difícil no ser cínico, ¿verdad? Después de que el proyecto pasó por todos los filtros técnicos y legales habidos y por haber, y con el apoyo de un montón de cámaras y hasta del Ministerio de Salud, esta movida de último minuto huele más a zancadilla política que a genuina preocupación jurídica.
Así que ahora estamos en ese limbo tan tico: dimos un paso gigante hacia adelante, pero quedamos varados en la burocracia. El plan, que era una luz de esperanza para miles de familias, ahora está en manos de los magistrados, y a saber cuánto tiempo se tomarán para darle el visto bueno o encontrarle algún pelo en la sopa. Es frustrante, porque el problema es de hoy, la gente necesita las medicinas hoy. Mientras unos juegan ajedrez político en la Asamblea, hay gente allá afuera haciendo números para ver si les alcanza para el tratamiento del mes. Ahora solo queda esperar el veredicto de la Sala y cruzar los dedos para que el plan no se vaya al traste por completo.
Ustedes qué creen, maes... ¿Esta consulta a la Sala IV es una movida responsable para pulir la ley y que salga blindada, o es una simple táctica de ciertos sectores para entrabar un proyecto que les podría afectar el negocio? ¿A quién beneficia realmente este atraso?
